Leticia Núñez (ALN).- Los próximos 13 y 14 de abril, Lima será la sede de la Cumbre de las Américas, cuyo lema es “gobernabilidad democrática frente a la corrupción”. El eslogan y el momento no podían ser más oportunos: todos los expresidentes peruanos están siendo investigados por el escándalo Lava Jato. Incluso el propio Pedro Pablo Kuczynski estuvo a punto de ser destituido por sus vínculos con Odebrecht. Ante este panorama, el investigador peruano Sinecio López afirma que el país necesita “una política anticorrupción definida por todos los poderes y por la sociedad civil y que sea respetada y aplicada por todos para combatir este flagelo”. Sugiere divulgar el nombre de todos los políticos y empresarios involucrados y sanciones drásticas contra todos los corruptos.
Ya lo planteó el Papa Francisco en su reciente visita a Perú. “¿Qué pasa en Perú que todos los presidentes acaban presos?”. Nadie se libra. El terremoto Odebrecht ha salpicado a los exmandatarios Alan García, Alejandro Toledo, Ollanta Humala (en prisión preventiva) e incluso a Pedro Pablo Kuczynski, quien en diciembre se libró in extremis de ser destituido por este caso. En este contexto, el país acogerá los próximos 13 y 14 de abril la Cumbre de las Américas, que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de los 35 países de América.
“Perú es un caso dramático”, sostiene Sinecio López, Doctor en Sociología en la Universidad de París, investigador y analista político peruano, en una entrevista con el diario ALnavío. En su opinión, sería deseable que “los Poderes del Estado, más allá de las tensiones y conflictos que los envuelven, organicen junto a la sociedad civil una vigorosa Comisión Nacional de lucha contra la corrupción que establezca una política nacional para combatir este flagelo”. Algo que Perú “hasta ahora no tiene”.
La Cumbre será, además, la primera del presidente estadounidense, Donald Trump, y sigue a la histórica de Panamá en 2015 en la que Cuba participó por primera vez. Y si por algo se está viendo marcado hasta ahora el foro es por la retirada de la invitación al mandatario venezolano, Nicolás Maduro. “Su presencia ya no es bienvenida”, dijo Kuczynski. No obstante, Maduro aseguró después que “llueva, truene o relampaguee” él asistirá a la cumbre. La polémica está servida.
– ¿Qué significa para Perú organizar la Cumbre de las Américas?
– Estrechar los lazos entre los países del continente América, superar asperezas si es posible cuando ellas existen y afirmar la democracia. Que estén presentes Donald Trump y Nicolás Maduro ya es en sí mismo una noticia. Habrá que ver si se encuentran o no. Además, una cita como estas da prestigio al Perú, lo hace más visible en el plano de las relaciones internacionales y atrae el turismo americano y mundial.
“El Perú debiera tener una política anticorrupción definida por todos los poderes y por la sociedad civil”
– El lema de “gobernabilidad democrática frente a la corrupción” y el momento, tras el terremoto Odebrecht, no podían ser más oportunos.
– El tema fue acordado antes del actual Gobierno, pero le cae como anillo al dedo al Ejecutivo del presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien está al borde de ser sacado por corrupción y por haber dado el indulto a Alberto Fujimori. Toda América Latina ha sido impactada por el caso Lava Jato de Brasil que ha tocado a casi todos los presidentes, ministros y altos funcionarios de Latinoamérica.
– Precisamente Perú es el primero que debe ponerse manos a la obra. Ya lo dijo el Papa Francisco, ¿qué pasa en Perú que todos los presidentes acaban presos o investigados por corrupción?
– El Perú es un caso dramático porque todos los presidentes están siendo investigados, uno está preso (Ollanta Humala) y otro está fugitivo (Alejandro Toledo). Se investigan los financiamientos de las campañas electorales de los principales candidatos que no han sido declarados a los organismos electorales, las puertas giratorias que permiten a los políticos pasar fácilmente de lo público a lo privado obteniendo grandes beneficios, sobornos de los empresarios a los políticos, sobrevaloración de las obras públicas para beneficiar a los empresarios y distribuir sobornos a los políticos, coimas disfrazadas de conferencias y consultorías otorgadas a los políticos por parte de las empresas que ganan licitaciones.
– ¿Hay más corrupción ahora o es que es más visible?
– Las dos cosas, hay más corrupción y es más visible, pero es menor que en la época de Fujimori (1990-2000), en la que no hubo controles como sucede en todas las dictaduras. La década del largo boom exportador (2004-2014) generó muchos recursos a los países, a los empresarios y al Estado y también a la gente, todo lo cual facilitó la corrupción, pero al mismo tiempo la hizo invisible porque a todos les fue bien de alguna manera. Los escándalos de corrupción revientan cuando se acaba el boom, se produce el estancamiento, los recursos fiscales disminuyen, baja el empleo y también los ingresos de la gente.
– Y los ciudadanos, ¿son menos tolerantes con la corrupción? ¿Se puede decir que empiezan a despertar?
– Con el estancamiento y la disminución del bienestar general, la conciencia de la gente se despierta y ya no tolera más la corrupción. El más pequeño acto de corrupción le parece intolerable. En algunos países de América Latina ya se han producido grandes movimientos de protesta contra la corrupción. En el Perú este fenómeno ha comenzado recientemente contra todos los políticos corruptos. Ya comienza a escucharse el grito ¡que se vayan todos!
– ¿Cree que en ese despertar han influido los medios de comunicación y las redes sociales?
– Sobre todo, las redes sociales, en donde existe total libertad de expresión, aunque mezclada con calumnias e intolerancias. El papel de los medios ha sido ambiguo. Algunos son muy combativos contra todos los corruptos, otros combaten a unos y protegen a los que son de su simpatía o ideología. En los últimos meses hay, sin embargo, un cierto alineamiento de todos los medios en la lucha contra todos los políticos, los empresarios y los funcionarios corruptos.
– ¿Ha puesto Odebrecht el país patas arriba?
– Sobre todo, Odebrecht es la empresa que más ha corrompido a políticos, empresarios y funcionarios, pero hay otras grandes empresas brasileñas (OAS, Camargo Correa, etc) que han incidido también en la corrupción, pero que todavía no han sido investigadas. El mismo Marcelo Odebrecht ha declarado que su empresa ha financiado electoralmente a todos los principales candidatos a la Presidencia en todos los procesos electorales y que los montos concretos los conoce Jorge Barata [exdirector ejecutivo de Odebrecht en Perú entre 2011 y 2016].
El mismo Odebrecht ha dicho que si hay ilegalidades también las sabe Barata. Este ha aceptado ser colaborador eficaz y declarará todo lo que sabe el 27 y 28 de este mes. Todos los políticos tiemblan y pueden acabar en la cárcel con la declaración de Barata. La política peruana puede ser diferente después de las declaraciones de Barata.
– ¿Qué debería hacer Perú para combatir la corrupción?
– El Perú debiera tener una política anticorrupción definida por todos los poderes y por la sociedad civil y que sea respetada y aplicada por todos, pero hasta ahora no la tiene. Ahora cada poder del Estado desarrolla su propia política anticorrupción en una especie de compartimientos estancos.
“Muchos políticos quieren acabar con la democracia en nombre de la lucha contra la corrupción”
– ¿En qué consiste una política nacional de tratamiento de corrupción del Lava Jato?
– Sugiero algunos objetivos de esa política: información y divulgación de todos los políticos y empresarios involucrados en la corrupción, sanciones drásticas a todos los corruptos, acuerdo de pago de una reparación civil de las empresas extranjeras y nacionales implicadas, evitar daños colaterales a terceros (trabajadores de las empresas implicadas) que no tienen nada que ver con la corrupción e invitación a todas las empresas a participar en una política de colaboración eficaz.
Claudia Cooper, la ministra de Economía, tiene cierta claridad sobre lo que hay que hacer en el caso Lava Jato: “Tenemos que trabajar ese equilibrio entre sancionar a las personas culpables y que las empresas paguen una reparación civil. Pero también tenemos que hacer viables a las empresas”.
Sería deseable que los Poderes del Estado, más allá de las tensiones y conflictos que los envuelven, y la sociedad civil organizaran una vigorosa Comisión Nacional de lucha contra la corrupción que fuera capaz de establecer una política nacional para combatir este flagelo. El Gobierno ha presentado una propuesta que corrige el Decreto de Urgencia 003 que no ayudó en nada a la lucha contra la corrupción y que paralizó más bien a la economía y perjudicó a los trabajadores y empresas que no tenían que ver nada con la corrupción.
– ¿Por dónde empezar ante un panorama tan desolador?
– Debiera comenzar definiendo una política de colaboración eficaz que ha jugado un papel muy importante en Brasil. Algunos fiscales y jueces se han puesto de acuerdo para que Barata sea un colaborador eficaz, pero el Ejecutivo y el Legislativo parecen empeñados en evitar que cante todo lo que sabe sobre la corrupción en el Perú. El Ejecutivo ha tomado un conjunto de medidas contradictorias (D.U. 003, embargo de bienes y cuentas bancarias de Barata, expropiaciones de empresas de Odrebecht, sanciones a la empresa que colabora…) que, independientemente de sus aparentes buenas intenciones, pueden bloquear la colaboración eficaz.
A esto se añade la exigencia de la Procuraduría del pago de más de 1.000 millones de dólares de reparación civil por daños y prejuicios referidos a tres proyectos (Gasoducto Sur Peruano, Interoceánica Sur Tramos 2 y 3, carretera Chacas-Ancash), que el abogado de Barata ha calificado de exorbitante. Aún no se sabe a cuánto ascenderá el monto total de reparación civil porque falta calcular los daños y perjuicios de otros proyectos (Tren Eléctrico, Vía de Evitamiento del Cusco y el tramo del Callao de Costa Verde).
“Al Congreso le interesa blindar a Keiko Fujimori y Alan García, los casos más graves de corrupción”
El procurador alega que una cosa es la colaboración eficaz (de las personas) y otra cosa es la reparación civil (de las empresas), pero no toma en cuenta que ambas están estrechamente relacionadas. Una política de colaboración eficaz y de lucha contra la corrupción tiene que tomar en cuenta este dato fundamental. El problema de fondo es que no existe una política nacional de lucha contra la corrupción en general y del Lava Jato en particular.
Al Congreso le interesa blindar a Keiko Fujimori y Alan García, los casos más graves de corrupción, y embarrar hasta el cuello a los enemigos y adversarios de todas las corrientes ideológicas. Basta examinar las actividades de la Comisión de Lava Jato, el listado de los políticos investigados, el tratamiento diferencial con sus líderes cuando han sido llamados, las horas dedicadas a “investigar” a sus adversarios. Esa Comisión, que muchos llaman con razón Lava Keiko y Lava García, ha perdido todo respeto y toda legitimidad.
– ¿Todavía hay políticos en Perú en los que se pueda confiar?
– Las nuevas generaciones de políticos que todavía no aparecen con fuerza tienen las manos limpias y están luchando contra los políticos corruptos. Espero que estén surgiendo con más fuerza a medida que el escándalo crece.
– ¿Qué país acude con una gobernabilidad más sólida, más afianzado democráticamente, y cuál en peor situación?
– El que tiene una mayor gobernabilidad democrática es, sin duda, Chile. Y los que están peor son Honduras y otros países centroamericanos y el Perú.
“El país de América Latina que tiene una mayor gobernabilidad democrática es, sin duda, Chile”
– ¿Hasta qué punto la corrupción lastra el desarrollo democrático de un país?
– La corrupción desprestigia a los políticos y a los empresarios, les quita legitimidad a los gobernantes, bloquea su capacidad y su eficacia gubernativa y genera inestabilidad política.
– Entonces, con tanta corrupción, ¿es Perú menos democrático?
– En la medida que la corrupción desprestigia a los gobiernos democráticos y les quita legitimidad, la democracia pierde apoyo y deja de ser vista como la mejor forma de gobierno. Muchos políticos quieren acabar con la democracia en nombre de la lucha contra la corrupción.
