Zenaida Amador (ALN).- Si bien Rusia ha sido un aliado estratégico del régimen de Nicolás Maduro, cada día se le hace más costoso seguir adelante con este apoyo. No se trata solamente del riesgo de que las sanciones de Estados Unidos impacten sus negocios, en un contexto global desalentador para el negocio energético, sino de que la Federación Rusa se está exponiendo a una pérdida milmillonaria en su apuesta por Venezuela. La salida de Rosneft no blinda al gobierno de Vladímir Putin en su arriesgada jugada de respaldo al chavismo.
Aunque desde hacía algún tiempo era conocido que los negocios de Rosneft en Venezuela venían desvalorizándose y que el cerco de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro se estaba convirtiendo en un riesgo para la empresa, no dejó de sorprender el anuncio de su cese de operaciones en el país. Algunos llegaron a interpretar la medida como una ruptura en la alianza estratégica de Vladímir Putin con el chavismo, pero en verdad parece ser todo lo contrario.
Sobre Rosneft venían pesando las amenazas de Estados Unidos al haberse convertido en el principal agente comercial del petróleo venezolano. De hecho, fue gracias a Rosneft que las autoridades venezolanas pudieron redireccionar sus exportaciones hacia India y China, especialmente cuando otros aliados comenzaron a suspender despachos por temor a las sanciones
Por eso este año la empresa recibió dos impactos fuertes de parte de Washington, cuando le sancionó a Rosneft Trading y a TNK Traiding por facilitarle estas operaciones petroleras al régimen venezolano.
Mikhail Leontyev, portavoz de Rosneft, declaró a la agencia rusa TASS acerca de su salida de Venezuela y allí aseguró que tomaron la “decisión en interés de nuestros accionistas, como una empresa internacional que cotiza en bolsa”. Vale destacar que en Rosneft el Gobierno ruso tiene más de 50% del capital a través de Rosneftegaz y el resto lo comparten BP y el Fondo Soberano de Inversión de Qatar, lo que habla de otros intereses por los que velar.
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Rosneft intenta así protegerse, pero cómo lo hace. En esencia decidió traspasar todos sus bienes locales a una compañía 100% propiedad del Gobierno de la Federación Rusa. Serguéi Mélik-Bagdasárov, embajador de Rusia en Venezuela, definió la operación como un “traspaso de los activos de Rosneft en Venezuela al Gobierno de Rusia”.
Sin embargo, en Rusia no es del todo bien vista esta jugada para salvaguardar los intereses de Rosneft.
La jugada
El negocio en Venezuela venía perdiendo valor de manera significativa. Aunque se calcula que la empresa invirtió en el país más de 9.000 millones de dólares, algunas estimaciones de la operación recién anunciada ubican en cerca de 4.000 millones de dólares el valor de la sesión de los activos en Venezuela al Estado ruso.
Igor Yushkov, experto petrolero, señaló a medios de ese país que, más allá del riesgo de que aumentaran las sanciones de EEUU, la verdad es que los activos en Venezuela le generaban pérdidas a Rosneft. Con esta operación los transfiere al Estado ruso a cambio de un activo líquido: sus acciones. Esto implicaría que el Estado perdió participación en la petrolera a cambio de unos activos problemáticos en Venezuela.
Según se detalló al informar sobre la operación, el traspaso no genera un pago en efectivo, sino que Rosneft recibe en el balance de una de sus sucursales un paquete del 9,6% de sus propias acciones. Es decir, que el Estado ruso, que poseía más de 50% de Rosneft, estaría transfiriendo cerca de 10% de sus acciones a la propia compañía petrolera, bajando así su participación.
Para el experto ruso Andrei Manoilo esto expone activos de la nación, que quedarían sin protección alguna si el régimen de Maduro cae, un riesgo del que buscó protegerse Rosneft.
No hay que perder de vista que Rosneft se limitó a informar que cedía su participación en las empresas mixtas Petromonagas, Petroperijá, Boquerón, Petromiranda y Petrovictoria, donde mantiene sociedad con Petróleos de Venezuela (PDVSA), sin mencionar los trámites que debió hacer localmente en Venezuela para ello. Estas empresas mixtas se rigen por la Ley de Hidrocarburos de Venezuela, donde claramente se indica que cualquier cambio en su composición accionaria requiere de la aprobación de la Asamblea Nacional, que es de mayoría opositora y está presidida por Juan Guaidó.
El diputado Ángel Alvarado, de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, asegura que de no ser aprobado por el Parlamento “es írrito y no será reconocido por la República” el contrato de traspaso o venta de acciones de Rosneft dentro de las empresas mixtas.
Ya la Asamblea Nacional había declarado nulos los acuerdos suscritos por Maduro con Rosneft a fines de 2016, que comprometían como garantía 49,9% de las acciones de Citgo por un financiamiento de 1.500 millones de dólares. El Parlamento declaró inconstitucionales tales tratos, que pusieron en riesgo uno de los principales activos de la región.
Esto indica que poco a poco se va desmontando el soporte legal de estas alianzas, por lo que podrían ser desconocidas por un gobierno venezolano legítimo, distinto del régimen de Maduro.
¿La gran apuesta?
Todavía no hay claridad de cómo se ejercerá esa presencia del Estado ruso en las empresas petroleras venezolanas, pues en verdad no se han revelado datos acerca de la compañía rusa que absorbió los activos de Rosneft.
Sin embargo, Serguéi Mélik-Bagdasárov, en sus comentarios iniciales tras conocerse la decisión de Rosneft, señaló: “¡No se preocupen! Se trata del traspaso de los activos de Rosneft en Venezuela al Gobierno de Rusia directamente. Seguimos juntos en adelante”.
Todavía no hay claridad de cómo se ejercerá esa presencia del Estado ruso en las empresas petroleras venezolanas, pues en verdad no se han revelado datos acerca de la compañía rusa que absorbió los activos de Rosneft.
Si bien todo pudiera resumirse a una estrategia preventiva nada más, las palabras del embajador Mélik-Bagdasárov, que usa con frecuencia la frase “¡hasta la victoria siempre!” en sus mensajes de Twitter, parece mostrar que hay una apuesta de Putin por el régimen venezolano.
En el mercado petrolero no descartan que el nuevo actor pudiera ser una empresa propiedad del Ministerio de Energía de la Federación Rusa, incluso ya sancionada por Estados Unidos, con lo cual Moscú intentaría subir el tono de las tensiones. En este caso cualquier reacción de EEUU ante las operaciones petroleras que busquen favorecer las gestiones de Maduro sería contra una empresa estatal rusa, es decir, una pugna Washington-Moscú.
