Antonio José Chinchetru (ALN).- Los funcionarios del Ministerio del Interior y de la Cancillería venezolana no podrán entrar a EEUU. Tampoco los miembros del Sebin y del organismo encargado de las investigaciones penales y criminalísticas. Ni quienes trabajan en el servicio de migraciones de Venezuela. Todos ellos, y sus familiares directos, están afectados por el veto migratorio de Donald Trump que ha recibido el visto bueno de la Corte Suprema estadounidense. La prohibición no afecta al resto de los venezolanos.
Donald Trump ha logrado una importante victoria simbólica en las más altas instancias judiciales de EEUU, que afecta directamente a numerosos funcionarios chavistas. El decreto presidencial avalado este martes por la Corte Suprema no sólo veta la entrada a territorio estadounidense de ciudadanos de Chad, Irán, Libia y Yemen. También se aplica a determinados funcionarios, así como a sus familiares, de Corea del Norte y Venezuela. En el caso del país suramericano, la prohibición afecta a los funcionarios de organismos que Washington considera que no colaboran en la detección de amenazas terroristas. El veto migratorio no afecta a los demás venezolanos.
El decreto presidencial se firmó en septiembre de 2017, y era el tercer veto migratorio que estableció Donald Trump (después de que se cumplieran los plazos de vigencia de los anteriores, que tuvieron forma de orden ejecutiva). Fue, sin embargo, el primero que incluyó a trabajadores y altos cargos de las administraciones venezolana y norcoreana.
La norma estableció que se deja de conceder a estos funcionarios, y sus familiares directos, visados de entrada en el país por negocios y turismo
Los funcionarios afectados en Venezuela son quienes desarrollan su labor en el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y el Ministerio para Relaciones Exteriores.
La norma estableció que se deja de conceder a estos funcionarios, y sus familiares directos, visados de entrada en el país por negocios y turismo. Además, ordena que aquellos venezolanos que disponen de visa para acceder a EEUU serán sometidos a investigaciones adicionales. El motivo de las indagaciones añadidas es garantizar que la información sobre ellos está actualizada.
Venezuela no coopera para detectar amenazas terroristas
El decreto dice: “El Gobierno de Venezuela no comparte adecuadamente la información de seguridad pública y relacionada con el terrorismo”
El decreto de septiembre afirmaba que el régimen de Nicolás Maduro no coopera de forma adecuada para verificar qué ciudadanos venezolanos suponen una amenaza para EEUU. El texto afirma: “El Gobierno de Venezuela no comparte adecuadamente la información de seguridad pública y relacionada con el terrorismo, no satisface al menos un criterio clave de riesgo y se ha determinado que no coopera plenamente con respecto a recibir a sus nacionales sujetos a órdenes finales de deportación de los Estados Unidos”.
A pesar de la falta de cooperación del régimen chavista, “existen fuentes alternativas para obtener información para verificar la ciudadanía y la identidad de nacionales de Venezuela”, dice el documento.
La inclusión de funcionarios venezolanos y norcoreanos en el decreto fue clave en el desarrollo del proceso judicial. Quienes habían llevado la norma ante los tribunales, entre los que figura el gobierno del estado de Hawai, argumentaban que se trataba de una disposición que discriminaba en función de la religión. Eso se debe a que los países más afectados (Chad, Irán, Libia y Yemen) son de mayoría musulmana. Esa característica, sin embargo, no se da ni en Venezuela ni en Corea del Norte.
