Redacción (ALN).- El magistradoespañol Alejandro Abascal evalúa el embargo de 5,7 millones de dólares (4,9 millones de euros) de la Fundación Ayacucho, una firma ligada al entorno de Raúl Morodo, exembajador de España en Venezuela.
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El juez que investiga el patrimonio del exembajador incorporó la causa el resultado de una comisión rogatoria librada a Suiza en relación a toda la información bancaria que dispusiera de esta firma.
Según voz populi, el objetivo es acotar el destino final de los presuntos pagos millonarios y sin justificación aparente que el entorno del exdiplomático canalizó procedentes de estatal venezolana PDVSA.
En la causa se investiga el presunto cobro de 4,5 millones de euros de PDVSA por parte del hijo de Morodo mediante supuestos contratos falsos de asesoría legal suscritos con la petrolera entre 2012 y 2015, cuando su padre ya no estaba al frente de la embajada en Venezuela.
El dinero presuntamente se blanqueó después mediante una compleja trama de sociedades creadas por el hijo y otros investigados, entre ellos la mujer de Morodo, y dos socios venezolanos.
Uno de ellos, Juan Carlos Márquez, se suicidó en 2019 tras declarar ante el juez, y el otro, Carlos Prada, ha sido llamado también a declarar.
