Rafael Alba (ALN).- El ministro de Cultura, José Guirao, busca una fórmula para intervenir la Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE) sin tomar partido en la batalla entre las discográficas, los grupos de medios y las televisiones. Los grupos de las televisiones privadas se resisten a ceder el control a una figura independiente de consenso para superar las divisiones actuales.
La paz y la tranquilidad habituales en las festividades navideñas no han servido en estos días para rebajar las turbulencias ni mejorar el clima de tensión que se respira desde hace unos cuantos años ya en las dependencias del Palacio de Longoria. Ese augusto edificio modernista, obra de José Grasés, ubicado en la madrileña calle de Fernando VI, donde, desde tiempos inmemoriales, tiene su sede la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Por si el ajetreo también tradicional en estos días les ha hecho perder la pista del asunto, vamos a refrescarles un poco la memoria. El pasado 27 de diciembre, la flamante junta directiva de la sociedad de gestión, presidida por el controvertido José Ángel Hevia, se enfrentaba a un reto que parecía decisivo para la supervivencia de la institución, sólo un mes después de la celebración de unas polémicas elecciones en las que, sorprendentemente, Teddy Bautista, el candidato favorito, había quedado fuera de juego. Ahora se trataba de que al menos dos tercios de los socios con derecho a voto aprobaran unos nuevos estatutos que cumplieran las disposiciones europeas sobre el sector y evitarán que el Ministerio de Cultura llevara a cabo su amenaza latente de intervenir la sociedad.
La paz y la tranquilidad habituales en las festividades navideñas no han servido en estos días para rebajar las turbulencias ni mejorar el clima de tensión que se respira desde hace unos cuantos años ya en las dependencias de la Sociedad General de Autores y Editores
Pero Hevia y su equipo, en el que ha adquirido un gran protagonismo el tecladista Teo Cardalda, emblemático músico gallego que militó en Golpes Bajos y Cómplices, dos bandas fundamentales del pop de los 80, no consiguieron lo que querían. Su opción resultó ganadora con un 58% de los votos, cifra que quedó bastante lejos del 66% necesario. Y, además, la Asamblea rechazó los últimos repartos de derechos efectuados, en los que los participantes en el negocio de la música nocturna acaparaban más del 40% de la recaudación. Más del doble del 20% que prevé la nueva Ley de la Propiedad Intelectual, que está a punto de aprobarse. Con estos resultados, la crisis parece haberse trasladado al Ministerio de Cultura, cuyo responsable actual, José Guirao, no va a tener más remedio que iniciar el proceso judicial de intervención de la SGAE. Por lo menos, si quiere ser coherente con sus declaraciones del pasado verano, en las que amenazó con hacerlo si no se aprobaban unos nuevos estatutos. Justo lo que acaba de suceder.
Sin embargo, es probable que en este momento Guirao se haya empezado a arrepentir de aquellas declaraciones tan contundentes. Cuando las hizo, el Gobierno del que forma parte, presidido por el líder socialista, Pedro Sánchez, acababa de llegar al poder. Y lo hacía en unas condiciones bastante precarias, con un apoyo parlamentario escaso e insuficiente para casi todo, pero subido en la ola de optimismo que provocó el triunfo del PSOE en una sorprendente moción de censura que sirvió para forzar la salida del Palacio de La Moncloa de Mariano Rajoy, y dejar fuera de juego a su partido, el PP, que pagaba por fin así la factura de la lista interminable de casos de corrupción, destapada por los medios y refrendada por la justicia, que había afectado de lleno a algunas de las principales figuras de la formación política conservadora. Guirao habló en un momento en que los ministros recién nombrados podían mirar al futuro con un cierto optimismo. Justo lo contrario de lo que sucede ahora, cuando el desastroso resultado de su partido en las elecciones andaluzas ha cambiado por completo el panorama político.
Riesgo para el PSOE
Ya saben que, en este momento, la continuidad del actual Ejecutivo pende de un hilo. Sánchez necesita desesperadamente que los partidos independentistas voten a favor de su proyecto de Presupuestos de Estado, para ganar tiempo y resistir al menos un año más en el Gobierno antes de convocar unas elecciones generales, en las que la posibilidad de que la derecha vuelva a tomar el poder gana peso por momentos. Y en ello está, a pesar de que si lo consigue, tal vez reciba un regalo envenenado porque esa connivencia con los partidos secesionistas puede tener graves consecuencias para el PSOE en los comicios municipales, autonómicos y europeos que tienen que celebrarse obligatoriamente el próximo mes de mayo y sobre los que pesa la espada de Damocles de una posible repetición en otras regiones del pacto andaluz entre PP y Ciudadanos, reforzado por el apoyo tácito de Vox, un partido de derecha radical castiza que gana adeptos cada minuto y que va a sacar a los socialistas del poder en una región que gobernaron casi cuatro décadas.
La crisis parece haberse trasladado al Ministerio de Cultura, cuyo responsable, José Guirao, no va a tener más remedio que iniciar el proceso judicial de intervención de la SGAE. Por lo menos, si quiere ser coherente con sus declaraciones del pasado verano, en las que amenazó con hacerlo si no se aprobaban unos nuevos estatutos
Con esta coyuntura endiablada, la intervención de la SGAE, a la que Guirao parece estar abocado, se antoja mucho más complicada de lo que los técnicos de Cultura imaginaron jamás. Al fin y al cabo, la batalla que se libra en esa sociedad de gestión tiene muy poco que ver desde hace años con los auténticos intereses de sus socios, los autores y editores, y mucho con las urgencias económicas de los principales grupos de medios de comunicación del país y los principales actores de la industria musical hispana, cuyo control está ahora en manos de los gestores de algunos fondos de inversión estadounidenses mayoritarios en el accionariado de las empresas promotoras de los grandes festivales, que parecen haberse alineado últimamente con las editoriales de las majors discográficas. Un complejo rompecabezas que aleja del panorama cualquier solución drástica y obliga al ministro a aplicar remedios de cirugía fina en la operación que tiene por delante, porque se trata de conseguir que las televisiones privadas acepten ceder parte del control que ahora tienen sobre la institución, pero sin incomodarlas lo más mínimo.
Sobre todo, porque Atresmedia y Mediaset, el famoso duopolio de las televisiones privadas, además de colocar en la cúpula de la junta directiva de la SGAE al grupo de sus autores afines, que encabezan Hevia y Cardalda, ha conseguido que los partidos conservadores, que necesitan como mínimo su neutralidad para enfrentarse con ciertas garantías a las próximas citas electorales, se pongan de su parte. Según algunas fuentes consultadas por varios medios de comunicación digitales, los responsables de PP y Ciudadanos habrían empezado a acercarse a los dirigentes de las teles y esos contactos habrían fructificado ya en la inclusión de algunas de sus reivindicaciones en la tramitación parlamentaria de la Ley de Propiedad Intelectual, un texto que, en principio, debe aprobarse el próximo mes de febrero y que estaba pensado para complicarles la vida a las editoriales de las teles, poniendo límites al peso porcentual de las emisiones de la música nocturna en los repartos de los derechos de autor.
La Ley de Propiedad Intelectual
Es cierto que el cambio fundamental que debe estar presente en la nueva ley y que, como decíamos antes, fija un límite del 20% a las emisiones de música nocturna en los repartos de derechos, es de obligado cumplimiento, porque se deriva de un laudo emitido el pasado año por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). También que, en caso de que finalmente se materialice esta mutación reglamentaria, ese fabuloso negocio, del que también se habrían aprovechado presuntamente algunas supuestas tramas delictivas como La Rueda, podría terminarse para siempre. Pero como la letra pequeña importa mucho, las dos grandes cadenas apuestan por la persistencia de vericuetos legales que les permitan minimizar las pérdidas. Quieren mantener sus editoriales y la posibilidad de llegar a acuerdos con autores concretos y dosificar la utilización de la música en todas sus emisiones en función de la máxima rentabilidad posible del repertorio que gestionan.
La batalla que se libra en esa sociedad de gestión tiene muy poco que ver desde hace años con los auténticos intereses de sus socios, los autores y editores, y mucho con las urgencias económicas de los principales grupos de medios de comunicación del país y los principales actores de la industria musical hispana
De hecho, las televisiones han conseguido bloquear en los juzgados todos los intentos de poner límites porcentuales al reparto que habían hecho los gestores de la SGAE desde que la OMPI dictó su laudo. El pasado año, la directiva que presidía José Miguel Sastrón aplicó estas restricciones inicialmente hasta que las reclamaciones judiciales de las editoriales de los grupos audiovisuales se lo impidieron. Y hasta hay quien asegura que ese fue el origen de su caída en desgracia puesto que, inicialmente, los hombres de Atresmedia y Mediaset le habían apoyado y ayudado a ganar las elecciones. Este desencuentro estaría también detrás del batacazo que se pegó Teddy Bautista en los últimos comicios, a pesar de contar con el apoyo de autores tan relevantes como Alejandro Sanz. El canario cuyo regreso era fruto de un pacto entre los compositores de canciones de todos los bandos, habría sido traicionado por el grupo de los televisivos, ante su excesiva cercanía histórica al PSOE y a grupos mediáticos como Prisa, que se encuentra a caballo entre ambos bandos, las discográficas y las televisiones, porque controla las grandes radiofórmulas como Cadena 40 o Cadena Dial y RLM, la principal empresa de management del país.
Con Teddy, Guirao y Sánchez lo hubieran tenido más fácil. Ahora les toca encontrar la cuadratura del círculo. De momento, las negociaciones se aceleran, según algunas fuentes. Pero su epicentro estaría ahora bastante alejado del Palacio de Longoria. Y el acuerdo no es fácil, porque los autores disidentes y las multinacionales discográficas mantienen sobre la mesa la amenaza de abandonar en bloque la SGAE si no se atienden sus reivindicaciones, se termina con la rueda, y se modifican las tarifas de modo que los ingresos de derechos relacionados con el uso de la música dependan de la audiencia media de cada franja horaria. Algo de lo que las televisiones no quieren oír hablar. Al parecer, los socialistas estarían buscando desesperadamente a una figura de consenso, similar a la administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, para propiciar una transición tranquila y ganar tiempo. Por lo menos hasta que pasen las elecciones de mayo y, si se puede, el próximo verano también. Pero no lo tienen fácil. Algunos candidatos potenciales han rechazado la oferta porque no se ven capaces de sobrevivir en el avispero. Y mientras tanto, los representantes de los bandos enfrentados quieren que el ministerio actúe cuanto antes y exigen a Guirao, y a Pedro Sánchez, que hagan de una vez lo que tienen que hacer. Estaremos atentos a los acontecimientos y, por supuesto, les seguiremos informando si les place.
