Caleb Zuleta .- El estallido social en Chile se gestó “durante décadas. Su irrupción tuvo características volcánicas, en el sentido de que es el resultado de una acumulación de tensiones socioeconómicas y políticas a lo largo del tiempo. En este caso, la suba del precio de los pasajes de metro, junto con el mal manejo inicial del gobierno, contribuyeron a desencadenar la crisis, pero esta comenzó a gestarse lentamente desde mucho antes”. ¿Por qué?
Cuatro factores pueden explicar el estallido social en Chile. Cuatro son relevantes. Son cuatro los que enumera Rossana Castiglioni. Ella es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Notre Dame y profesora asociada de la Universidad Diego Portales (UDP), ubicada en Santiago de Chile. Los cuatro factores son:
Primero, “la expansión de sectores de ingresos medios precarizados”.
Segundo, “una brecha creciente entre expectativas y logros”.
Tercero, “un marcado proceso de politización de las desigualdades”.
Cuarto, “una arquitectura constitucional rígida e incapaz de procesar institucionalmente las demandas ciudadanas”.
Escribe la especialista en la revista Nueva Sociedad que “desde la transición democrática Chile ha sido capaz de reducir la pobreza marcada y sostenidamente. Esta reducción dio origen a la emergencia de sectores de ingresos medios altamente precarizados”.
El estallido en Chile es por la desconexión de los partidos, el liderazgo, el Estado y las universidades con la sociedad
Puntualiza que de acuerdo con la Encuesta Suplementaria de Ingresos del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile,
“50% de las personas ocupadas del país gana menos de 400.000 pesos (unos 540 dólares).
El sueldo promedio per cápita en Chile asciende a 573.964 pesos (alrededor de 770 dólares).
La pensión promedio para los hombres chilenos asciende a 320.000 pesos (432 dólares) y para las mujeres a 192.000 pesos (260 dólares).
Tan sólo 1,7% de los chilenos gana más de tres millones de pesos (algo más de 4.000 dólares).
Todos los quintiles de ingresos en Chile gastan más de lo que ganan, a excepción del quintil superior”.
Señala que “estas capas medias precarizadas tienen muy poco acceso a los beneficios sociales, pues buena parte de estos se basan en mecanismos focalizados y de comprobación de medios dirigidos a los más pobres. El costo de los servicios sociales es elevado en el país, y la calidad y oportunidad de los servicios y la atención varían según capacidad de pago, lo que genera fuertes desigualdades”.
Afirma que “esta clase media precarizada acumula una enorme frustración fundamentalmente en torno de las desigualdades en el acceso, la calidad y la suficiencia de la salud, las pensiones, la educación y el empleo. A esto deben sumarse otras inequidades, vinculadas a categorías socioestructurales, como la clase, el género y la etnia, y fuertes desigualdades regionales y subnacionales. La visión relativamente extendida dentro de la clase política y las élites económicas respecto de la existencia de un «milagro chileno» o, como sostuvo el presidente (Sebastián Piñera), de que Chile puede considerarse un «oasis», contrasta fuertemente con las percepciones de muchos ciudadanos y ciudadanas. El mensaje de las bondades del «modelo chileno», de un país que crece de manera sostenida, que ofrece oportunidades para quienes las saben aprovechar, en el que el «milagro» llenaría de bendiciones a todos y todas, generó expectativas crecientes que no se han podido cumplir”.
Y aquí apunta una paradoja: “La reducción de la pobreza y la ampliación masiva de la matrícula universitaria, producto del acceso a créditos avalados por el Estado introducidos por el presidente Ricardo Lagos en 2005, contribuyeron a que estas expectativas crecieran aún más”.
Explica que “la realidad mostró que muchos de esos estudiantes de primera generación tenían enormes dificultades para avanzar en sus carreras y concluir sus estudios, ingresar a universidades de buen nivel, conseguir empleos de calidad una vez concluidos sus estudios y hacer frente a las deudas producto de los créditos contraídos para estudiar”.
Argumenta que “parte de la bibliografía clásica sobre conflictividad enfatiza que las brechas entre las expectativas y la realidad suelen estar detrás de los conflictos sociales e incluso de las revoluciones”. Agrega que “cuando la distancia entre la expectativa y la realidad se acrecienta marcadamente, esto puede dar lugar a lo que (James) Davies llama una brecha intolerable que puede conducir a estallidos sociales violentos”.
Dice que a pesar de que la sociedad ha experimentado un “proceso de politización de las desigualdades”, el mismo “no ha sido capaz de sortear una institucionalidad rígida, consagrada en la Constitución de 1980, que fue diseñada por el gobierno de (Augusto) Pinochet precisamente para resguardar la estructura institucional vigente y el modelo de desarrollo socioeconómico”.
¿Quién puede explicar por qué en Chile los políticos y los partidos no conectan con la gente?
Así, afirma, que “varios mecanismos institucionales dificultan el procesamiento y la adopción de las transformaciones que demanda la ciudadanía organizada. Si bien la Constitución experimentó algunos ajustes, los ejes centrales se mantuvieron. A las reglas allí consagradas se suman otras, tanto formales como informales, que refuerzan la permanencia del statu quo. Por ejemplo, el legado de un sistema electoral que, durante años, subrrepresentó a las fuerzas minoritarias y sobrerrepresentó a las mayoritarias; el cuoteo político de acuerdo con la afiliación partidaria, y la autonomía de algunas instituciones vinculadas con las políticas económicas dificultan la adopción de los cambios estructurales que la sociedad civil movilizada demanda”.
Asegura que “todas estas señales apuntaban a una ciudadanía cada vez más descontenta y distanciada de sus autoridades, convencida de que el uso de los canales institucionales de presión no surtía efecto”.
Y coincide con otros expertos en que “la otra cara de la moneda fue una clase política desconectada de la sociedad, que no supo o no quiso leer el descontento acumulado”.
Entonces puntualiza que “el estallido social que hoy afecta a Chile se gestó, por tanto, durante décadas. Su irrupción tuvo características volcánicas, en el sentido de que es el resultado de una acumulación de tensiones socioeconómicas y políticas a lo largo del tiempo. En este caso, la suba del precio de los pasajes de metro, junto con el mal manejo inicial del gobierno, contribuyeron a desencadenar la crisis, pero esta comenzó a gestarse lentamente desde mucho antes y pudo haber estallado en otro momento también, pues, como se lee habitualmente en grafitis y carteles de manifestantes, «no fueron 30 pesos, fueron 30 años».
