(EFE).- La calidad de la democracia en España, según los expertos, se mantiene con una nota media de 6,4 sobre diez, igual que el año pasado, un dato «llamativo», señalan, en un momento en que la polarización ha crecido de manera significativa y hay un debate amplio sobre cuestiones centrales del modelo democrático.
Estas son algunas de las conclusiones del informe de la Fundación Alternativas (progresista) presentado en el Congreso este lunes sobre el estado de la democracia española en 2023, un año marcado por elecciones generales, autonómicas y municipales, y que lleva por título ‘La renuncia del centro’.
También destaca el informe que un 79 % de los expertos consultados es favorable a una reforma de la Constitución, en la que priorizarían la revisión de la organización territorial, la reforma del poder judicial y el blindaje de nuevos derechos sociales.
Como en los análisis anteriores de la institución, «las principales debilidades de la democracia española» son la corrupción, la falta de respeto que muestran los medios de comunicación, la dependencia económica del poder político, las interferencias internacionales sobre el país, la escasa accesibilidad de los representantes y «el difícil y desigual acceso al poder».
Destaca respecto de la corrupción que, un año más, repite como lo peor valorado y nunca ha llegado al aprobado. En este informe baja del 4,7 de la edición anterior -el más alto de la serie- al 4,6.
El papel de los medios se sitúa en el límite del aprobado y alcanza su peor valoración desde 2019, algo que los analistas argumentan que puede deberse a «las polémicas por la proliferación de pseudomedios y al clima de polarización».
Además, apuntan a otras cuestiones que deben mejorarse como la baja participación ciudadana,»la alineación de los medios de comunicación con determinadas posiciones partidistas», la dependencia de los partidos del poder económico y la escasa cooperación entre los distintos niveles de gobierno.
En cuanto a las principales fortalezas, los especialistas subrayan la limpieza de las elecciones y la libertad de voto, seguido por el respeto a las libertades religiosas, de partidos políticos y sindicatos aparte del «ajuste a la legalidad de los funcionarios y el cumplimiento de las obligaciones europeas».
De forma general, ponen en valor que la democracia española haya logrado garantizar un alto grado de libertades y derechos para la ciudadanía, «lo que es una muestra de su solidez como sistema político».
Aunque también subrayan que «no deben descuidarse» aspectos centrales de la sociedad del bienestar, entre ellos la atención a la salud y a la educación.
