María Rodríguez (ALN).- El presidente de Colombia, Iván Duque, devuelve la Ley de Justicia Especial para la Paz al Congreso con seis objeciones. Considera que “no garantizan la aplicación de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición” acordados. Pese a las objeciones y a que era una de sus grandes promesas electorales, Duque no lo tendrá fácil porque carece de mayoría en la Cámara.
Una de las promesas más repetidas en campaña electoral por el presidente colombiano Iván Duque era que “corregiría” aspectos puntuales de los acuerdos de paz con las FARC cuando llegara al poder. Seis meses después, está un paso más cerca de conseguirlo. Duque no sancionó este domingo la Ley de Justicia Especial para la Paz (JEP), justicia transicional en marcha desde comienzos de 2018 y que se aplica para investigar y juzgar a quienes participaron en el conflicto armado colombiano.
Lo que hizo Duque fue devolver la ley al Congreso colombiano con seis objeciones en seis artículos (de 159) por considerar que “no garantizan la aplicación de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición” que forman parte del acuerdo firmado con la antigua guerrilla. Así lo explicó el presidente colombiano en una alocución en cadena nacional de radio y televisión. E invitó al Congreso a que debata las objeciones “constructivamente”.
Lo que hizo Duque fue devolver la ley al Congreso colombiano con seis objeciones en seis artículos
A pesar de las objeciones y de la promesa electoral, Duque no tiene fácil conseguir estas modificaciones porque carece de mayoría en la Cámara para llevarlo a cabo. Eso sí, admite que respetará “las decisiones finales sobre las objeciones y el proyecto de reforma constitucional que tome el Congreso”.
Para María Jimena Duzán, periodista y columnista de la revista Semana, las objeciones pueden hacer que “la guerra” en Colombia se “reactive”. En su última columna, Duzán advierte que “muchos exguerrilleros, ante esta incertidumbre y falta de seguridad jurídica, infortunadamente van a volver a las armas”.
En una reciente entrevista con el diario ALnavío, Duzán criticó, como también lo hizo el editorial de Semana y de otros medios colombianos como El Tiempo, que Duque esté descuidando la política nacional por ser líder regional en la cruzada contra Nicolás Maduro. “Mientras Duque defiende la democracia en Venezuela, hace lo contrario en Colombia”, al no implementar los acuerdos de paz con las FARC. “Un plan de desarrollo” que -afirma Duzán- hará más por la economía del país que el final de Maduro.
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La Ley de Justicia Especial para la Paz fue aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes en 2017. Posteriormente recibió el visto bueno de la Corte Constitucional, con lo cual el único trámite que le faltaba (pese a que ya se estaba en marcha) era la sanción presidencial, pero el mandatario decidió objetarla parcialmente.
Según recoge la agencia EFE, las objeciones buscan definir la obligación de los victimarios (homicidas) de reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado, aclarar las competencias de la justicia ordinaria, inclusive en los casos de extradición, y definir la atribución del Alto Comisionado para la Paz de verificar la lista de quienes se acogen a esta justicia transicional.
Igualmente, con las objeciones Duque pretende garantizar la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra “en relación con quienes no son máximos responsables” para que no haya impunidad; la exclusión “de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes” de la justicia transicional y la pérdida de beneficios de “quien reincida en las actividades criminales”, tal como expresó en la alocución.
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“Los colombianos debemos tener claro la importancia de precisar que los victimarios deben adelantar una reparación material con sus bienes y activos que satisfaga a las víctimas. Es lo mínimo que Colombia espera”, manifestó el presidente al referirse al objeto central de sus objeciones.
Igualmente, Duque considera “conveniente definir con mayor precisión cuándo y bajo qué circunstancias las investigaciones contra personas sometidas a la JEP se suspenden en la Justicia ordinaria”, esto con el fin de evitar impunidad “y garantizar el derecho a la verdad de las víctimas”.
Según informa el diario El País de Madrid, hasta el momento, la JEP ha abierto siete grandes procesos. En la actualidad, 11.700 personas se han sometido a esta jurisdicción, de las cuales poco menos de 10.000 son exguerrilleros de las FARC y casi 2.000 son militares.
