Daniel Gómez (ALN).- Este miércoles un relator de Naciones Unidas le dijo a los propietarios de la mina El Cerrejón, en Colombia, que tenían que pausar las operaciones porque dañan “gravemente al medio ambiente y al pueblo indígena wayúu”. A esto se suma que 3.700 trabajadores llevan un mes en huelga, en protesta por las nuevas condiciones que quieren implementar en la mina.
El Cerrejón es una de las minas a cielo abierto más grandes del mundo. Situada en el departamento colombiano de La Guajira, en línea con la frontera de Venezuela, produce más de 32 millones de toneladas de carbón térmico al año, da empleo a buena parte de la costa caribeña y representa el 40% de las exportaciones de carbón de Colombia.
El Cerrejón también es una mina única por su infraestructura. A través de 150 kilómetros de vías férreas, el yacimiento conecta con el puerto marítimo y permite hacer operaciones de hasta 180.000 toneladas de carga.
Para Colombia también es una importante fuente de ingresos. El Cerrejón, propiedad de las mineras Anglo American, BHC y Glencore, ha aportado más de 4.700 millones de dólares al país en impuestos y regalías.
Pero no todo lo que sale de esta mina es bueno. David Boyd, relator especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, pidió al gobierno de Iván Duque el cierre temporal de la mina porque “daña gravemente al medio ambiente y al pueblo indígena wayúu”.
Los wayúu son el pueblo indígena más numeroso de Colombia y Venezuela. Ocupan un territorio de más de 35.000 kilómetros cuadrados entre la frontera de los dos países. Lo que ocurre es que, en la parte colombiana, sus tierras, tierras comunales protegidas, entran en colisión con la actividad de El Cerrejón, operativa las 24 horas del día.
Desde hace más de un año, el pueblo wayúu denuncia que las personas que viven cerca de la mina sufren dolores de cabeza, trastornos respiratorios, tos seca, ardor en los ojos y problemas de visión.
A los problemas de salud se suman los temblores, provocados por las explosiones de la mina; la calidad del aire, cargado de partículas de carbón; y el agua, contaminada por metales pesados y productos químicos que los mineros vierten a los afluentes.
Las quejas del pueblo wayúu no son por capricho, ni forman parte de una campaña contra la mina. Están avaladas por la justicia. En diciembre de 2019, la Corte Constitucional de Colombia ordenó a las autoridades colombianas y a los propietarios de la mina mejorar la calidad del aire y disminuir el impacto de la actividad minera en la comunidad. Medidas que, según el relator de Naciones Unidas, siguen sin tenerse en cuenta. Y esto es un problema especialmente grave en tiempos de pandemia.
“La ciencia es clara: las personas que viven en zonas que presentan niveles más altos de contaminación del aire, como la de los alrededores de la mina El Cerrejón, se enfrentan a un mayor riesgo de muerte prematura por covid-19”, apuntó Boyd este miércoles en un comunicado.
“Llamo a Colombia a implementar las directrices de su Corte Constitucional y a hacer más para proteger a la vulnerable comunidad wayúu”, agregó
Mientras, los operadores de la mina se defienden. “El Cerrejón está comprometida con desarrollar una operación respetuosa del medio ambiente y los derechos de los trabajadores y comunidades vecinas y hacemos esfuerzos permanentes para mejorar en los procesos de debida diligencia que buscan identificar, prevenir y mitigar los impactos generados por nuestra operación, y de compensarlos cuando es necesario”.
Desde la empresa aseguran haber hecho caso a la sentencia de la Corte Constitucional. Explican que desde diciembre la mina “implementa nuevas y mejores medidas para mejorar la calidad del agua, el aire, disminuir niveles de ruido, olores y vibraciones con el fin de evitar afectar la salud y tranquilidad de la comunidad de Provincial [donde vive el pueblo wayúu]”.
Todo esto a pesar de las limitaciones de la pandemia, y de la huelga a la que se han acogido buena parte de los trabajadores. Y este precisamente es otro de los conflictos que golpean a El Cerrejón.
Desde el 31 de agosto, al menos 3.700 empleados de la mina, pertenecientes al sindicado Sintracarbón, no van a trabajar en señal de protesta, por lo que muchas actividades están paralizadas. Desde la empresa quisieron implantar lo que se definió como “el turno de la muerte”, que ampliaba la jornada hasta tres horas para así ahorrarse 1.000 puestos de trabajo. Aunque desde el primer día la empresa manifestó su intención de negociar, y el Ministerio de Trabajo ha estado mediando, siguen sin llegar a un acuerdo. Y esto para la empresa es una sangría: dice que pierde 7.000 millones de dólares diarios por cada día de huelga.
“La compañía está en una situación muy difícil, marcada por una reducción de la demanda, la drástica caída de los precios del carbón y agudizada por la emergencia provocada por el covid-19, lo que nos obliga a transformarnos”, apuntan desde la empresa, que se niega a renunciar al conocido como turno de la muerte.
En defensa de la mina también salió el gobierno de Colombia. Este miércoles, un comunicado del Ministerio de Exteriores dijo que los comentarios y recomendaciones de la ONU “no son admisibles sin que haya elementos suficientes para juzgar la situación. Ahora estamos esperando una respuesta por parte de la organización”.
