Daniel Gómez (ALN).- El gas natural, la principal fuente de divisas de Bolivia, no atraviesa un buen momento. Lo advierte la Cepal en su último informe. Desde 2014 la producción está a la baja, y en consecuencia, a la baja están las reservas internacionales. Tampoco hay olvidar que las protestas han golpeado la economía del país.
El expresidente Evo Morales no respetó la democracia, pero su trabajo económico fue bueno si se compara con otros países de la órbita chavista, como Venezuela, Nicaragua y Cuba.
Sin embargo, desde 2014 venía experimentando una tendencia preocupante: la producción de gas natural, motor de la economía nacional, estaba a la baja. Y esto será algo que tendrá que revertir el próximo gobierno del país. De momento el Ejecutivo interino de Jeanine Áñez sigue estudiando una fecha para fijar elecciones.
En el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (Cepal) se observa cómo en los últimos cinco años la producción en Bolivia ha estado a la baja, “acentuándose en el último trimestre de 2018 y continuando durante 2019 con una caída del 22% en los primeros siete meses respecto del mismo periodo del año anterior”.
El gobierno de Evo Morales achacó estas bajadas a una menor demanda de Brasil y Argentina, donde yacimientos como el Presal y Vaca Muerta están surtiendo de hidrocarburos a los dos gigantes de Suramérica.
La producción en Bolivia ha estado a la baja, “acentuándose en el último trimestre de 2018 y continuando durante 2019 con una caída del 22% en los primeros siete meses respecto del mismo periodo del año anterior”.
Con todo, agregó la Cepal que la bajada de la producción ha golpeado el saldo de reservas internacionales de Bolivia “con reducciones que superaron los 1.000 millones de dólares”.
También advirtió que Bolivia atraviesa ahora una situación delicada por las protestas. En consecuencia “ha visto deteriorarse su nivel de riesgo país a raíz de las tensiones políticas y sociales”.
Fuentes conocedoras dijeron al diario ALnavío que las protestas en Bolivia tendrían un impacto superior a 1.200 millones de dólares. Además de los daños a carreteras y edificios, están los ataques a centros de gasolina y gasoductos.
