(EFE).- El empresario uruguayo Ernesto Colman, exdueño de la compañía Vitaldent, será juzgado por la supuesta comisión de «fraudes masivos» durante años y estafa a los franquiciados de las clínicas odontológicas abiertas bajo ese nombre, según propone un juez español.
Tras siete años de investigación, el magistrado Manuel García Castellón, de la Audiencia Nacional de Madrid, procesó a Colman y a casi medio centenar de personas más por delitos como pertenencia a organización criminal, estafa, apropiación indebida y blanqueo, según el auto al que tuvo acceso EFE.
Entre los procesados destaca Colman, que pasó 15 meses en prisión preventiva por esta causa, y su «apoderado de confianza» en varias empresas, Bartolo Conte, a quienes el juez sitúa al frente de una «estructura organizada» desde 2005 hasta que comenzó la investigación, según el auto, contra el que cabe recurso.
El empresario uruguayo puso en marcha en 1991 en Madrid una red de clínicas con la marca Vitaldent, que convirtió en franquicia, un sistema pionero al que se sumaron decenas de odontólogos que abrieron consultas en toda España bajo este nombre.
Sin embargo, según el juez, Colman «creó un modelo abusivo» que perjudicaba a los franquiciados, a los que les obligaba a utilizar productos con sobrecoste, por ejemplo las coronas dentales, pero beneficiaba a su organización, ya que era la que se encargaba de los suministros.
García Castellón destaca también la existencia de una supuesta contabilidad B que generaba «grandes cantidades de dinero opaco fiscalmente» pues cada clínica podía generar en «B» la cantidad mensual elegida, debiendo entregar «el 10% de lo ‘ennegrecido’ a la organización».
Con esta estructura, Colman habría contratado con profesionales de España, Italia, Polonia y Portugal «condiciones que le permitían obtener grandes beneficios».
Este caso surgió de una denuncia de los franquiciados de Vitaldent. En octubre de 2021 el juez archivó la causa, al considerar que no había quedado acreditada la estafa, pero dos meses después la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revocó esa decisión, al entender que concurrían «sólidos indicios» delictivos.
