Leticia Núñez (ALN).- La Comisión de Energía y Petróleo analiza la constitución de la compañía mixta Petrosur, que aprobó el Tribunal Supremo de Justicia “usurpando funciones” del Parlamento venezolano. “Viola la Constitución y la Ley Orgánica de Hidrocarburos”, denuncia el diputado Elías Matta. La española Inversiones Petroleras Iberoamericanas posee el 40% de Petrosur.
La faja petrolífera del Orinoco cuenta desde el pasado 10 de julio con una nueva empresa dispuesta a explorar el crudo venezolano. Es, sin embargo, una compañía que ya está bajo la lupa de la Asamblea Nacional de Venezuela. Se llama Petrosur S.A., es una firma mixta, tiene como socia extranjera a la española Inversiones Petroleras Iberoamericanas y su constitución fue autorizada en una sentencia por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sin el visto bueno del Parlamento.
“El dictamen viola el artículo 150 de nuestra Constitución, que dice que todo contrato de interés público con empresas extranjeras debe ser aprobado por la Asamblea Nacional. Viola también la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que en su artículo 33 establece que solo con la autorización de la Asamblea Nacional se puede autorizar la creación de empresas mixtas”, explica el diputado venezolano Elías Matta en declaraciones al diario ALnavío.
Precisamente, Matta es el vicepresidente de la Comisión de Energía y Petróleo que se ocupará del seguimiento a la sentencia del TSJ que, a su juicio, “es inconstitucional desde todo punto de vista”. De momento, el diputado presentó el caso en plenaria y solicitó que la junta directiva de la Asamblea Nacional envíe sendas comunicaciones al ministro de Energía y Petróleo y a la empresa Inversiones Petroleras Iberoamericanas “alertándoles de que ese contrato es nulo”.
“En Venezuela no se quieren hacer rondas de licitación y se entregan a dedo”
Fundada en 2013 por el expresidente de Repsol Alfonso Cortina y propietaria del 40% de Petrosur, Inversiones Petroleras Iberoamericanas tiene su sede en el madrileño Paseo de la Castellana y se creó con un capital inicial de 147.500 euros (aproximadamente 174.500 dólares), según el informe presentado en plenaria por Matta. De acuerdo con una información publicada por el diario Cinco Días, “Alfonso Cortina figuró como presidente, José Ramón Blanco como vicepresidente y consejero delegado, y José Alberto Grande Folgado como secretario y consejero”. La empresa tiene como objeto la adquisición, tenencia, disfrute y enajenación por cuenta propia de toda clase de valores mobiliarios y participaciones sociales de entidades no residentes. No disponen de página web.
“Vamos a investigar el caso”
La convulsa situación política que se está viviendo en Venezuela y el aumento de la confrontación a raíz de la Asamblea Constituyente impulsada por Nicolás Maduro han provocado que este tipo de comisiones “funcionen a poca máquina”. Todavía no han convocado a las empresas para que acudan a la citada comisión, pero Matta es rotundo: “Vamos a investigar el caso”.
En primer lugar, dice, indagarán por qué PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela, y el Ministerio del Petróleo no realizaron una ronda de licitación para explorar el área geográfica de Junín 10, ubicada en la faja del Orinoco, una extensa zona rica en petróleo. “México lo hace, Argentina también, Colombia, Ecuador, Brasil… Extrañamente, en Venezuela no se quieren hacer estas rondas de licitación, sino que se entregan a dedo”, denuncia Matta. Algo que, en su opinión, favorece “que haya muchas posibilidades de corrupción”.
Asimismo, recuerda que “la única forma de entregar contratos a dedo es que exista una emergencia”, que debe estar decretada. “Y no está declarada”, sostiene. Por ello, insiste en que la sentencia del TSJ para la creación de la empresa mixta Petrosur “es completamente violatoria de la Constitución. Es otra grave, inconstitucional e ilegítima usurpación de funciones que de facto hace la Sala Constitucional del TSJ contra la Asamblea Nacional”.
Sala Constitucional del TSJ autoriza la constitución de la Empresa Mixta PETROSUR S.A.https://t.co/ASJPgzU9Me pic.twitter.com/L0kr9sHiNl
— TSJ Venezuela (@TSJ_Venezuela) 10 de julio de 2017
No obstante, Matta aclara que no están en contra de las empresas mixtas. Es más, afirma que sirven para atraer capital extranjero y que “son un proceso importante para mejorar la producción”. Sin embargo, se muestra en desacuerdo “con la forma en la que se ha creado Petrosur”.
Tampoco pasa por alto que la Ley Orgánica de Hidrocarburos exige la presentación del pago de un bono por el campo que se va a gestionar. “Cuando no hay competencia, el bono se fija bilateralmente entre las dos partes. En la sentencia del TSJ aparece que la empresa va a pagar 400 millones de dólares (338 millones de euros). ¿Es el verdadero valor o habría podido ser más?”, cuestiona el diputado.
“El contrato es completamente nulo”
Preguntado por las consecuencias que podría tener la constitución de Petrosur, tras el convenio firmado por Orlando Chacín, como vicepresidente de PDVSA, y José Ramón Blanco, consejero delegado de Inversiones Petroleras Iberoamericanas, Matta no duda: “Cuando se restituya el hilo constitucional en Venezuela y cuando de nuevo en Venezuela se respeten las leyes, ese contrato es completamente nulo. Así de sencillo”.
Es más, el vicepresidente de la Comisión de Energía advierte que los dueños de la empresa española que participa en Petrosur “no pueden salir después y decir que no estaban al tanto”, puesto que, según dice, la Asamblea Nacional emitió un decreto en su momento alertando a todos los países y a todas las empresas extranjeras a no realizar contratos con el Estado sin la debida aprobación del Parlamento. “Todo el mundo está alertado sobre eso”, concluye.
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