(EFE).- El Gobierno de Venezuela comenzó un proceso de investigación para depurar la responsabilidad de altos funcionarios en presuntos hechos de corrupción que involucran a la estatal petrolera Pdvsa, una situación que se ha repetido en diversas ocasiones desde, al menos, 2016.
El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, afirmó que hay disposición para «atacar» cualquier acto de corrupción que se presente en cualquier instancia del Ejecutivo, porque -sostuvo- nadie combate este flagelo como el oficialismo.
La corrupción dentro de la petrolera se ha venido investigando en el país, por distintos poderes, al margen del judicial, desde 2016, como la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), cuando fue de mayoría opositora.
Entonces, los parlamentarios antichavistas determinaron que hubo una serie de irregularidades en el manejo de fondos públicos entre 2004 y 2016, que involucran al expresidente de Pdvsa y exministro de Petróleo Rafael Ramírez, quien ocupó el cargo entre 2004 y 2014, por lo que aprobaron hacerle una investigación.
Pero el proceso fue anulado, posteriormente, por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La gestión de Rafael Ramírez
Fue en 2017 cuando hubo un cambio de postura, y la Fiscalía General de Venezuela emprendió una serie de detenciones de gerentes de Pdvsa o de empresas filiales de la petrolera por corrupción.
Además, el fiscal general, Tarek William Saab, anunció una «investigación penal» contra Ramírez, por unos documentos que lo incriminan «directamente» en «operaciones de intermediación de compra venta de petróleo».
Saab señaló entonces que las investigaciones forman parte de las pesquisas que lleva a cabo la Fiscalía sobre la utilización de la Banca Privada de Andorra (BPA) para blanqueo de dinero y que calcula en 4.200 millones de euros.
Sobre este caso, el fiscal también señaló al exviceministro de Energía Nervis Villalobos, actualmente encarcelado en España, a Diego Salazar, primo de Ramírez, y a José Enrique Luongo, estos últimos detenidos en Venezuela desde 2017.
Petición de extradición
Posteriormente, en 2020, Venezuela emitió una solicitud de extradición a Ramírez -que fue rechazada por el Supremo de Italia en enero de 2021-, por el alquiler de un barco extranjero por un monto de 1.175 millones de dólares, para la explotación de gas, pero la nave trabajó a menos de la mitad de su capacidad operativa durante siete años, lo que produjo pérdidas a la nación.
En 2022, la Fiscalía hizo una nueva solicitud de extradición contra Ramírez, acusado de haber robado 4.850 millones de dólares mediante una línea de crédito fraudulenta con la que la estatal Pdvsa hizo 28 pagos a dos fondos en el exterior, sin haber recibido ningún préstamo.
El fiscal señaló que también se solicitaron órdenes de aprehensión contra el exasesor jurídico Juan Andrés Wallis; los empresarios Luis Alberto Anselmi, Ignacio Oberto Anselmi y Leopoldo Betancourt López; y el exdirectivo de Pdvsa Abraham Ortega.
Denuncias que no cesan en Pdvsa
Eulogio del Pino, sucesor de Rafael Ramírez en el cargo, no escapó de las denuncias por corrupción y en 2017 fue detenido y acusado de los delitos de peculado doloso y obstrucción a la libertad de comercio.
En ese momento, de acuerdo con una fuente de la Fiscalía contactada por EFE, también pasaron a juicio otros 12 ex altos cargos de la petrolera que «admitieron los hechos» y declararon ser culpables en una trama de corrupción dentro de la empresa.
Junto a del Pino fue detenido por los mismos delitos Nelson Martínez, otro expresidente de Pdvsa, quien falleció en diciembre de 2018 bajo custodia del Estado y «por complicaciones cardíacas», según informó entonces Diosdado Cabello.
La ONG Transparencia Venezuela ha registrado 127 casos de presunta corrupción o manejo irregular de recursos públicos en Pdvsa o alguna de sus filiales, con lo que se comprometieron, de acuerdo a sus datos, más de 42.000 millones de dólares, en los últimos 20 años.
La Fiscalía, que no siempre anuncia el monto desfalcado, aseguró recientemente que, desde agosto de 2017, han sido descubiertas 31 tramas de corrupción vinculadas a la industria petrolera, lo que ha dejado un saldo de 75 personas condenadas.
