(EFE).- El Tribunal de Cuentas de España investigará el rescate financiero de la aerolínea Plus Ultra, que cuenta con un capital social mayoritariamente español aunque algunos miembros del accionariado son venezolanos o tienen doble nacionalidad española-venezolana. Con motivo de la pandemia, el Gobierno español autorizó en marzo de este año el rescate financiero de la aerolínea por 53 millones de euros (64 millones de dólares) en una ayuda de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
El Tribunal de Cuentas, que fiscaliza la actividad económico-financiera del sector público español, investigará ahora este rescate tras tramitar una denuncia del partido Ciudadanos (liberales), informaron este martes fuentes del tribunal.
La ayuda, concedida en marzo pasado, procede del Fondo SEPI de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas castigadas por la covid-19. Ha sido defendida por el Gobierno, que dirige el socialista Pedro Sánchez, y cuestionada fuertemente por la oposición de derechas.
Según un auto conocido también hoy, el Tribunal Supremo ha rechazado una querella del partido de extrema derecha Vox contra Sánchez y las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y de Industria, Reyes Maroto, sobre la concesión de estos fondos a Plus Ultra.
El TS argumenta que los hechos no presentan indicios de la comisión de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, pues la querella se basa en la mera publicación de informaciones en los medios de comunicación, lo que no puede justificar, sin más, la apertura de un procedimiento penal.
El Tribunal de Cuentas, por su parte, dará traslado de la cuestión denunciada por Ciudadanos a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado para que analicen si hay indicios de responsabilidad contable en el rescate de la compañía área.
Ciudadanos presentó la denuncia el 7 de junio «contra el escándalo del rescate millonario e injustificado de la aerolínea».
Este partido se basa en un «presunto menoscabo» de los fondos públicos, pues considera que Plus Ultra no reunía los requisitos, «no era ni estratégica ni viable».
En abril, Plus Ultra aseguró que sí cumplía las condiciones del rescate, con vuelos a varios destinos en Latinoamérica, y negó que estuviera operando vuelos humanitarios a Caracas en forma de monopolio.
Negó también que tenga vinculación alguna «con el chavismo u otros regímenes políticos», tal como había sido acusada por partidos de la oposición española.
Reiteró que el capital social de la compañía es mayoritariamente español y también lo es su consejo de administración, si bien algunos miembros del accionariado son venezolanos o tienen doble nacionalidad española-venezolana.
