Pedro Benítez (ALN).- La expropiación en 2010 de Agroisleña, companía fundada en 1958 por inmigrantes de origen canario, fue el punto de arranque de la destrucción de la agroindustria venezolana y de la severa carestía de alimentos que la población sufre desde hace años.
Enrique Fraga Afonso perteneció a la larga saga de inmigrantes provenientes de las Islas Canarias que se establecieron en Venezuela desde la época colonial y fueron fundamentales en la formación de la identidad nacional del país. Desde esos días muchos de ellos se dedicaron a la agricultura abriendo tierras vírgenes al desarrollo de cultivos, como el cacao primero y, luego de la Independencia en el siglo XIX, el café en las montañas aledañas a Caracas.
Otros, como por ejemplo el padre de Francisco de Miranda, precursor de la Independencia hispanoamericana, se dedicaron al comercio minorista.
Como parte de esa tradición en los años 50 del siglo pasado Fraga estableció en la ciudad de El Tocuyo, en el estado Lara (en el centro-occidente de Venezuela) un pequeño negocio de semillas de cebolla. En 1958 él y otros cuatro paisanos suyos fundaron Agroisleña. Cincuenta años después esta era la principal empresa proveedora de insumos y servicios de comercialización de los productores agrícolas venezolanos. Llegó a tener ocho silos y 60 sucursales en diversos puntos del territorio nacional y a suministrar el 70% de la tecnología, los agroquímicos y las semillas que se necesitaban.
En octubre de 2010 el expresidente Hugo Chávez ordenó la expropiación de Agroisleña bajo el argumento de que se había constituido en un oligopolio
También compraba parte de la producción a los clientes y asistía financieramente a más de 18.000 productores. Aunque hoy es muy común afirmar que Venezuela no ha producido otra cosa que petróleo, lo cierto es que en 1998 el país se autoabastecía en más del 60% de las necesidades alimentarias (hoy es 25%) e incluso era exportador de algunos rubros agrícolas como café, cacao, azúcar, arroz, maíz y algodón.
En ese contexto Agroisleña era una empresa que gozaba de buena fama entre los agricultores venezolanos por prestar un servicio que les parecía útil. Pero esta historia de éxito empresarial se acabó en octubre de 2010 cuando el expresidente Hugo Chávez ordenó la expropiación bajo el argumento de que se había constituido en un oligopolio.
En medio de una pequeña campaña de agitación política condenatoria de las actividades capitalistas de la empresa, el Gobierno chavista ocupó las instalaciones y le cambió el nombre por Agropatria. Sobra decir que a los propietarios nunca se les pagó por la propiedad (Leer más: El socio español de Agroisleña avanza en el arbitraje contra Venezuela por la expropiación de 2010).
Esta medida fue parte de una política mucho más amplia y ambiciosa iniciada años antes, que expropió cuatro millones de hectáreas (según fuentes oficiales) de propietarios privados, 12 plantas procesadoras de harina precocida de maíz con las que se hacen las populares arepas y las dos principales cadenas de automercados con el objetivo de “garantizar el abastecimiento de los alimentos a todo el país”.
Pese a que desde el principio Agropatria contó con privilegios a la hora de acceder a divisas para la importación, como en el caso de las otras expropiaciones el desempeño ha estado muy lejos de lo prometido.
Las consecuencias de estas políticas han sido catastróficas para la producción agrícola venezolana y para el sector agroindustrial. En particular la desaparición en la práctica de Agroisleña desarticuló las redes productivas del campo venezolano y ese fue el momento en el cual la producción agrícola del país llegó al punto de inflexión. Desde entonces faltan las semillas adecuadas, créditos y facilidades de comercialización que Agroisleña daba y que la sucesora ha sido incapaz de reemplazar, pese a todas las promesas.
Proyectos como el “Plan Especial de Seguridad Agroalimentaria” de 2003, o la Misión AgroVenezuela que arrancó en enero de 2011 con el propósito manifiesto de incrementar sustancialmente la producción nacional y “convertir a Venezuela en una potencia agroalimentaria”, no lograron ninguno de los objetivos. Tampoco el plan para incrementar en 34% la producción de maíz blanco y amarillo, de arroz, leguminosas y hortalizas anunciado por el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (MAT).
Otros de concepción más ideológica como los Fundos Zamoranos, supuestos pilares del socialismo agrario, y el programa de agricultura urbana denominado “Agrociudad” también fracasaron.
Pero nada de esto parecía inquietar al Gobierno chavista puesto que el objetivo apuntaba a dejar al sector privado como un actor irrelevante y eventualmente prescindible, y hacer que la sociedad dependiera enteramente de los canales estatales para garantizar la alimentación.
El hambre es la preocupación principal de los venezolanos
Así, en junio de 2013 el presidente Nicolás Maduro aseguró ante la FAO que Venezuela tenía la red pública de alimentos subsidiados más grande del mundo con 22.000 puntos de distribución que daban cobertura al 61% de los hogares venezolanos. Casi un año antes, en agosto de 2012, Carlos Osorio, por entonces ministro del Poder Popular para la Alimentación, precisaba que 16 millones y medio de venezolanos compraban sus alimentos en los 22.300 establecimientos de esa red: Mercales, Pdvales, Bicentenarios, Casas de Alimentación, Panaderías, Areperas, Bodegas Móviles y Comedores Populares.
Como la mayoría de los productos que expendían eran importados, cuando el alto ingreso petrolero no alcanzó la situación hizo crisis y (como en otros ejemplos de la historia económica mundial del último siglo) el Estado no pudo reemplazar al mercado.
La desaparición de Agroisleña desarticuló las redes productivas del campo venezolano y fue el punto de arranque de la destrucción de la agroindustria en Venezuela
Uno de los aspectos más dramáticos de la crisis venezolana es la carestía de alimentos, y el origen de esta fue la política de expropiaciones de tierras en pleno rendimiento productivo o de empresas agroindustriales por parte del expresidente Hugo Chávez, pero el punto de arranque fue la expropiación de Agroisleña.
Según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar, 64,3% de los venezolanos perdieron 11,4 kilos en promedio de peso involuntariamente en 2017. Según esta fuente aproximadamente 8,2 millones de venezolanos comen dos o menos veces al día, y los alimentos que consumen son de baja calidad nutricional.
Por primera vez en casi un siglo el hambre o el miedo a pasar hambre es la preocupación principal de casi todos los venezolanos.
Las crecientes restricciones alimentarias de la población explican el pavoroso aumento de la mortalidad infantil (el grupo más vulnerable) por desnutrición que (a falta de datos oficiales) reportan organizaciones como Caritas.
Si la situación no es peor es gracias al sector privado de la economía que aún sobrevive (empresas que no fueron expropiadas, como Polar, y a las que, sin embargo, la propaganda oficial no cesa de responsabilizar por “la guerra económica”).
El tremendo daño que se le hizo al sector agrícola venezolano al expropiar Agroisleña es algo que los medianos y pequeños productores venezolanos recuerdan hoy vívidamente y que como vemos tiene consecuencias dramáticas en todo el país.
