(EFE).- Los líderes regionales de la oposición conservadora española y el dirigente socialista crítico Emiliano García-Page iniciaron este lunes su anunciada catarata de recursos de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía al independentismo catalán, que continuará mañana martes, último día hábil para impugnar la norma.
La ley de amnistía, que fue aprobada por el Congreso español el pasado 30 de mayo con los votos de socialista e independentistas, pretende poner fin a las causas judiciales relacionadas con el ‘procés’ de independencia de Cataluña (nordeste de España) que se inició en 2012.
El Partido Popular (derecha), que ya interpuso un recurso contra la ley el jueves, lidera la estrategia conjunta a la que se han sumado esta semana las 11 regiones españolas gobernadas por este partido.
También Castilla-La Mancha, una comunidad del centro de España gobernada por García-Page, presentó este lunes un recurso en la misma línea, convirtiéndose en la única comunidad autónoma gobernada por los socialistas que dio este paso.
«Seguridad jurídica»
La presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se adelantó con el anuncio de acciones legales contra la ley de amnistía para defender «la igualdad de todos los españoles», «la seguridad jurídica» y «la división de poderes».
«Ni en el PP ni en la Comunidad de Madrid íbamos a quedarnos de brazos cruzados ante el mayor acto de corrupción política de la historia de nuestra democracia. Una ley escrita al dictado de los que trataron de dar un golpe de Estado en Cataluña», expresó Díaz Ayuso, conocida por sus encarnizadas críticas contra el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez.
El gobierno de Ayuso presentó también recusaciones a tres magistrados del Tribunal Constitucional, entre ellos su presidente, por, entre otras razones, «su pública y notoria vinculación con el PSOE, partido que presentó solo la amnistía, lo que les inhabilita para enjuiciar la constitucionalidad de esta ley».
«Los independentistas deben responder»
A Madrid le siguió el Gobierno conservador de Aragón, situado en el nordeste de España y fronterizo con Cataluña, que recurrió contra la norma al afectar a los intereses aragoneses derivados de las relaciones históricas, económicas, sociales y culturales que Aragón tiene con Cataluña, además de incidir en la unidad de España.
También Cantabria (norte) anunció un recurso contra la ley, que se suma al que ya presentó el Parlamento de esta Comunidad Autónoma el pasado viernes.
«Los independentistas deben responder de sus actos como cualquier otro ciudadano que comete una infracción penal», subrayó la presidenta del parlamento regional, María José González Revuelta.
El goteo siguió con Andalucía (sur) y está anunciado que a la lista se sumará la Comunidad Valenciana (este) y el resto de regiones gobernadas por el Partido Popular.
