Reinaldo Iturbe (ALN).- El llamado G4 (Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo) es el grupo de partidos más grandes de la oposición venezolana. Su respaldo a Juan Guaidó era clave para mantener “la forma” del interinato que inició en enero de 2019.
Pero en la última sesión de la “comisión delegada” de exdiputados esa coalición ha dado un tiro de gracia al gobierno interino. El origen del conflicto es el manejo de activos en el exterior.
El partido Primero Justicia dio inicio hace varios meses a una sistemática campaña para denunciar “malos manejos” de la junta administradora de Monómeros, una empresa venezolana con sede en Colombia. La tolda aurinegra acusa a la junta directiva de Monómeros, hasta hace poco presidida por Carmen Elisa Hernández, de conspiración para entregar el control accionario de Monómeros a la empresa Nitron Group, algo que fue calificado como un intento de “toma hostil”.
Nitron Group es uno de los principales proveedores de Monómeros Colombo Venezolanos S.A., y puso en marcha una estrategia de toma de control conocida en el mercado como “loan to own”, consistente en hacerse a la mayoría del pasivo externo de una compañía en aprietos financieros para luego convertir tales deudas en acciones durante un proceso de insolvencia.
Una comisión delegada de la anterior legislatura controlada por la oposición, que figura como un cuerpo parlamentario de respaldo al gobierno interino, dijo en un polémico informe fechado el 25 de octubre, que “para tomarse el control de Monómeros Colombo-Venezolanos S.A., Nitron Group empezó entonces a hacer a un lado a los demás proveedores de la compañía paraconsolidar su posición como principal acreedor de Monómeros ColomboVenezolanos S.A”, y resonsabiliza directamente a “la presidente de la junta directiva Carmen Elisa Hernández, el gerente financiero, William Otero Gracia, la gerente de contrataciones, Ailyn Paola Herrera, y el contratista Jorge Luis Pacheco”.
El informe agrega que “esta maniobra se ha ejecutado de forma tan evidente, que los señores Otero, Herrera y Pacheco, luego de prestar servicios de alta gerencia para Monómeros, hoy trabajan para Nitron Group y/o Nitromon S.A.S. y /o Nitrofert S.A.S, es decir, el grupo empresarial que se convirtió con su colaboración, en el principal acreedor de Monómeros, con el objeto de lograr su toma hostil”.
«Clima de desconfianza» empresarial
El documento de 56 páginas concluye que “en el esquema para la toma hostil de la empresa Monómeros hay elementos que permiten sostener, de forma razonable, que han participado personas que cumplían funciones gerenciales dentro de la misma, situación que tiene que ser profundamente investigada y que de comprobarse debería tener consecuencias jurídicas en lo civil, administrativo e incluso en el ámbito penal. Asimismo, es pertinente el análisis de la declaración de responsabilidad política de todos los venezolanos implicados en la descripción de hechos. En gran medida, las personas involucradas pudieron haber generado ex profeso un clima de desconfianza, suministrando información errónea y ejecutado maniobras contra los intereses patrimoniales y reputacionales de Monómeros”.
Tal informe fue aprobado por los diputados de Acción Democrática y Primero Justicia. Un Nuevo Tiempo decidió abstenerse y Voluntad Popular, el partido fundado por Leopoldo López, desde luego, votó en contra.
En cambio, un “decreto” de Juan Guaidó para designar una comisión que reestructure Monómeros fue rechazado por nueve votos, entre ellos, los de Primero Justicia y Acción Democrática. Los seis votos a favor fueron de Voluntad Popular y partidos minoritarios, entre ellos Encuentro Ciudadano, fundado por Delsa Solórzano.
Un tiro de gracia
Solórzano dice que es inadmisible que la comisión delegada haya “negado” un “decreto” de Juan Guaidó, que se supone es una decisión “ejecutiva” de un gobierno interino.
Pero lo cierto es que tras la votación en dicha comisión delegada queda claro en el horizonte un asunto: la coalición que respaldaba la fantasía del interinato se ha terminado de quebrar y le han propinado un tiro de gracia.
La oposición acude en este contexto a las elecciones regionales del 21 de noviembre, en la que ya se anticipa una posible catástrofe por la carencia de unidad en corredores electorales clave, la desmotivación de la base opositora y las indefiniciones de la propia dirigencia: el G4 anunció que participaría en el proceso electoral, pero Juan Guaidó y Voluntad Popular hacen campaña para fomentar la abstención, pese a que ese partido tiene candidatos a gobernaciones, concejales, diputados y alcaldes, una contradicción que no resiste el menor de los análisis.
