Antonio José Chinchetru (ALN).- Carlos Tablante es un reconocido experto en el estudio y el análisis de la corrupción y el crimen organizado en Venezuela. Coautor del libro Impacto de la corrupción en los Derechos Humanos, dedica 45 páginas de la obra a analizar la situación generada por el régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Denuncia la creación de un “Estado delincuente” a través del “gran saqueo” que ha generado la crisis económica, política y social que sufre el país.
Primero Hugo Chávez y después Nicolás Maduro han hecho que Venezuela se convierta en un “Estado delincuente” debido al “gran saqueo” que ha sufrido el país producto de la corrupción. Esa es la tesis central del capítulo dedicado al país que firma Carlos Tablante en el libro digital Impacto de la corrupción en los Derechos Humanos publicado por la Universidad Autónoma Nacional de México. Tablante, exdiputado y exgobernador del estado Aragua, destaca del “régimen chavista-madurista” que “pretende actuar en nombre de los pobres, mientras que en la realidad se ha instalado un capitalismo de Estado corrupto”.
Citando la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el autor recuerda la “gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley”. Recoge además un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) referido a Venezuela que pone de relieve “el serio deterioro de la vigencia de los derechos humanos, y la grave crisis política, económica y social que atraviesa el país en los últimos dos años y en especial en el 2017”.
En opinión del experto, “un elemento determinante” en la situación que del país ha sido “la sustitución de la democracia por la cleptocracia y kakistocracia”. Este último término fue acuñado por Michelangelo Bovero, profesor de filosofía política en la Universidad de Turín. Su definición académica es: “Gobierno de los peores; estado de degeneración de las relaciones humanas en que la organización gubernativa está controlada y dirigida por gobernantes que ofrecen toda la gama, desde ignorantes y matones electoreros hasta bandas y camarillas sagaces, pero sin escrúpulos”.
El texto afirma que “la existencia de un Estado delincuente conlleva la mezcla de intereses, un cierto maridaje que, a partir de lo económico, rompe cualquier diferencia en el campo de lo político e ideológico para facilitar el cruce de negocios ilícitos”. Añade, hablando de Venezuela: “Entre 1999 y 2014 hubo numerosos casos de corrupción con afectación de los derechos humanos, de los cuales relativamente sólo conocemos unos pocos”.
Pero el capítulo firmado por Tablante, experto en el análisis de la corrupción y el crimen organizado en el país, no mira tan sólo al pasado. Sostiene que “en la actualidad venezolana de principios de 2018 la complejidad política refleja la corrupción sistémica que ha ocurrido en el país y sus implicaciones en la violación de los derechos humanos de la población”.
“Un factor desencadenante” de la crisis política, económica y social que sufre el país es, en opinión del autor, “las violaciones a la libertad de expresión, pilar fundamental de la democracia. Los derechos políticos y civiles han sido vulnerados, los partidos políticos de la oposición han sido ilegalizados e incluso se ha obstaculizado la realización de elecciones libres e independientes”. Señala que una manifestación de la política del régimen de Maduro consistente en violar la libertad de expresión “fue domesticar las líneas editoriales contrarias al gobierno a través de agentes aliados del sector privado y testaferros que se dedicaron a comprar importantes medios en oscuras negociaciones en dólares realizadas con compañías de maletín extranjeras, plagadas de secretismo”.
Al menos ocho artículos de la Ley contra el Odio “perjudican los principios de pluralidad, diversidad, libertad y acceso a la red”
Destaca la importancia de la llamada Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia aprobada por la ilegal Asamblea Nacional Constituyente. Señala que, según un análisis realizado por el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS), al menos ocho artículos de esta norma “perjudican los principios de pluralidad, diversidad, libertad y acceso a la red”.
Tablante recuerda algunas cifras de la represión. Destaca que “en el control hegemónico y antidemocrático de la sociedad se criminaliza la disidencia. El que piensa diferente es perseguido, apresado, torturado y, en algunos casos, asesinado. Actualmente se registran 235 presos políticos”. Recuerda además los números de muertos en el transcurso de las protestas del año pasado: “Fueron asesinadas 157 personas por miembros de la Fuerza Armada Nacional y de los denominados colectivos afectos al régimen, en su mayoría jóvenes”. Pero el problema se agrava con las cifras de asesinados por mostrar resistencia a policías y militares en los denominados Operativos de Liberación del Pueblo (OLP), ya que el número de muertos en 2017 fue 5.535. En promedio, cada semana murieron 106 personas por “supuestos enfrentamientos” con funcionarios de seguridad” (Ver más: Nicolás Maduro suma al menos 726 muertos en su balance como dictador). Sobre los OLP, el autor recuerda que a lo largo del año pasado murieron 106 personas a la semana en “supuestos enfrentamientos” con las fuerzas de seguridad maduristas.
Desabastecimiento de productos básicos
Destaca también el creciente poder del estamento castrense en Venezuela: “A lo largo de la vigencia del régimen oficialista ha aumentado la tendencia hacia la militarización de la autoridad pública”. Sostiene que bajo el mandato de Maduro esta tendencia ha aumentado y que “actualmente, el control de los militares en la administración es aún mayor, en tanto se encuentran al frente de ministerios, vicepresidencias, direcciones generales y gobernaciones”. Tablante otorga especial importancia al hecho de que “ha pasado a manos de los militares” la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA), la principal industria del país, y el denominado Arco Minero, un territorio que contiene todos los yacimientos de oro, diamantes y coltán.
Este texto recuerda, además del poder creciente de los militares, que existen denuncias sobre la complicidad de estos en actividades como el contrabando y el tráfico de drogas. La corrupción se junta con el hecho de que las competencias de la Fuerza Armada Nacional incluyen el control exclusivo de las armas, las vías terrestres, el espacio aéreo y marítimo y las fronteras del país. Tras resaltar la importancia del militarismo como “desviación del deber ser” de la institución castrense, denuncia: “Tanto en operativos militares de represión indiscriminada como en sus actuaciones como factor coadyuvante del incremento de la delincuencia organizada, se ha originado una llave que abre la puerta del binomio corrupción-impunidad, ocasionando violación sistemática de los derechos humanos de los venezolanos”.
Venezuela “ha sufrido en todos los órdenes de la vida civilizada democrática, pero especialmente en sus necesidades y servicios básicos”
En opinión de Tablante, Venezuela “ha sufrido en todos los órdenes de la vida civilizada democrática, pero especialmente en sus necesidades y servicios básicos, el efecto profundo de la acción delincuencial ejercida desde el poder político”. Esto ha tenido un impacto directo, según destaca, en el acceso a alimentos y productos farmacéuticos, la distribución de energía eléctrica y la vivienda.
El desabastecimiento de alimentos y medicamentos está directamente relacionado con la corrupción, según destaca el texto. La búsqueda de estos bienes, sin garantías de éxito, “se ha vuelto rutinario” en medio “de una inseguridad creciente”, denuncia Tablante. El autor recuerda que, según el Observatorio Venezolano de Violencia tan sólo a lo largo de 2017 se produjeron 26.616 muertes violentas. Añade una derivada importante que no suele reflejarse en los medios de comunicación: “Esta misma ONG señala en su último informe una nueva dimensión de la violencia: el hallazgo en varias zonas del país de un incremento en los suicidios, algunos de los cuales están relacionados con la escasez de alimentos, medicamentos, tratamientos, lo que empuja a los enfermos a quitarse la vida, entre otras razones, para no constituir una carga para los familiares”.
El autor señala que “la venta y distribución de los escasos alimentos disponibles está concentrada a través de canales del Estado. Ha sido una política sostenida de control y destrucción de la producción nacional de alimentos”. Añade: “En el tema de los alimentos se puede constatar una cadena negativa tendente a la corrupción y la violación de los derechos: junto a la visión oficialista puesta en práctica, se adicionaron los mecanismos irregulares de expropiaciones y el otorgamiento de divisas, una producción local en caída y una población frágil y creciente necesitando comida. Estaban dadas las condiciones para favorecer la corrupción con los negocios que se generan mediante la importación de estos bienes”.
Tablante considera que la “causa general” del desabastecimiento de alimentos, y lo confirma a través de un informe de Cáritas de Venezuela, es la obligación impuesta a la industria alimentaria de vender la mayor parte de su producción, hasta 70%, a través del sistema de Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Que este mecanismo, controlado por el régimen, acapare una parte tan importante de la producción nacional resulta especialmente significativo cuando apenas representa 6% de la red de distribución. El informe de la organización que cita el autor destaca además que “esto ocurre cuando la inflación en alimentos ha sido la mayor registrada en el país, afectando incluso a los alimentos distribuidos y vendidos a través de los CLAP”.
También relata cómo desde 2007 se gestó “un mecanismo de expropiaciones masivas que terminó colapsando la producción nacional” de alimentos. Recuerda que muchas empresas del sector desaparecieron y otras fueron haciéndose cada vez menos productivas al caer en manos de unos gestores oficialistas que a efectos prácticos se convirtieron en los nuevos dueños. En ese entorno, todo estaba servido para que se generara una creciente corrupción por la dependencia de las importaciones, unida al otorgamiento de divisas por parte de las autoridades para poder comprar al exterior.
Las importaciones se dispararon. Pasaron de 16.420 millones de dólares en el periodo 1999-2006 a 60.547 millones de dólares entre 2007 y 2014. En el primero de esos periodos los alimentos representaron 12,7% de los bienes comprados al exterior, mientras que en el segundo supusieron 18,1%. Esto implica un incremento de 43% en su peso en el conjunto de las importaciones.
Estos aumentos del dinero invertido en las compras al exterior no significaron, sin embargo, que se garantizara la alimentación de los venezolanos. Ocurrió lo contrario, y desde 2012 se produjo una caída significativa de la ingesta de alimentos. Ni tan siquiera las cifras oficiales de la Encuesta de Seguimiento al Consumo de Alimentos (ESCA) del Instituto Nacional de Estadística (INE) pueden ocultar esta realidad. Tal y como recoge Tablante: “Al comparar 2012-2013 se observa que 88,7% de hogares redujo la ingesta de 55 de los 62 productos que incluye el informe. Entre 2013 y 2015, el número de personas que podía alimentarse más de tres veces al día disminuyó 16,5% (de 14.358.559 a 11.994.521) y la cifra del consumo inferior a tres comidas al día aumentó 52,8% (de 1.115.228 a 1.704.519)”.
El texto señala que hay evidencias de que “la corrupción era el motor principal de la acción importadora”, y que influía de manera creciente el incremento de la diferencia de cotización entre el dólar oficial y el dólar paralelo. “La asignación de las divisas dio pie a una variedad de negocios multimillonarios para quienes tenían acceso a ellos. Una de las modalidades fue la sobrefacturación de las importaciones, que permitían justificar el otorgamiento de más divisas baratas con las consecuentes cuantiosas ganancias con base en el diferencial cambiario”.
Al contrastar la escasa información oficial que ofrece el régimen de Nicolás Maduro con los datos confiables de los organismos internacionales de comercio, se estima en 16,9% la sobrefacturación de las importaciones. De esta manera, en el periodo comprendido entre 2007 y 201, cuando se adquirieron del exterior alimentos por 66.296 millones de dólares, el beneficio ilícito generado por la sobrefacturación habría alcanzado 11.204 millones de dólares. Esta cifra es casi equivalente al total de importaciones de medicinas y alimentos tanto en 2013 como en 2014, que fueron de unos 13.000 millones de dólares anuales.
A lo anterior se suma que “los alimentos pagados no siempre llegaban. En algunos casos, lo hacían a punto de vencerse o ya en estado de descomposición”, según denuncia el texto. Pone como ejemplo el caso de Bariven (empresa filial de PDVSA habilitada para importar alimentos). Esta compañía compró y pagó entre noviembre de 2007 y julio de 2008 1.057.531 toneladas métricas de alimentos por un monto de 2.248 millones de dólares, pero sólo se recibió 25%, distribuyéndose apenas 14% para octubre de 2008, en lo que se conoce como el caso Pudreval. Recuerda también que en aquella época se descubrieron en Puerto Cabello contenedores con 122 millones de kilogramos de alimentos en mal estado.
Denuncia el mismo fenómeno en lo relativo a los medicamentos. Por una parte, la falta de acceso a materias primas ha impedido que se puedan producir con normalidad en el propio país. Y en las compras al exterior está generalizada la corrupción por parte de las autoridades. Tablante explica que “el orden de magnitud de los fondos involucrados en el otorgamiento de divisas a través de las importaciones de productos farmacéuticos fue de 22.970 millones de dólares entre 2000 y 2015. La Contraloría General de la República sentenciaba en sus informes de gestión que ‘el Ministerio de Salud adquirió los mismos tipos de medicamentos en cantidades mayores, con porcentajes de incrementos que oscilan entre 21,21% y 9.670,11%, sin justificación alguna”.
Tomando algo menos de la cifra menor, 20% de sobreprecio, el “presunto botín mínimo por importación de medicamentos” sería de 4.594 millones de dólares. Tablante enumera lo que podría haberse financiado si esa cantidad se hubiera invertido en el derecho a la salud: el gasto completo en misiones sociales de salud del régimen en un año y cuatro meses, a precios de 2013, todos los retrovirales durante 65 años para 61.686 personas que en 2016 padecían de SIDA, y dos años y medio de presupuesto de la salud pública nacional.
También recoge los datos del informe anual de la ONG especializada en Derechos Humanos Provea de 2017. Uno de los más destacados es que los sectores de la industria, farmacias, personal de salud, trabajadores, organizaciones de derechos humanos y personas denunciaban 90% de escasez de medicamentos. Las autoridades, sin embargo, sólo reconocen 15%. Otro es que las denuncias de violaciones del derecho a la salud subieron 31% entre 2015 y 2016. 62% de esas denuncias se relacionó con disponibilidad insuficiente de medicamentos esenciales, insumos básicos y médico-quirúrgicos, equipos y personal capacitado. Provea también destaca que respecto a 2015, en 2016 se registró un aumento de 66% de muertes maternas y 30% de muertes de niños menores de un año, el ascenso de enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, VIH, trastornos mentales, muertes por cáncer, linfoma y hemofilia) por falta de medicamentos, más de 240.000 casos de malaria y 50.000 de zika, así como la reaparición de la antes erradicada difteria (sólo controlable mediante vacunas).
Las mentiras de la Misión Vivienda
El texto desenmascara el discurso del régimen de Maduro sobre la vivienda, demostrando que no se han entregado a los ciudadanos tantas casas como sostiene el régimen. El Gobierno asegura que en 2016 se construyeron 359.000 en el marco de la denominada Misión Vivienda. Sin embargo, señala Tablante, la ONG Provea ha verificado solamente la entrega de 13.000. Un año antes, la mayor parte de las viviendas construidas en el país eran lo que se considera “autoproducidas”. Según la Encuesta sobre Condiciones de Vida Venezuela (Encovi), las construidas por los propios habitantes representaron 64,3% del total en 2015. La Cámara Inmobiliaria de Venezuela y la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, informaron que el déficit habitacional alcanzaría los tres millones de viviendas, de las cuales se ubicarían en Caracas 557.000.
Pero el Gobierno no sólo entrega menos viviendas de las que dice con su programa público. La inversión en la Misión Vivienda está caracterizada por “la más absoluta opacidad” y “graves deficiencias”. Estas figuran en informes de Transparencia Venezuela que recoge Tablante. El autor cita: fallas inocultables en la construcción, que han llegado a producir desalojos y traslados urgentes; bloqueos para el seguimiento y control de los fondos públicos por inexistencia de información abierta sobre planes, ejecución y mantenimiento de las obras, contratos y licitaciones; bloqueos para el seguimiento y control técnico-social, a causa de carencia de información sobre las viviendas adjudicadas, beneficiarios, criterios de selección, evaluación de impacto del programa; y alta diversidad de viviendas (25 tipos diferentes), sin homogeneidad en los diseños ni criterios claros para la selección de los terrenos para las construcciones.
La vivienda también ha servido para el enriquecimiento ilícito de los responsables de la Misión Vivienda, algo que se ha reforzado con un cambio legislativo que exime a los contratos públicos con empresas extranjeras de ser sometidos a auditorias. Tablante señala: “Fue así como llegaron a acuerdos en los que se fijó un precio entre 100.000 y 110.000 dólares por vivienda. Según cálculos de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela y de la Cámara Venezolana de la Construcción, las mismas viviendas no costarían más de 45.000 dólares en el mercado internacional. En el caso de los desarrollos gubernamentales que se hicieron en terrenos expropiados con urbanismos ejecutados previamente por el sector privado, el costo sería inclusive menor, calculado por los expertos del sector en 22.000 dólares por unidad”.
El índice de soborno para acceder a servicios públicos se encuentra entre 41% y 50%
Las prácticas poco honestas en la administración y las empresas públicas también afectan los servicios fundamentales para los ciudadanos. El autor del texto recuerda que, tal como señala un estudio de Transparencia Internacional correspondiente a 2016, “se nota con alarma que el índice de soborno para acceder a servicios públicos se encuentra entre 41 y 50%” en Venezuela. Esto tiene una incidencia directa sobre el abastecimiento de corriente eléctrica a los hogares del país.
Finalmente el texto destaca: “A pesar de que el Estado ha invertido cinco veces el equivalente al Plan Marshall en la modernización del sistema eléctrico nacional desde 2010, los venezolanos sufren de constantes racionamientos y cortes inesperados del suministro eléctrico, con graves consecuencias en todas las áreas de la cotidianidad, situación que expertos independientes han calificado como una verdadera tragedia”.
