Antonio José Chinchetru (ALN).- Grandes filántropos de Venezuela, Argentina, Bolivia y Colombia debaten en Madrid sobre responsabilidad social corporativa. Defienden que gestionar con criterios contables “es la única manera de saber lo que tenemos que cubrir en términos de pobreza”.
Tres responsables de grandes ONG vinculadas al mundo empresarial y uno de la acción social de una entidad financiera se dieron cita en el I Congreso Iberoamericano para Presidentes de Compañías y Familias Empresarias del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi), celebrado la semana pasada en Madrid. La presidenta de la Fundación Juanfe de Colombia, Catalina Escobar; la presidenta de la Fundación Educando de Argentina, Bettina Bulgheroni; la cofundadora de Venezuela sin Límites y Unidos en Red, Mireya Cisneros; y el presidente del Directorio del Banco Mercantil Santa Cruz, Danko Zuazo, participaron en el debate ‘Del compromiso a la acción social’. Moderó la mesa el presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Cabiedes.
De Cabiedes recordó que, según revela un informe de Deloitte para la Fundación SERES, 77 de las 140 principales empresas españolas suman 120.000 empleados con activos en Responsabilidad Social Corporativa (RSC), con una cifra de beneficiarios directos que llega a los 15 millones.
77 grandes empresas españolas destinan 380 millones de euros a RSC en el extranjero, principalmente en Latinoamérica
Añadió que la inversión de estas compañías en RSC es de 741 millones de euros (aproximadamente 877 millones de dólares), de los cuales 380 millones de euros (450 millones de dólares) se invierten fuera de España, principalmente en Latinoamérica. A continuación, preguntó a los ponentes si se debe abordar estos asuntos con criterios contables, de medición. La respuesta fue positiva casi de forma unánime.
Por su parte, Escobar dijo que “la única manera de avanzar” es teniendo lo que se llama un ‘ROI (retorno de la inversión) social’, sin lo cual es imposible crecer. Señaló que la Fundación Juanfe está presente en tres países latinoamericanos y que ha sido la medición del impacto lo que ha hecho posible que se vean resultados. Bulgheroni se mostró “totalmente de acuerdo”, y señaló que la Fundación Educando tiene un certificado de calidad ISO 9.001 para hacer el control de la gestión. Asimismo, reconoció que algo así es muy caro para numerosas ONG, pero considera que quienes sí lo puedan hacer “seguramente consiguen muchos beneficios”.
En opinión de Cisneros, gestionar con criterios contables y con medición “es la única manera de que sepamos lo que tenemos que cubrir en términos de pobreza”. Agregó que “un problema que tenemos son las nuevas tecnologías, cómo cuantificamos el efecto de las redes sociales y de la comunicación”.
La única voz discrepante fue la de Zuazo. El presidente del Directorio del Banco Mercantil Santa Cruz recordó que las entidades financieras están obligadas a publicar una memoria anual con todas las cifras y la gestión de la firma. Añadió, sin embargo: “Creo que nadie lo lee, es un libro que es una formalidad”. Para él, “el retorno de inversión es cuando hablas con una persona para la que has logrado hacer algo que le ha cambiado. No es un valor económico, es un valor humano. Ese libro de datos, de estadísticas, es importante. Pero la diferencia la ves hablando y tratando de hacer una diferencia”.
Colaboración público-privada
El moderador de la mesa también planteó el papel del sector público y la colaboración con el privado. Recordó que, en España, “con certeza la cifra (de inversión) pública es infinitamente inferior a la del empresariado en su conjunto. Pero también es verdad que la colaboración con la Administración es muy importante”.
Zuazo se mostró escéptico, al menos en lo referido a su país: “En Bolivia el sector público tiene una agenda diferente. Como sector privado, nuestro rol es tal vez mantener nuestro camino en lo que pensamos, educando en los valores y no con una agenda política. Tratar de hacer una diferencia, aunque sea pequeña”. Sostuvo que “el sector público puede hacer una diferencia mucho más grande, principalmente en Educación, pero con agendas que no son siempre las mismas que las nuestras”.
Mireya Cisneros: “Los empresarios tienen un impacto importantísimo en el desarrollo de cualquier proyecto social”
Mientras, Bulgheroni señaló que el sector público suele percibir a las ONG “como una amenaza”. Y añadió: “Muchas veces ven que estamos compitiendo con lo público o que somos denunciantes de lo que falta o de lo que no se hace”. Por ello, la presidenta de la Fundación Educando hizo un llamamiento: “Tenemos que tratar de hacer una alianza, porque el sector público te allana el camino para llegar a sectores donde no puedes llegar solo”.
En este sentido, Escobar manifestó que su mayor deseo “es influir en las políticas públicas”. También apuntó que “los gobiernos tienen que ser facilitadores, pero si uno no demuestra el impacto es imposible decirle a un gobierno cómo hacer las cosas, porque muchas veces es impopular”. En su opinión, “los gobiernos deben abrir un debate a quienes somos operadores eficaces y eficientes”.
Por su parte, Mireya Cisneros defendió que “las alianzas tienen que ser tripartitas: la Responsabilidad Social Corporativa con la sociedad civil organizada y con el sistema del Gobierno”. Sostuvo que “el Gobierno tiene la responsabilidad de resolver los problemas sociales. Nos cobra impuestos, tiene que invertir bien. Y nosotros tenemos que involucrarnos como sociedad civil y como empresarios”.
Asimismo, la cofundadora de Venezuela Sin Límites explicó: “Los empresarios tienen esa capacidad de saber gerenciar, y tienen un impacto importantísimo en el desarrollo de cualquier proyecto social. Y la sociedad civil organizada tiene el conocimiento de las poblaciones y de las causas”.
Y concluyó apuntando: “La alianza público-privada es fundamental. Si no sale por voluntad del Gobierno, debe procurarse por parte de la sociedad civil”.
