Redacción (ALN).- El político Jhonnathan Teodoro Marín Sanguino tiene orden de aprehensión en su país, Venezuela, por supuestos hechos de corrupción ligados a la estatal PDVSA, que alguna vez fue el motor de la economía del país sudamericano.
Pero los señalamientos contra Marín no le impidieron hacer negocios con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México en el marco de la llamada «Cuarta Transformación», un plan con el que el presidente mexicano espera renovar su sociedad.
«Tras girarse orden de captura en su contra en 2019, el político venezolano huyó a México, en donde su esposa creó la empresa Neurova Life S.A de C.V, la cual recibió en marzo del presente año un contrato por 817.000 pesos (casi 41.000 dólares) para abastecer 361.000 cubrebocas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de acuerdo con una investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI)», señala un reporte del diario Reforma.
La misma nota indica que, además de Neurova Life, la esposa de Marín creó casi simultáneamente otras dos empresas donde figura como socia, una que incluye también la comercialización de medicinas e insumos hospitalarios y otra enfocada en equipos y servicios para actividades petroleras y mineras.
ABANDONA VENEZUELA EN 2017
Jhonnathan Marín fue dos veces electo como Alcalde de Guanta, en el oriental estado de Anzoátegui, en 2008 y en 2013. En 2017 renunció y salió del país.
Guanta, junto con las ciudades de Barcelona, Puerto La Cruz y Lechería, forman una zona conurbada con más de 1.2 millones de habitantes y tiene relevancia económica por ser la sede de un puerto internacional.
Sobre Marín Sanguino ya pesaba una orden de aprehensión girada el 4 de febrero del mismo año por un juzgado penal del área metropolitana de Caracas, por los delitos de peculado doloso impropio y asociación para delinquir, y en marzo se le dictaron medidas que incluían la incautación de bienes y propiedades y bloqueo de cuentas. Se le acusa de participar en un esquema de corrupción contra Petróleos de Venezuela (PDVSA) a través de contratos a «empresas de maletín» o de papel, según investigaciones del Ministerio Público venezolano.
