Ysrrael Camero (ALN).- El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 fue presentado conjuntamente por el presidente Pedro Sánchez y el vicepresidente Pablo Iglesias, buscando mostrar la solidez de la coalición gobernante de cara a unas negociaciones que prometen ser difíciles, para lograr una aprobación parlamentaria imprescindible, que permita avanzar en la reconstrucción de las redes económicas y sociales españolas debilitadas por la pandemia.
En un momento global caracterizado por la pandemia, la mayor parte de los países democráticos se preparan para masivos planes de expansión de la inversión pública para reactivar el aparato económico estimulando el consumo, fortalecer las instituciones sanitarias y de protección, ahora en el eje de la atención pública, y para evitar la tentación autoritaria que se abre en momentos de crisis colectiva.
En España le ha tocado al gobierno de coalición enfrentar la pandemia, en un clima político caracterizado por el conflicto retórico y la polarización política. Este clima bloqueó la posibilidad de aprobar nuevos presupuestos el año pasado, por lo que todavía se sostienen, prorrogados, los diseñados por el ministro Cristóbal Montoro, aprobados en 2018, bajo el gobierno de Mariano Rajoy.
Muchas cosas han cambiado. En medio de la crisis más profunda que ha sufrido el país durante la democracia y debiendo administrar los fondos europeos, los presupuestos de Montoro se han quedado cortos, casi anacrónicos, para la España de 2021.
Para Pedro Sánchez es imprescindible que se aprueben sus propios presupuestos, que demuestren que la idea de un gobierno progresista tiene expresión en los ejes de la distribución de la inversión pública y en la progresividad fiscal. El carácter progresista o reaccionario de un gobierno tiene expresión presupuestaria, mostrando sus verdaderas prioridades, dejando atrás la dulce retórica de las campañas.
La propuesta progresista: expansión verde
Lo primero a destacar es la prioridad política que se le otorgó a su presentación. No fueron la vicepresidenta económica Nadia Calviño, ni la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, las encargadas de anunciarlo, sino que fueron los voceros con mayor peso político específico, el presidente Pedro Sánchez y el vicepresidente Pablo Iglesias, quienes hicieron la defensa.
Definió el presidente tres objetivos: primero, la reconstrucción post-pandemia; segundo, la modernización del modelo productivo, lo que se vincula con educación, ciencia y tecnología, la transición ecológica y el desarrollo de una economía verde; y tercero, el fortalecimiento del Estado de Bienestar, concebido como patrimonio común, que se expresará en mayor inversión en salud y pensiones.
Estos presupuestos orientan cuatro grandes transformaciones: la transición ecológica, la digitalización inclusiva de la economía, la cohesión social y territorial, y la igualdad de género. Se anuncia una fuerte expansión de la inversión, hasta alcanzar 239.765 millones de euros, que incluyen 27.000 millones procedentes de los fondos europeos.
En materia de cohesión social, se aumentará en 46% la atención a la dependencia, donde se invertirán 700 millones de euros provenientes de los fondos europeos, especialmente dedicados a la mejora de la atención de las personas mayores, pasando del modelo de residencias al de atención domiciliaria. Se anuncia el refuerzo del sistema de cuidados, incluyendo educación para niños de 0 a 3 años, con contratación pública de cuidadores.
Se incrementa la inversión en la formación de los trabajadores, y la modernización de los servicios sociales públicos, actualizando las pensiones al IPC (+0,9%), y las pensiones no contributivas al doble del IPC (+1,8%).
Se aumenta la inversión, en un 70,2%, en el sistema educativo público, elevándose a 5.106 millones de euros, con mayor monto para becas y formación profesional. Se elevan en 250 millones de euros los fondos para becas, previendo una dotación, para cuatro años, de 1.500 millones de euros.
Se incrementa en 151,4% la inversión en sanidad, incluyendo 2.440 millones para la compra de vacunas y el fortalecimiento de la atención primaria. E incluyendo también 60 millones de euros más para la lucha contra la pobreza infantil.
Se fortalece la inversión en infraestructura, las partidas para el apoyo a la industria y a la transición energética, así como ayudas al comercio, al turismo, y partidas para vivienda por 1.772 millones de euros.
Pero este gasto exige una reforma tributaria, para no depender más del endeudamiento externo, que supera el 110% del PIB. La palabra clave acá es la progresividad. Se anuncia la subida del impuesto de sociedades, patrimonio y del IRPF para las rentas altas, incrementándose en 3% el impuesto a nóminas superiores a los 200.000 euros anuales, así como en 2% a quienes tengan una renta de más de 300.000 euros anuales. Se incrementa en 1% el impuesto a los patrimonios superiores a los 10 millones de euros.
Pablo Iglesias anunció que la regulación de los alquileres, que había sido un punto de honor para Unidas Podemos (UP), sería objeto de una legislación específica a desarrollarse posteriormente.
Este proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 marca una línea de continuidad con otros tres documentos clave: en primer lugar, con el acuerdo de coalición PSOE-UP firmado el 30 de diciembre de 2019, en tiempos previos a la pandemia; en segundo lugar, con el dictamen parlamentario de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, del 3 de julio de 2020; y, en tercer lugar, con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, presentado por el presidente Pedro Sánchez el 7 de octubre pasado.
La propuesta del gobierno ante las Cortes
Este es el programa, toca bajarlo a la realidad, y es allí donde se inicia la discusión parlamentaria. Es el debate sobre el presupuesto uno de los momentos más realistas de cualquier administración, debiendo negociar cada punto con las fuerzas parlamentarias presentes tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, que en España tiene un rol más débil que en otros regímenes.
Deberán el PSOE y UP desplegar su capacidad de negociación, incluso dentro de una mayoría de investidura que tiene dentro al PNV y a ERC, que solicitarán tratos especiales para el País Vasco y Cataluña. El cambio de tono del secretario general del Partido Popular (PP), Pablo Casado, tornando al centro, así como el retorno de Ciudadanos a la política de conciliación, abren un margen de maniobra. Pero el PP y Vox ya hicieron público su rechazo. La primera votación en el pleno del Congreso podría darse entre el 19 y el 26 de noviembre. Ahora es que empieza el debate real.
