Ysrrael Camero (ALN).- Hay un consenso general, en Europa y en gran parte del mundo, de que la salida de la crisis económica global derivada de la pandemia requiere de inmensas cantidades de inversión pública, planes de ayuda directa y un Estado activo para estimular el consumo y la producción. En España la aprobación del plan de ayuda directa para las empresas pasa por resolver una nueva diferencia dentro del gabinete. De los 11.000 millones de euros destinados a ayudar a los más afectados por la pandemia, entre 5.000 y 8.000 millones podrían dedicarse a ayudas directas.
La entrega de ayudas directas ha sido una política en los distintos países de la Unión Europea (UE) desde el inicio de la pandemia. España parece estar llegando tarde en esta acción. Alemania ha entregado 10.000 millones de euros, mientras que los Países Bajos han facilitado 15.000 millones, el gobierno de Emmanuel Macron en Francia ha destinado 6.000 millones en ayudas directas a bares y restaurantes, y en Italia las ayudas alcanzaron los 5.600 millones de euros.
La vicepresidenta Nadia Calviño, quien dirige la gestión económica del gobierno, gozando de prestigio e influencia en las instituciones europeas, insiste en demostrar que ya se han venido dando ayudas directas a lo largo de la pandemia, bien sea a través de créditos, de exoneraciones impositivas y de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTES).
Para Calviño todo aquello que alivie la presión económica sobre las empresas, que reduzca sus costos, constituye una ayuda directa, que es asumida por el Estado. De acuerdo con el Ministerio de Economía, en España se han aportado más de 48.000 millones de euros en ayuda pública por medio de este tipo de instrumentos.
La posición de la vicepresidenta económica contrasta, no sólo con la posición de otros miembros del gabinete, especialmente con los provenientes de Unidas Podemos, sino que parece distanciarse de la lectura que tiene el mismo presidente Pedro Sánchez, quien ha convocado una reunión extraordinaria para el viernes 12 con el objetivo de resolver la disputa interna y sacar adelante un paquete de ayudas directas a través de un real decreto cuya aprobación se ha retrasado por las diferencias internas.
Parece estar claro que las ayudas superarían los 5.000 millones de euros, a lo que se agregaría una condonación de deudas por un monto similar, quedando por resolver en qué proporción estas ayudas deberían ser reembolsables o entregadas a fondo perdido a las empresas.
A esta diferencia hemos de agregar la que se refiere a la distribución de los recursos. Mientras Calviño sostiene la necesidad de que sea realizada por las Comunidades Autónomas, enfocándose en los sectores más afectados por la pandemia, otros miembros del gabinete prefieren un manejo de las ayudas por parte del gobierno central, vinculando su acceso al mantenimiento y recuperación del empleo.
Los miembros del gabinete de Unidas Podemos sostienen que el monto en ayudas directas debería alcanzar los 8.000 millones de euros. Parecen estar preocupados por la manera en que la recuperación económica se traslade al mercado laboral, generando empleos y deteniendo el incremento de las cifras del paro, que en febrero superaron los cuatro millones. Por ende, defienden que el manejo de estos instrumentos debería estar en manos del gobierno central, atados al mantenimiento de las nóminas o a un crecimiento en los empleos dentro de las empresas. En ese sentido, Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, ha insistido en que es vital el uso de los recursos públicos para ayudar a las empresas, evitando que la crisis de liquidez se convierta en una de solvencia, lo que podría derivar en quiebras masivas.
En estos aspectos la vicepresidenta Nadia Calviño tiene en la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, una importante aliada. Ambas se muestran preocupadas por los altos niveles de endeudamiento y por la pérdida de credibilidad y prestigio que un crecimiento de los impagos podría generar a España.
La economista gallega, quien fue directora general de la Comisión Nacional de la Competencia antes de desarrollar su carrera en las instituciones europeas, ha sido un factor moderador en la gestión económica, marcando con argumentos técnicos el debate, y mostrando su experiencia como directora de Presupuestos de la Comisión Europea. María Jesús Montero, del PSOE, que coincide con Calviño en su ímpetu moderador, desarrolló su trabajo como consejera de Hacienda y Administración de la Junta de Andalucía, antes de ser nombrada en su cargo actual.
En la propuesta que maneja Nadia Calviño el monto de ayuda para las pequeñas y medianas empresas alcanzaría los 5.000 millones de euros. Probablemente el grueso de estas ayudas estaría destinado a negocios del sector turismo. Existen limitaciones de la Comisión Europea respecto a la cantidad de ayudas directas que pueden recibir las empresas, no pudiendo superar los 10.000 millones de euros.
El plan que se está discutiendo, y que estaría por aprobarse el viernes 12, consta de tres elementos: en primer lugar, las ayudas directas para cubrir los costos fijos de las empresas, como alquileres o suministros; en segundo lugar, la conversión de los créditos ICO (del Instituto de Crédito Oficial) en instrumentos de capital, lo que implicaría algún tipo de restructuración de la deuda empresarial; y finalmente otro tipo de apoyos de capital a las empresas medianas. El monto de cada uno de estos elementos se encuentra dentro de la discusión, debiendo distribuirse los 11.000 millones anunciados por Pedro Sánchez.
La moderación de Calviño
Nadia Calviño ha expresado públicamente su discrepancia respecto a varias propuestas también públicas de Unidas Podemos. Hace casi un año, consideró inoportuno y absurdo plantear el tema de la derogación de la reforma laboral en medio de la pandemia, porque generaría inseguridad jurídica. También se ha mostrado crítica respecto a la propuesta de establecer una limitación rígida a los precios de los alquileres, decantándose por la necesidad de construir más vivienda pública de interés social.
Ha insistido en que la prioridad absoluta es garantizar la recuperación económica, por lo que se hace imprescindible mantener la coordinación del gobierno con el Banco Central Europeo y los otros gobiernos de la UE.
La presión empresarial
Tanto los sectores empresariales como los gobierno autonómicos han insistido en la necesidad de que se agilice el acceso de los recursos para las pymes, para evitar que, una vez vencidos los ERTES, muchas empresas terminen en la quiebra, con la consiguiente pérdida de empleo.
Entre las voces que se han levantado pidiendo ayudas directas se encuentra la de Ana Botín, presidenta del Banco Santander. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) también ha insistido en que se agilice el acceso a los recursos para las empresas.
Las ayudas directas están destinadas a salvar a las pequeñas y medianas empresas hasta que la vacunación masiva permita restablecer la movilidad y el consumo. Si tardan demasiado en llegar las empresas difícilmente podrían aguantar los meses que faltan para conseguir el objetivo sanitario.
