Daniel Gómez (ALN).- PGC Developers, conformada por empresarios e inversores venezolanos, era la sociedad promotora de un megaproyecto inmobiliario en Panamá. Por casi cinco años trabajaron para que el gobierno del ya expresidente Juan Carlos Varela les aprobara los permisos ambientales. No lo hizo. Y no sólo eso. En el último minuto, decidió cambiar de promotor: un grupo de inversores panameños a los que rápidamente les aprobaron los permisos. PGC Developers califica esta decisión del gobierno de Varela de “sospechosa” y “fortuita”. También habla de “favoritismo”…
Panama Global City es uno de los proyectos inmobiliarios más ambiciosos del país. Contempla una superficie de 570 hectáreas situada a dos kilómetros del Aeropuerto Internacional de Tocumen en la que se construirán centros logísticos, áreas tecnológicas, comercios, parques, hoteles, casas…
Un megaproyecto de 4.000 millones de dólares de inversión, que daría trabajo a más de 2.000 personas, y cuya sociedad promotora, PGC Developers, la conformaban inversores y empresarios latinoamericanos, algunos de ellos venezolanos, supo el diario ALnavío.
Todo cambió en mayo de 2019. Cuando el gobierno del ya expresidente Juan Carlos Varela solicitó un cambio de promotor y eligió al Grupo Aliado de Inversores, un consorcio de inversores panameños cuya junta directiva la conforman miembros de la familia Arauz de Penomé.
“Esta aprobación apresurada y a favor de la nueva sociedad de origen panameño denota la preferencia y favoritismo hacia un apellido en específico reafirmando que el antiguo gobierno se caracteriza por tomar decisiones calculadas y mal intencionadas que sólo favorecerán a unos pocos”, apuntó PGC Developers en un comunicado.
El problema con los humedales
El punto principal de la denuncia es el favoritismo, aunque también se alerta cómo el gobierno de Varela demoró la concesión de permisos a PGC Developers.
Cabe destacar que la promotora trabajó para el proyecto casi cinco años. En ese tiempo se volcó, convocó a inversores y empresas, los comprometió, a través de cartas, a través de firmas, y también, a través de inversiones. Concretamente, “una inversión significativa para el desarrollo de los estudios y trámite de los permisos necesarios”.
Este último detalle es clave. A dos kilómetros del territorio de Panama Global City se encuentra el humedal Bahía de Panamá, que es un área protegida. Si bien la superficie del proyecto no se solapa con el humedal, los estudios ambientales de la promotora advirtieron sobre riesgos. Riesgos que se podían resolver.
Según el estudio, parte de los suelos donde se asentará la obra son espesos y arcillosos. Con “cierto grado” de inundabilidad. Esto era un problema con solución, rellenar los suelos hasta que terminaran de asentarse. Cabe destacar que estos detalles se conocen gracias a un reporte de La Prensa de Panamá publicado en noviembre de 2015.
En el comunicado, PGC Developers explica que los estudios ambientales fueron presentados el 29 de agosto de 2016 a la cartera de Ambiente, en manos del ministro Emilio Sempris, para que los aprobara. El problema es que siempre “les dieron largas”.
“Durante casi tres años se realizó un seguimiento constante a la solicitud de aprobación del estudio de impacto ambiental y se presentaron cartas en el Ministerio del Ambiente manifestando preocupación por los atrasos relacionados a dicha aprobación. Desde el 22 de septiembre de 2017 el Ministerio del Ambiente reafirmaba al promotor que el proceso estaba en etapa de decisión, siendo esta la fase previa a la Resolución Ambiental”, señaló PGC Developers.
Favoritismo e indefensión
Entonces llegó mayo de 2019 y la decisión del gobierno de Varela de cambiar de promotor y entregar el consocio al grupo de los Arauz, quienes “fortuitamente” logran la aprobación de los estudios ambientales. Lo que los primeros no consiguieron en años, los segundos lo lograron en meses. ¿Por qué?
“Esta aprobación apresurada y a favor de la nueva sociedad de origen panameño denota la preferencia y favoritismo hacia un apellido en específico reafirmando que el antiguo gobierno se caracteriza por tomar decisiones calculadas y mal intencionadas que sólo favorecerán a unos pocos”, apuntó PGC Developers.
Una de las grandes promesas de Panama Global City es la de complementar la actividad del Aeropuerto de Tocumen como el gran centro logístico de América Latina. Aquí es importante destacar, y así lo hace PGC Developers, que las tierras del aeropuerto son propiedad de Jorge Alfredo Arauz. De los mismos Arauz que controlan la nueva promotora. Por eso hablan de favoritismo.
El otro punto de la denuncia es que se hallan indefensos. “Es importante destacar que además de los inversionistas extranjeros que confiaron en Panamá a través de PGC Developers y quienes quedan totalmente desprotegidos frente a esta decisión, quedan afectados también los profesionales y sociedades extranjeras de gran prestigio que prestaron asesoría e intervinieron en la elaboración del mencionado estudio y del proyecto”.
PGC Developers explica que algunos sus socios ya llevaron el caso a los tribunales, presentando demandas “contra la empresa por incumplimiento de pagos por varios millones de dólares, pues al aprobar el cambio de promotor y el estudio, el ministerio, a manos del gobierno saliente y por una decisión totalmente desapegada a la ley, los ha dejado en una posición de total indefensión”.
Por lo anterior, PGC Developers hace un llamado al nuevo gobierno de Panamá, liderado por Laurentino Cortizo. Pide que revisen “minuciosamente” su denuncia “para no avalar un acto que claramente luce sospechoso, acostumbrados como estamos a que a la salida de las administraciones gobernantes se tomen decisiones apresuradas y cuestionables”.
