(EFE).- La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció el cierre de su examen preliminar más longevo, el que estudiaba si investigar a Colombia por crímenes de guerra y lesa humanidad durante el conflicto armado, debido a los progresos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El Gobierno colombiano y la CPI firmaron este jueves un acuerdo por el que ese tribunal archivará el proceso dada la voluntad del país de «administrar genuinamente justicia», en lo que ha sido fundamental la JEP, el tribunal ad hoc creado justamente para juzgar ese tipo de crímenes.
«Me complace decir que me puedo retirar de la etapa de examen preliminar», aseguró el fiscal general de La Haya, Karim Khan, en una declaración conjunta con el presidente Iván Duque desde la Casa Nariño (sede de la Presidencia) después de firmar el acuerdo.
Duque aseguró que el cierre del examen preliminar abierto en 2004 que involucra crímenes de guerra desde 2009 y de lesa humanidad desde 2002 cometidos por el Ejército, la extinta guerrilla de las FARC y grupos paramilitares significa «una nueva etapa de colaboración».
«No es que el cierre del examen preliminar signifique que la Corte se aleja de Colombia, todo lo contrario, hoy vamos a trabajar de manera más estrecha, pero el principio mediante el cual usted anuncia el cierre del examen preliminar es porque se reconoce el esfuerzo que se ha venido adelantando en nuestro país históricamente en estos 17 años», resaltó el presidente a Khan.
VALIDACIÓN DE LA JEP
En el acuerdo, el presidente se compromete «a seguir apoyando la JEP y el proceso de paz y seguir asegurando mediante obligaciones vinculantes que el camino a la justicia y la paz es muy complicado pero es el destino final que todos los colombianos quieren que se alcance», dijo Khan.
El documento destaca «la demostrada capacidad y voluntad de Colombia hasta la fecha para administrar genuinamente justicia relacionada con los crímenes de competencia de la CPI», y obliga al Gobierno a financiar a la JEP, a velar porque no haya interferencias y a salvaguardar su marco constitucional y legislativo.
«El Gobierno colombiano acuerda asegurar que la JEP reciba el espacio que necesita para realizar su trabajo y que la JEP y las demás cortes y todo el sistema judicial recibe los fondos que requiere y que no existe ningún tipo de interferencia en el proceso», dijo Khan.
La JEP ha criticado al Gobierno de Duque porque supuestamente no apoya lo suficiente a la justicia transicional y le ha minado el presupuesto y su labor para proceder en los siete macrocasos que tiene a abiertos y que investigan crímenes como los de los secuestros por parte de la guerrilla o las ejecuciones extrajudiciales del Ejército («falsos positivos»).
Por eso, el presidente de la JEP, el magistrado Eduardo Cifuentes, aseguró que este acuerdo se debe a sus esfuerzos por dar luz y justicia a las víctimas del conflicto armado.
«Tres años de trabajo incesante de la Jurisdicción a partir de las imputaciones que ha realizado permitieron convencer a la CPI (…) que debería entonces ponerle término a esta investigación para confiar única y exclusivamente en la JEP», dijo Cifuentes tras el anuncio del fiscal.
Según el magistrado, Khan «le ha dado un giro a las propias competencias y la función tradicional de la JEP», y decidió cerrar el examen preliminar porque 17 años «son términos demasiados extensos para proteger a las víctimas, para perseguir a los responsables».
El cierre del caso, no obstante, no significa «el retiro de la CPI», ya que si hay interferencias en la justicia o «si se da un cambio radical de la circunstancias (…) se hará una investigación preliminar y esta podrá ser reabierta», afirmó Khan.
OPOSICIÓN DE ORGANIZACIONES
El anuncio del cierre del caso en la CPI ha sido tomado con reserva e incluso oposición por organismos internacionales como Human Rights Watch y colombianos, que consideran que el alejamiento del tribunal de La Haya puede mermar la independencia de las instancias judiciales.
De esa forma, el director ejecutivo de HRW para las Américas, José Miguel Vivanco, aseguró que es una decisión «prematura, equivocada y contraproducente», que «puede dejar a la JEP más expuesta ante ataques contra su independencia».
En la misma línea se pronunciaron organismos de derechos humanos como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que no coinciden con la Fiscalía de la CPI en que Colombia tenga unas instancias judiciales que puedan realizar investigaciones serias e imparciales.
«El cierre del examen preliminar no es de ninguna forma producto del compromiso de este Gobierno con la lucha contra la impunidad, sino un espaldarazo al papel de la JEP, entidad de cuyos resultados dependerá que el examen no deba ser reabierto en el futuro», aseguró este colectivo en un comunicado.
A las organizaciones les preocupa especialmente la investigación de crímenes que atañen a agentes del Estado, como los «falsos positivos» o los que involucran nexos con el paramilitarismo, ya que son, según dicen, los que menos colaboración están ofreciendo ante la JEP y los menos investigados por la Fiscalía y la justicia ordinaria.
