(EFE).- La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el oficialismo, pidió este miércoles al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) proteger el referendo sobre el Esequibo del 3 de diciembre, promovido por el Gobierno, en el que se preguntará a los ciudadanos si están o no de acuerdo con anexionarse el territorio en disputa con Guyana.
El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, solicitó a la presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, proteger «un evento que representa el sentir unánime del pueblo de Venezuela», en alusión a esta consulta no vinculante, que no supondrá en sí misma ningún cambio en los casi 160.000 kilómetros cuadrados disputados, sobre los que el país no ejerce control desde 1899.
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«Vinimos a solicitar un amparo para defender nuestros derechos constitucionales, nuestros derechos políticos, nuestros derechos humanos, nuestros derechos a elegir», explicó Rodríguez, tras recordar que la Constitución establece el derecho a opinar en referendos sobre «asuntos de especial importancia».
Según dijo, «todos los venezolanos» apoyan el proceso del 3 de diciembre, el que la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), ve como un intento «partidista» de «sacar provecho político» por parte del Ejecutivo.
El rechazo a la solicitud de Guyana sobre el referéndum sobre el Esequibo
Asimismo, repudió que Guyana haya solicitado a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) tomar medidas provisionales para frenar la consulta venezolana hasta que el tribunal, que se declaró competente para decidir en esta controversia, dicte una sentencia al respecto.
«Venimos a la Sala Constitucional para que cuide el referendo constitucional, para que lo ampare de esa barbaridad, de ese exabrupto», insistió el líder legislativo.
Venezuela advirtió este miércoles a la CIJ que «no reconoce su jurisdicción» para resolver la disputa territorial sobre el Esequibo y alertó de que «nada va a impedir» el referendo.
Hasta el momento, ni Venezuela ni Guyana han planteado la opción de que sean los propios esequibanos, que rondan los 125.000, los que decidan sobre su pertenencia a uno u otro país, o elijan mantenerse como territorio independiente y soberano.
