Daniel Gómez (ALN).- Las cuentas de la petrolera estatal en 2016 desnudan la precaria situación que vive la hasta ahora primera industria de Venezuela. Por si fuera poco, las corruptelas en la compañía hacen aún más incierta su eficacia operativa.
El deterioro de las cuentas de Petróleos Venezuela (PDVSA) -en 2016 ganó un 89% menos que en 2015- no es la única preocupación para la compañía estatal. También lo es la corrupción. La firma que auditó el balance económico de 2016, KPMG, detectó “riesgos de irregularidades (fraude o conducta irregular)” en, al menos, dos contratos de procura de bienes y servicios de PDVSA y otras causas “de menor relevancia” vinculadas con proveedores de obras de servicios.
La petrolera está investigando los casos, pero la consultora insiste en “la necesidad que tiene el Grupo de seguir reforzando sus procedimientos para prevenir, detectar y responder al fraude”. KPMG también alude a investigaciones iniciadas por PDVSA en 2017, investigaciones de ejercicios económicos anteriores aún no concluidas, acusaciones en contra de representantes de contratistas y proveedores, y denuncias y órdenes de detención a directivos y otros funcionarios de PDVSA.
Primer caso: Contratos de procura internacional
La investigación comprende los ejercicios entre 2009 y 2014, periodo que abarca la gestión de Hugo Chávez como presidente de Venezuela y los primeros años de mandato de Nicolás Maduro, quien le relevó en el cargo tras su muerte en abril de 2013. Durante esos cinco años, Rafael Ramírez, hoy embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas (ONU), estuvo al frente de la presidencia de PDVSA.
La estatal indica que fue “víctima de un fraude perpetrado por excontratistas y proveedores, quienes en complicidad con ciertos extrabajadores obtuvieron contratos de procura mediante actos irregulares”. En diciembre de 2015, la Fiscalía para el Distrito Sur de Texas, Estados Unidos, presentó una acusación denunciando violaciones de leyes anticorrupción y contra el lavado de dinero, entre otras corruptelas.
El empresario Rincón Fernández y su socio Shiera-Bastidas se declararon culpables de perpetrar sobornos por más de 1.000 millones de dólares a una filial de PDVSA
A la fecha, son ocho implicados los que se han declarado culpables del fraude. De estos, son dos los nombres que han trascendido, aunque no en el informe auditado de PDVSA. El millonario venezolano Roberto Enrique Rincón Fernández y su socio y paisano Abraham José Shiera-Bastidas se declararon culpables en la Corte de Houston de perpetrar sobornos por más de 1.000 millones de dólares (aproximadamente 850 millones de euros) a Bariven y PDVSA Services Internacional, filiales en Estados Unidos de la estatal.
Lo que sí dice el informe de KPMG es que “PDVSA ha hecho avances significativos” para evitar estos esquemas fraudulentos reforzando los controles. Destaca “el bloqueo de manera preventiva” a las entidades que están en el registro auxiliar de contratistas de PDVSA y que “presentan indicios” de estar relacionadas con las entidades e individuos investigados. También la creación de una instancia para “la verificación y conducción” de las causas investigadas relacionadas con los individuos y empresas fraudulentas.
Además, “para resarcir el perjuicio sufrido” PDVSA quiere que se le reconozca “su calidad de víctima”. En esta línea, la consultora añade en el informe que la compañía ha suspendido los pagos de las empresas acusadas en Houston e identificado activos y bienes de personas relacionadas, autorizando “la interposición de todas las acciones legales correspondientes”.
Como punto a destacar, la estatal “ha identificado activos y bienes de personas relacionadas con estos actos irregulares en varios países y se ha autorizado la interposición de todas las acciones legales correspondientes, tanto civiles como penales, en las jurisdicciones extranjeras que correspondan”.
Segundo caso: Contratos para la Faja Petrolífera del Orinoco
En febrero de 2017, PDVSA emitió la orden de detención de un director y otros funcionarios de la compañía por participar en supuestos fraudes relacionados con la compra de bienes y servicios para la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO). KPMG no habla de fechas en el informe de PDVSA. Se limita a decir que la investigación comenzó cuando la compañía recibió “ciertas denuncias” y recolectó “evidencias obtenidas mediante mecanismos de control internos”.
La investigación la instruye el Comité de Investigación y Control como órgano de apoyo al Comité de Auditoría de PDVSA. Entre los objetivos contemplan la identificación de las transacciones relacionadas a la adquisición de los contratos afectados, las entidades y personas relacionadas con el fraude, así como los mecanismos y modalidades empleadas para cometer las irregularidades. También la ubicación “de las posibles modalidades de fraude, brechas de control y lista de personas de interés” sobre las que recae algún tipo de responsabilidad con los contratos de la FPO.
Otras investigaciones “de menor relevancia”
Junto a estos casos, KPMG indica que, en la primera mitad de 2017, “PDVSA inició otras investigaciones de menor relevancia en las cuales se incluyen los casos públicos vinculados con proveedores de obras de servicios”. La primera investigación se asocia a un proveedor en el área de construcción: “Se identificaron todas las transacciones realizadas con este o sus entidades relacionadas durante los últimos cinco años y se revisaron los procesos de contratación y sus documentos”, señala el documento de la auditora.
Asimismo, añade que “la investigación está en curso”. Hasta la fecha, KPMG no ha identificado indicios “de conductas irregulares” en las transacciones y los procesos de contratación con la empresa, ni algún posible efecto que deba reconocerse en los estados financieros consolidados.
El otro punto sobre el que advierte KPMG está relacionado a la compra de “equipos para facilidades marítimas en el Oriente del país”. El informe precisa que “a principios de 2017 se emitieron órdenes de detención a dos exgerentes y se inició una investigación interna sobre el correspondiente proceso de contratación”. Sin embargo, todavía no se ha identificado un efecto relevante sobre los estados financieros consolidados.
El informe dedica un último apartado a la corrupción en el que PDVSA y KPMG estiman que los procesos llevados a cabo “se extenderán en el tiempo”. Y lo que es todavía peor, “las investigaciones están sujetas a una serie de incertidumbres y el efecto de su resolución final sobre los futuros resultados consolidados de las operaciones”. Lo que puede interpretarse de otra manera: una amenaza a la ya maltrecha situación financiera de la compañía. O como señala la consultora, “la situación financiera consolidada de PDVSA es incierta”. En todo caso, se afirma que “PDVSA no tolera actos de corrupción y continuará investigando y actuando con el propósito de determinar responsabilidades sobre los hechos identificados”.
