Zenaida Amador (ALN).- La crisis de la economía venezolana entró en una nueva etapa donde la precariedad es la que hace posible sostener en mínimos operativos a sectores fundamentales como el petrolero y el eléctrico, mientras se acentúan las distorsiones que aniquilan la capacidad de compra de la mayoría de los venezolanos y van arrasando con lo que todavía queda en pie del aparato productivo. Es un efecto constrictor que se acentúa sin que se vislumbren en lo inmediato salidas al conflicto político.
En los últimos cinco años la crisis ha sido una constante en Venezuela, especialmente en materia económica. Entre 2013 y 2018 el tamaño de la economía se redujo a la mitad, la prevalencia de la subalimentación pasó de 6,4% en 2012-2014 a 21,2% en 2016-2018 (FAO) y debido a la situación al menos unos 800.000 venezolanos emigraron del país (Encuesta Condiciones de Vida del Venezolano).
Esa misma crisis, que sigue profundizándose a la sombra de la inestabilidad política y del desmantelamiento institucional del país, ha entrado en una nueva fase demoledora, donde la recesión pareciera ser el único factor que permite garantizar un escueto suministro eléctrico al país y operaciones reducidas en la industria petrolera. Pero este ciclo sólo profundiza las distorsiones existentes y termina, como el perro que se muerde la cola, agravando la crisis existente.
Energía limitada
La demanda eléctrica nacional se estima en alrededor de 15.000 megavatios debido a la contracción económica y la diáspora, entre otros factores. Aun así, el sistema eléctrico nacional en su mejor estándar provee unos 14.000 megavatios, de los cuales 3.200 son de generación térmica y el resto provienen de la hidroelectricidad, a pesar de tener una capacidad instalada que debería proveer más de 34.000 megavatios.
Es decir, que en medio de la precariedad actual el sistema apenas puede atender las necesidades del país y carece de margen de maniobra a la hora de cualquier incidente, y mucho menos de producirse un repunte en la demanda. De allí el régimen de racionamiento eléctrico que se aplica desde el 1 de abril y las frecuentes interrupciones y fallas que se presentan a diario en todo el territorio, incluyendo Caracas.!["La]("/fotos/editor/19259/2-ZA-INTERIOR-1-gasolina-wikimediacommons.jpg")
Lo mismo sucede en la industria petrolera, cuya producción ronda los 800.000 barriles diarios. Ante la falta de recursos para hacer mantenimiento y las inversiones mínimas requeridas para garantizar la operatividad, en la industria petrolera se han aprovechado los bajos niveles de producción para recurrir a la “canibalización” de equipos y unidades como vía para sostener actividades, con los riesgos y la agudización del deterioro que esta medida implica.
Pero la limitada producción ha generado escasez de gasolina, algo que las autoridades han tratado de bandear haciendo importaciones puntuales y evadiendo las sanciones internacionales, según datos de la Federación Unitaria de Trabajadores del Petróleo de Venezuela. Como parte de esta estrategia, recientemente ingresaron 250.000 barriles de gasolina de Rusia fruto de un canje que se hizo por petróleo.
Estas operaciones, el racionamiento de combustible -particularmente en el interior del país- y el efecto de la recesión han mitigado las consecuencias de la poca oferta de gasolina, ya que cerca de 43% del parque automotor se encuentra paralizado, según la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores, bien sea por falta de repuestos, por la incapacidad de sus dueños para costear las reparaciones requeridas o por efecto mismo de la migración masiva de venezolanos.
Menos producción
Sin embargo, la precariedad en el suministro de gasolina y de electricidad impacta a su vez sobre la maltratada actividad productiva y ralentiza sus procesos, lo que agrava la crisis económica. La Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela estima que estas fallas han agravado los problemas para distribuir las limitadas cosechas desde los centros de producción hasta los centros de consumo, lo que complica todavía más el panorama de un sector que no logra atender ni el 20% de la demanda de alimentos de la población.
La merma en la producción es abismal. En rubros como el maíz sólo se está sembrando en 10% de las 600.000 hectáreas que antes se destinaban a este rubro, en lo que influyen otros factores que van desde la ausencia de fertilizantes hasta la falta de crédito para respaldar la actividad.
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Maduro recurre a la “canibalización” de equipos para surtir de gasolina y electricidad a Venezuela
Esta caída impacta a su vez en la agroindustria, que depende en buena medida de materias primas importadas para operar. No hay que perder de vista que desde 2013 el sector manufacturero en general se ha contraído en cerca de 80% y que factores como el precario servicio eléctrico le afectan de forma directa.
Durante dos décadas el chavismo aplicó un férreo control de cambio y de precios que asfixió al sector industrial, obligándolo en muchos casos a producir a pérdida, lo que condujo a la desaparición de diversos rubros de los anaqueles. Ahora, cuando el colapso económico es inocultable, el régimen de Nicolás Maduro decidió flexibilizar los controles para tratar de mitigar la situación y estimular que los empresarios hagan las importaciones requeridas para sostener unos niveles mínimos de producción.
Camino sinuoso
La flexibilización llegó tarde y en medio de una crisis sin precedentes, donde las distorsiones económicas marcan la pauta. De hecho, la modificación de la política cambiaria ha permitido cierta movilidad en el mercado, que es atendido por importaciones puntuales que hacen algunas industrias para mantener operativas sus líneas de producción o por otros comerciantes emergentes que han visto la oportunidad de traer productos terminados para atender la demanda de segmentos altos de la población.
Aunque el dólar ya supera los 9.000 bolívares, sigue siendo un producto relativamente barato y, en consecuencia, hace que los productos importados también lo sean con respecto a los productos nacionales, que arrastran con el lastre de la hiperinflación.!["Cerca]("/fotos/editor/19259/3-ZA-INTERIOR-2-dollars-and-euros-eedpix.jpg")
La moneda local se aprecia ante el constante aumento de los precios mientras la variación del dólar se mueve más lentamente. De junio de 2018 a junio de 2019 la inflación fue de 131.606%, mientras el tipo de cambio varió 23.411%, según cálculos de Aristimuño Herrera & Asociados. La sobrevaluación genera así distorsiones que, a la larga, golpean al sector productivo y al grueso de la población.
El fenómeno ha hecho que en el mercado reaparezcan productos que por años habían estado desaparecidos. En el caso de los manufacturados localmente, que ahora se venden sin control de las autoridades, los precios requeridos para cubrir los costos de producción se alejan por mucho del poder de compra de la población.
Se estima que en la actualidad cerca de 30% de los venezolanos percibe alguna entrada en divisas distintas del bolívar, ya sea vía remesas o porque perciben pagos en dólares, lo que les da algún margen de maniobra, aunque siguen con una capacidad adquisitiva restringida. Sólo un 10% de la población tiene altos ingresos.
En general el consumo se contrajo 50% en los últimos cinco años y se ha ido concentrando en comida. La Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios estima que antes el consumidor compraba en esos establecimientos una media de 16 productos, pero en la actualidad sólo lleva cuatro en promedio, especialmente alimentos.
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¿Maduro da un giro neoliberal a la política económica?
Ahora se acumula mercancía en los anaqueles que no rota por el bajo poder de compra, razón por la que varias agroindustrias han paralizado temporalmente la producción a la espera de “salir” de los inventarios, elemento que se añade a los factores que agravan la recesión y la crisis.
Desde octubre de 2017 Venezuela sufre el rigor de la hiperinflación y sólo en 2018 experimentó una tasa de 130.060%. Las autoridades aplicaron en 2019 fuertes políticas restrictivas del crédito para tratar de contener la demanda de dólares, que han sido clave en la desaceleración del ritmo inflacionario, razón por la cual las tasas mensuales están cerca de 30% y el año pasado llegaban a 100%, pero con ello no se ha logrado una recuperación del poder de compra de la población y, por el contrario, sólo ha acentuado la parálisis de la actividad productiva y el desempleo.
