Pedro Benítez (ALN).- La crisis energética iniciada oficialmente en Venezuela en noviembre de 2009 nunca ha sido superada. Hoy es parte de las condiciones de vida cada vez más difíciles de los venezolanos, de las dificultades para un golpeado aparato productivo, pero también la consecuencia del caos, la incompetencia administrativa, las disputas por el poder y la corrupción que han caracterizado al régimen chavista.
En las últimas semanas las caídas del servicio eléctrico en Venezuela se han hecho más comunes y extendidas. No es una situación nueva, esta crisis data de 2009-2010, pero el agravamiento reciente es otro síntoma de la imparable espiral descendente en que ha caído el país. Por años el gobierno de Hugo Chávez se las arregló para evitar (por cuestiones políticas) que Caracas fuera afectada por una situación que agobiaba a regiones enteras del interior de la república.
Prometió resolver una situación creada por los gestores que él mismo designó y por la política que impulsó en el área. Según estimaciones de expertos en la materia, al sector eléctrico se le han asignado en la era chavista más de 60.000 millones de dólares, pero hoy la situación es peor que en 2009, cuando Chávez promulgó un decreto de emergencia eléctrica.
En los últimos días han ocurrido caídas en el servicio eléctrico en el Distrito Capital (Caracas) y los estados Carabobo, Anzoátegui, Bolívar, Miranda, Táchira y Nueva Esparta (centro, norte, sur, oriente y occidente del país).
Al sector eléctrico se le han asignado en la era chavista más de 60.000 millones de dólares, pero hoy la situación es peor que en 2009
La semana pasada por dos días consecutivos los habitantes de sectores completos de la ciudad de Caracas -como Artigas, La Silsa, la avenida Morán, La Quebradita, San Martín, El Paraíso, la avenida Baralt, Catia, 23 de Enero, Vista Alegre, Montalbán, La Vega, La Pastora, Casalta, Santa Eduvigis, Sebucán, La Castellana, Los Palos Grandes, Colinas de Bello Monte, Los Cortijos, Los Dos Caminos, Los Caobos, Los Ruices, Alta Florida y El Rosal- padecieron largas horas sin energía eléctrica.
Estos cortes no programados (que en Venezuela se conocen popularmente como apagones) afectan a la vez el servicio del Metro de Caracas, agravando todavía más los problemas de un transporte público que se ha ido paralizando por falta de repuestos.
Las crecientes dificultades del venezolano de a pie parecen no tener fin. Sin embargo, la respuesta oficial en palabras del ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta Domínguez, es atribuir la situación a “actos de sabotaje”. Esto, pese a que (según las propias disposiciones oficiales) desde hace años toda la red está bajo estricta vigilancia militar.
No obstante, esta ha sido la excusa recurrente de los cinco ministros que han pasado por ese despacho desde que fue creado en 2009.
El Gobierno atribuye la situación a “actos de sabotaje”, pese a que desde hace años toda la red eléctrica está bajo estricta vigilancia militar
Pero la realidad es otra. Venezuela en 1998 disponía de la red de transmisión y distribución de energía eléctrica más completa de toda Latinoamérica. Por supuesto contaba con grandes ventajas naturales y un ingreso petrolero que permitió desarrollar en la segunda mitad del siglo XX una serie de centrales hidroeléctricas en la parte baja del río Caroní (en la región de Guayana, al sur del río Orinoco), que junto con una importante planta termoeléctrica en el centro del país, complementada con inversiones privadas, le permitió al país incluso exportar electricidad al norte de Brasil.
Sin embargo, con una idea refundacional como obsesión desde la llegada al poder en enero de 1999, y alentado por el exministro de Planificación, Jorge Giordani, el expresidente Hugo Chávez procedió al desmantelamiento del aparato profesional y administrativo del Estado venezolano. Posteriormente, en 2007, como parte del proyecto de construir el socialismo, nacionalizaría La Electricidad de Caracas, una de las empresas privadas más emblemáticas del país, que le prestaba ese servicio a la capital.
Como consecuencia el país empezó a padecer un enorme retraso en el desarrollo de la infraestructura que se hizo muy notorio en el servicio de electricidad. Ya en 2003 conocedores del tema advirtieron que se avecinaba una crisis en el sector, pero el Gobierno sólo reaccionó cuando una severa sequía en 2009 ocasionó un marcado déficit en la generación.
Uno de los argumentos del Gobierno entonces fue responsabilizar a “sectores pudientes de la población” por derrochar electricidad.
Así nació el decreto de emergencia eléctrica de 2009 que, como otras decisiones del expresidente, termino siendo un remedio peor que la enfermedad.
Asesorado por Fidel Castro, en los primeros meses de 2010, el Alto Gobierno (es decir, Chávez) trazó una estrategia para enfrentar la crisis eléctrica nacional: Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) debía adquirir todas las plantas de generación termoeléctricas disponibles en el mercado internacional.
No obstante lo anterior, se creó el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica con el fin de atender la emergencia, eximiendo de esa responsabilidad al Ministerio de Energía y Petróleo, que según la ley del sector vigente (aprobada también por el gobierno de Chávez) debió haber garantizado las inversiones públicas y privadas en el sector, lo que evidentemente no se había hecho. El ministro responsable fue el hoy defenestrado y perseguido Rafael Ramírez.
Electricidad, petróleo y corrupción
Otro detalle muy importante en esta historia es que ese decreto de emergencia permitía la contratación de obras y las compras de equipos sin licitación.
Se proponía así incrementar la capacidad termoeléctrica del país en unos 4.000 megavatios adicionales, lo que hacía necesario aumentar la disponibilidad para el consumo interno nacional en algo más de 210.000 barriles de petróleo por día, equivalentes en fueloil, diésel y gas. Barriles que serían destinados exclusivamente al funcionamiento de las plantas eléctricas, y que se producían en Venezuela, se dejarían de exportar.
Los conocedores del tema cuestionaron la viabilidad de ese plan. Se dijo que el problema central no estaba en la generación (la sequía era transitoria), sino en el deplorable estado de la red de transmisión y distribución. Pero el Ejecutivo, decidido a resolver la crisis ese mismo año, actuó como creyéndose su propio discurso: la culpa la tenían los gobiernos anteriores por haber desarrollado el potencial hidroeléctrico del Alto Caroní.
Otro detalle muy importante en esta historia es que ese decreto de emergencia permitía la contratación de obras y las compras de equipos sin licitación
Un planteamiento absurdo puesto que gracias al caudal de varios de sus ríos Venezuela tiene una capacidad casi ilimitada para generar energía hidroeléctrica.
No obstante, las inversiones se le impusieron a PDVSA por un monto estimado en aproximadamente 10.000 millones de dólares a ejecutar en 2010, y la mayoría de las adquisiciones se triangularían por Cuba.
Así fue como Chávez, asesorado por Fidel Castro, aplicó una estrategia que no tenía nada que ver con la realidad de Venezuela, a lo que se sumaron los problemas de coordinación y luchas de poder que caracterizan al chavismo.
Por ejemplo, en 2010 era conocido que había que sustituir los transformadores causantes del ‘megaapagón’ que había dejado sin servicio eléctrico por horas a cincos estados del occidente y a Maracaibo, la segunda ciudad del país.
¿Por qué no se hizo? Una versión afirmaba que PDVSA no había otorgado los recursos en el tiempo y en las cantidades requeridas al nuevo Ministerio de Electricidad, como parte de la lucha de poder entre Rafael Ramírez y Alí Rodríguez (ministro del área). Un hecho curioso si se tiene en cuenta que el Ministerio de Electricidad se creó para salvar la responsabilidad de Ramírez como encargado directo del sector desde 2004.
Los responsables directos de la crisis eléctrica venezolana son figuras emblemáticas del régimen chavista: Rafael Ramírez, Alí Rodríguez, Jorge Giordani y el propio Hugo Chávez
Curioso, pero creíble, pues la táctica de poder de Chávez, que consistía en el “divide y reinarás”, creó un caos de gestión en el sector, donde distintos grupos pugnaban unos contra otros; el grupo de PDVSA contra el de Alí Rodríguez. El de las estatales empresas eléctricas Cadafe y La Electricidad de Caracas entre sí. Por su parte los sindicatos presionaban por radicalizar el proceso revolucionario, aunque nunca quedó claro de qué serviría eso.
Centralizar todas las empresas eléctricas en una sola llamada Corpoelec en 2007 (otra decisión de Chávez) fue meter todos los gatos en el mismo saco.
Por otro lado, la crisis del sector eléctrico iniciada por falta de planificación se convirtió en una oportunidad para comprar con sobreprecios plantas eléctricas, que fue el criterio prioritario al momento de abordar la crisis. No se realizaron las inversiones necesarias en transmisión y distribución (origen del problema) sino en generación (donde estaba el negocio).
Varios trabajos periodísticos han documentado y denunciado el irregular enriquecimiento de contratistas que se sumaron así a la ‘boliburguesía’ surgida con el chavismo.
Paradójicamente el servicio eléctrico en Venezuela es mucho peor hoy que cuando no existía el Ministerio para la Energía Eléctrica.
Pero hay un detalle adicional: Esta situación es uno de los factores que están provocando la caída de la producción petrolera venezolana, clave para el sostenimiento de Nicolás Maduro en el poder. La serpiente se muerde la cola.
