(EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que su país obligó a Guyana a dialogar sobre la disputa que ambas naciones sostienen por un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados «a punta de votos», luego de que se celebrara, el pasado 3 de diciembre, el referendo unilateral en el que los venezolanos aprobaron hacerse con el control del área.
En una reunión con miembros de la Asamblea Nacional (AN/Parlamento), el mandatario afirmó que el diálogo binacional que tuvo lugar en San Vicente y las Granadinas el 14 de diciembre, cuando él y su homólogo de Guyana, Irfaan Ali, se comprometieron a no amenazarse mutuamente, fue consecuencia de la consulta pública promovida en Venezuela.
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«Eso (el referendo) nos permitió tener una fortaleza muy grande y, sobre la base de esa fortaleza, ir a San Vicente y las Granadinas el 14 de diciembre y lograr un gran acuerdo, el acuerdo de Argyle, y obligar al Gobierno de Guyana a sentarse cara a cara como se negaba. Lo obligamos a punta de votos, con el referendo del 3 de diciembre», dijo el jefe de Estado venezolano.
«Guyana no actúa como una República»
Agregó que este evento electoral permitió al Gobierno tener «una gran fuerza de consenso en la defensa de los derechos históricos de la Guayana Esequiba», como denominan los venezolanos a la zona disputada.
Además, insistió en que «el Gobierno de Guyana no actúa como una República» y, en cambio, se mantienen siendo «una colonia de los británicos, bajo el mandato de los gringos».
Maduro alerta: «No se equivoquen»
Aseguró que, aunque Venezuela es «pacifista», se mantendrá activa en la defensa del territorio que sigue en disputa.
«No se equivoquen con Venezuela, se los digo suavecito, no se equivoquen con el pueblo que vio nacer a los grandes libertadores de América (…) Pacifistas, pero sabemos defender lo nuestro», aseveró.
Durante la reunión entre Maduro y los miembros de la AN, el presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, aseguró que la Cámara retomará mañana el debate de la ley de anexión de la Guayana Esequiba, al que los diputados dieron un primer visto bueno en diciembre, días después del referendo.
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