Leticia Núñez (ALN).- “En el caso de Lula da Silva las desavenencias políticas están invadiendo el proceso judicial”, dicen expertos consultados por ALnavío. Se refieren a la guerra judicial que se desató este domingo en Brasil. A la pugna entre jueces que rompió la calma. El magistrado Rogerio Favreto, exafiliado al Partido de los Trabajadores, ordenó la puesta en libertad del exmandatario. Otros tres jueces lo impidieron. El país necesita un poder judicial autónomo y con recursos financieros, humanos y técnicos, dicen los analistas.
Domingo de conflicto judicial en Brasil por la liberación de Luiz Inácio Lula da Silva, condenado y encarcelado por corrupción. Hasta en tres ocasiones un juez de segunda instancia intentó excarcelar al expresidente brasileño. Otros tres magistrados se lo impidieron. La enorme polarización social y política que vive el país suramericano ahora también abarca el ámbito judicial.
El pulso entre magistrados vuelve a poner sobre la mesa la división de opiniones que ha acarreado la prisión del exmandatario. La pugna entre quienes consideran que se está yendo más allá de lo jurídicamente comprensible y quienes creen que Lula da Silva tiene que cumplir la condena impuesta. Dicho de otra manera. El enfrentamiento entre los que hablan de una condena política para evitar que la candidatura de Lula da Silva para las elecciones presidenciales del 7 de octubre salga adelante y los que consideran su prisión como un logro de la lucha anticorrupción en Brasil.
“Es poco grato decirlo, pero yo lo entiendo como una lucha política que pone en entredicho al poder judicial brasileño”, dice Alfredo Rodríguez, director del Máster en Políticas Públicas de Seguridad en la Universidad Camilo José Cela (Madrid), en declaraciones al diario ALnavío.
Según Rodríguez, una de las claves para entender esta pugna es que “la separación de poderes, básica en cualquier democracia, no siempre es cierta. Y ahora, al ciudadano le toca dirimir quién ha sido injusto en este caso, cuando no es su misión. El ciudadano debe confiar en la justicia. Si no, quiebra el estado de Derecho”.
“Con el caso de Lula vemos que las desavenencias políticas están invadiendo el proceso judicial”
En esta línea también se expresa Rogelio Núñez, investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá (Madrid). “Brasil es un país muy dividido. Politizar la justicia siempre es un error. Con el caso de Lula vemos que las desavenencias políticas están invadiendo el proceso judicial. Es decir, hasta la justicia acaba siendo un ámbito de enfrentamiento entre los distintos sectores”, asegura.
Núñez sostiene que uno de los problemas que afectan no sólo a Brasil sino también a buena parte de América Latina es la ausencia de un poder judicial autónomo y con recursos financieros, humanos y técnicos. “Nos encontramos con una justicia muchas veces influida por la política, sin medios y poco institucional. El problema es la escasa institucionalidad”.
Por ello, el docente tiene claro que la guerra entre jueces que este domingo se desencadenó en Brasil a cuenta de la liberación de Lula da Silva es “una nueva muestra de que el camino para tener una institucionalidad fuerte pasa por tener por una justicia autónoma”. Y, por ahora, lamenta, tanto Brasil como Latinoamérica suspenden en institucionalidad democrática.
Basta un dato. Rogerio Favreto, el juez del Tribunal Regional Federal-4 (TRF-4) que ordenó la puesta en libertad urgente de Lula da Silva, fue integrante del Partido de los Trabajadores durante 19 años, desde 1991 hasta el 2010. Además, estuvo en el gobierno de Lula entre 2005 y 2010, según informa el diario Folha de Sao Paulo.
El magistrado negó que su decisión estuviera relacionada con los vínculos que tuvo con el Partido de los Trabajadores de Lula da Silva: “Mi historia de vida es pública y notoria y baso mis decisiones en fundamentos jurídicos que puede ser valorados en otras instancias”, dijo Favreto a BBC Brasil.
Favreto desató la inesperada batalla judicial al ordenar la puesta en libertad urgente de Lula da Silva. Sin embargo, tal decisión no se llegó a ejecutar. El juez Sérgio Moro, responsable del caso Petrobras en primera instancia y quien condenó a Lula a nueve años y seis meses de prisión, dictó un auto en el que cuestionó la competencia del magistrado Favreto. “Es autoridad incompetente para sobreponerse a la decisión conjunta de los jueces del TRF-4 y de la Corte Suprema”, dijo.
Un tercer juez, Joao Pedro Gebran Neto, responsable del caso Lula en segunda instancia, intervino bloqueando también la orden de excarcelar al expresidente.
Pero Favreto insistió en su decisión y sólo unas horas más tarde volvió a decretar la liberación del exmandatario. Dado el conflicto entre jueces, el magistrado Carlos Eduardo Thompson Flores, presidente del Tribunal Regional Federal-4, decidió el domingo por la noche (en la madrugada en España) mantener a Lula en la cárcel.
“Lula da Silva está muerto políticamente”
Al expresidente Lula, quien ha agotado prácticamente la segunda instancia, sólo le queda acudir a los altos tribunales para revertir la condena. Sin embargo, una condena en segunda instancia es suficiente, según la legislación brasileña, para impedir que alguien se presente a unas elecciones. Pese a ello, el Partido de los Trabajadores insiste en la candidatura de Lula para las presidenciales del 7 de octubre.
“Lula da Silva está muerto políticamente hablando”, sentencia Rogelio Núñez. El docente cree que no va a ser candidato “porque la legislación lo impide”. No obstante, considera que Partido de los Trabajadores “está jugando a alargarlo lo máximo posible porque no tienen un plan b”.
“Que Lula esté pagando por algo que supuestamente cometió de manera ilegal es algo positivo”
En este sentido, Núñez agrega: “Cuanto más dure esto, más tardará en consolidarse una figura alternativa a Lula. Quedan tres meses y al candidato le va a costar mucho posicionarse. Va a tener poco tiempo”.
No obstante, Alfredo Rodríguez destaca que esta guerra judicial beneficia a Lula ante sus adeptos “porque un juez dice que el encarcelamiento es ilegal, lo que pone en tela de juicio su condena y eso sirve para crear un mártir judicial y político”. Pero le perjudica entre sus detractores “porque se ve al juez que trataba de excarcelarlo como un político en la carrera judicial que quiere ponerlo en libertad a toda costa”.
Pese a todo, Núñez extrae un mensaje positivo. “El hecho de que Lula esté pagando por algo que supuestamente cometió de manera ilegal es algo positivo. Se deja claro que hasta un presidente poderoso, una figura tan importante como Lula, está pagando por lo que hizo. Manda una señal positiva, que a veces se nos olvida”, destaca.
El Ejército presionó para que Lula entrara en prisión
Otro factor que no se puede obviar es el militar. El día anterior a que el Tribunal Supremo Federal (TSF) tomara su decisión sobre Lula da Silva el pasado abril, un nuevo actor entró en el siempre complejo terreno de juego donde se cruzan la política y la justicia en Brasil. El jefe del Ejército, el general Eduardo Villas Bôas, publicó en Twitter mensajes que se interpretaron como presiones a los magistrados.
En uno dijo: “Aseguro a la nación que el Ejército brasileño cree compartir el anhelo de todos los ciudadanos de repudiar la impunidad y el respeto a la Constitución, la paz social y la democracia, además de vigilar sus misiones institucionales”. Otros altos mandos castrenses respondieron a los mensajes de su superior. Según informó The New York Times, el general Antonio Miotto escribió: “¡¡¡Estamos juntos en las trincheras!!! ¡¡¡Pensamos igual!!! ¡¡¡Brasil por encima de todo!!!”.
El exprocurador general Rodrigo Janot se mostró muy crítico con el mensaje de Villas Bôas: “Esto definitivamente no es bueno. Si es lo que parece, sería inaceptable otro 1964”. Se refería al último golpe de Estado que vivió el país, que dio inicio a una dictadura que se prolongó hasta 1985 (Ver más: La corrupción coloca a Lula da Silva en el mismo calvario de Alberto Fujimori).
El caso Lula
En 2014, la Fiscalía brasileña comenzó a investigar ciertas acusaciones de que los directivos de la petrolera estatal Petrobras habían aceptado sobornos a cambio de adjudicar contratos a empresas constructoras.
La investigación destapó una red de corrupción en la que estaban involucrados políticos de alto nivel de un amplio espectro de partidos. Fue así como Lula da Silva fue condenado por haber recibido un apartamento frente a la playa, como un soborno de la firma de ingeniería OAS para conseguir contratos con una empresa estatal.
Lula da Silva enfrenta otros seis juicios por otras acusaciones de corrupción.
