Antonio José Chinchetru (ALN).- La preocupación y el enfado por la corrupción llevan años instalados en una gran parte de la población española. Existe una gran desconfianza hacia los partidos, pero no disminuye el apoyo al sistema democrático. De las dos formaciones que irrumpieron en el Parlamento en 2014 con un mensaje de lucha contra ese fenómeno, el que tiene mejores expectativas electorales en este momento es Ciudadanos, una formación moderada, frente a Podemos que representa el sector más radical del electorado.
Durante los últimos años no hay día alguno en que los medios de comunicación españoles no ofrezcan nuevas noticias sobre algún escándalo de corrupción política. La preocupación y el enfado por este fenómeno se han instalado de forma permanente en gran parte de la población. La práctica totalidad de los partidos están inmersos en este fenómeno. Altos cargos del PP, PSOE, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC, actual PDeCAT) y sus socios de la ahora extinta Unió Democràtica de Catalunya (UDC) han protagonizados numerosos y sonados casos.
Algunos de los más destacados son la trama Gurtel y los ‘papeles de Luis Bárcenas’, que afectan a la financiación del Partido Popular; los de los ERE (expedientes de regulación de empleo) ilegales y los falsos cursos de formación en Andalucía, que implican al Partido Socialista; así como las diferentes tramas de financiación ilícita de CDC y UDC, y de enriquecimiento ilícito del expresidente catalán Jordi Pujol y su familia.
El 27,5% de la población considera a los políticos y a sus formaciones uno de los tres mayores problemas de España
La sombra se extiende también sobre Podemos y su posible financiación por parte de Irán y Venezuela. Tan sólo Ciudadanos parece estar por el momento a salvo del fenómeno. Esto, unido a su firmeza frente al independentismo catalán, es una de las claves que explican sus buenas perspectivas electorales reflejadas en los sondeos. Aunque la corrupción haya minado la confianza de gran parte de los españoles en los principales partidos, no parece haber erosionado su confianza en el sistema democrático.
Los sondeos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) refleja la desconfianza ciudadana hacia los partidos. El barómetro de octubre refleja que el 27,5% de la población considera a los políticos y a sus formaciones uno de los tres mayores problemas de España. Un mes antes, la proporción era del 20,7% de los encuestados. Esto contrasta con las convicciones democráticas de la mayor parte de los ciudadanos. Según los estudios de Metroscopia, el 87% de los españoles están de acuerdo con la frase “la democracia es preferible a cualquier otra forma de Gobierno”. Este dato, correspondiente a 2017, supera en tres puntos al de un año antes, cuando se situó en un 84%, y en 13 puntos al de 2012 (74%).
Alta percepción de la corrupción
A principios de este año se daba a conocer el Índice de Percepción de la Corrupción 2016 de Transparencia Internacional. España alcanzaba su peor registro histórico, al situarse en el puesto 41 de 176 países, con una puntuación de 58 puntos. En el conjunto de la Unión Europea se situaba en el lugar número 17, justo por debajo de Lituania (38 en el ranking mundial y 16 en el de la UE) y por encima de Letonia (44 y 18). Esto no significa necesariamente que los 16 países de Europa y los 40 de todo el mundo que ocupan una situación superior en el índice sean menos corruptos, sino que los ciudadanos tienen una menor sensación de corrupción generalizada.
Los barómetros del CIS también reflejan esta preocupación. El más reciente, correspondiente a octubre de este año, revela que el 28,3% de los españoles considera la corrupción como uno de los tres grandes problemas del país. Esto supone una disminución con respecto al mes anterior. En la encuesta correspondiente a septiembre el 38% de los entrevistados había dado esa respuesta.
La percepción de la corrupción fue fundamental para la aparición de Podemos, que nada más nacer se convirtió en 2014 en la tercera mayor fuerza parlamentaria española, y para la irrupción de Ciudadanos como cuarto partido con más diputados en el Congreso en esas mismas elecciones. El partido de Pablo Iglesias, sin embargo, ha tocado pronto techo y todos los sondeos le auguran un fuerte declive electoral. Las sospechas sobre la posible financiación por parte de la Venezuela chavista y el Irán de los ayatolás han influido en esta rápida decadencia, si bien no son el único motivo. Ciudadanos, sin embargo, sigue gozando de una imagen de honradez que, unida a un discurso moderado y su postura frente al independentismo, hacen de él una alternativa viable para muchos españoles.
Lucha contra la corrupción en datos
La preocupación por la corrupción creció con la crisis económica, que además coincidió con el inicio de grandes investigaciones judiciales y policiales. En muchos casos, estas habían sido precedidas por la publicación en medios de comunicación de noticias sobre escándalos que terminarían por ser llevados a los tribunales. Se da la paradoja de que el crecimiento de la sensación de que se trata de un fenómeno generalizado, y muchas veces impune, coincide con un aumento de la lucha contra este.
Durante el tercer trimestre de este año se ha condenado a 61 personas por delitos de corrupción, 31 de ellas con penas de prisión
Según los datos ofrecidos en abril de este año por el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, el número de investigados o detenidos por este motivo en España entre 2010 y 2016 fue de casi 11.500. En ese periodo hubo, además, una evolución ascendente. En 2010 se investigó o detuvo a 583 personas, mientras que en 2016 la cifra fue de 2.126, algo menos que las 2.448 del ejercicio anterior.
Durante el tercer trimestre de este año, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha condenado a 61 personas por delitos de corrupción, 31 de ellas con penas de prisión. El CGPJ también ha informado que al 1 de octubre había 70 personas encarceladas con sentencia firme y otras 12 sometidas a prisión preventiva. Esta medida cautelar se impone en aquellos casos en los que existe riesgo de fuga o en los que los acusados puedan destruir pruebas para dificultar la investigación.
