Pedro Benítez (ALN).- El enfrentamiento público entre el presidente Luis Arce y su antecesor Evo Morales ha dado un nuevo salto esta semana. El pasado domingo el mandatario boliviano acusó en un mensaje televisado a su antiguo mentor de fraguar un “intento de golpe de Estado”, trabajando con empeño digno de mejor causa a que a su gobierno le vaya mal para aparecer como un “salvador” del país y así “permanecer en el poder otros 14 años o más”.
Afirmaciones hechas como respuesta a la movilización anunciada por Evo y sus seguidores bajo el lema “salvar a la patria”, a la que seguiría un bloqueo de caminos a nivel nacional. La caminata de 187 kilómetros, liderada por el expresidente desde la localidad de Caracollo, en la región andina de Oruro hacia La Paz, sede del Ejecutivo boliviano, efectivamente se encuentra en pleno desarrollo, con el respaldo de más de 5 mil mineros, campesinos, obreros e indígenas que acusan a Arce de “traidor”, “dictador” y “títere del imperio”.
Sin embargo, el día de ayer se vio interrumpida por enfrentamientos violentos con un grupo de fieles a Arce, cuando se encontraba a unos 131 kilómetros de su destino final. En medio de las pedradas y petardos que intercambiaba los dos bandos, y con más de 2o heridos de por medio, Morales optó por abandonar la movilización arguyendo que la misma no se convocó para apoyar su candidatura presidencial: “La marcha no es del Evo, es del pueblo”, posteó en la red social X.
«Con Evo o sin Evo”
No obstante, aseguró que “La marcha es imparable, la marcha va a continuar, con Evo o sin Evo”. El martes ocurrió el primer choque cuando unos 500 arcistas intentaron bloquear la caminata, pero los seguidores del ex mandatario, muy superiores en número, los golpearon e hicieron escapar.
Como es de suponer, desde el gobierno de Arce se ven las cosas de una manera muy distinta, insistiendo en que el verdadero objetivo de Morales no es otro que el de conseguir su cuarta candidatura presidencial. En ese sentido, el ministro de Justicia Iván Lima, anunció la apertura de un proceso penal contra el ex mandatario, por supuestas acciones delictivas y la canciller Celinda Sosa denunció en sus redes sociales que: “Un nuevo golpe de Estado se está gestando en el Estado Plurinacional de Bolivia, dirigido por el expresidente Evo Morales, con el propósito de acortar el mandato del presidente Luis Arce y habilitarse una vez más como candidato, pese a que la Constitución Política del Estado se lo prohíbe”.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, va más allá, calificando la movilización como “la marcha de la muerte”, y asegurando que su propósito concreto busca la renuncia tanto de Arce como del vicepresidente David Choquehuanca, a fin de que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, dirigente cocalero y politólogo de 35 años, aliado de Morales, asuma el Gobierno y convoque nuevas elecciones para habilitar a este de manera inconstitucional.
El enfrentamiento
Distanciados desde fines de 2021, el enfrentamiento entre los dos dirigentes se profundizó en el transcurso del año pasado en la disputa por controlar la dirección nacional del MAS, principal partido del país. El enfrentamiento entre las facciones, que ha llegado hasta la violencia física, pasó de ser un conflicto interno de ese espacio político a arrastrar en la diatriba a las instituciones nacionales y como vemos, a la propia gobernabilidad de Bolivia. Los seguidores de Evo acusan al Tribunal Constitucional de coludirse con Arce y la oposición de derecha a fin de bloquear la aspiración de su líder, a quien han proclamado como “candidato único” para los comicios presidenciales de 2025.
Dicho lo cual, este nuevo episodio de la carrera de Evo Morales parece ser un intento nada disimulado por aprovechar las crecientes dificultades por las que atraviesa el país ante la escasez de dólares y combustible. En estos momentos Bolivia experimenta el agotamiento del modelo de “populismo prudente” que tanto él como Arce iniciaron y gestionaron desde el año 2006.
Debido a falta de inversiones la producción de gas, vital en las exportaciones bolivianas, ha venido disminuyendo de manera sistemática desde el año 2016, afectando seriamente, a su vez, las reservas en dólares del país y el suministro de combustibles. Para mantener el precio de la gasolina, congelada desde 2005, el Estado destina entre 1.500 y 2.000 millones de dólares por año (de los que cada vez tiene menos) a fin subsidiar el consumo, mientras que la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha comenzado a importar crudo proveniente de Vaca Muerta a través de Chile.
Ya en diciembre de 2010, Morales y Arce intentaron la eliminación de los subsidios a los combustibles, pero la medida desató una ola de protestas en todo el país, razón por la cual la dejaron sin efecto a fin apaciguar a la población. No obstante, esta situación (subsidio y falta de inversión) se ha ido agravando con el paso de años, provocando el conocido proceso de contrabando de combustible, desabastecimiento del mismo, más controles, protestas de camioneros y la militarización de las estaciones de servicio que ha agravado, todavía más, la carestía.
Por la ley que estatizó de manera parcial los yacimientos de gas en 2006 (promesa estrella de Morales en la campaña electoral que le llevó al Gobierno) estos deben ser explotados en la modalidad de empresas mixtas de las cuales se le reserva a YPFB al menos un 51 % del capital de las mismas. Esta recibe toda la producción para su comercialización, tanto para el mercado interno como para la exportación. En la práctica el Estado boliviano se queda con el 82 % de los ingresos y las petroleras privadas con el 18 %. Aunque los socios privados manifestaron desde un inicio que dichas condiciones le eran rentables, lo cierto del caso es que con el paso de los años la inversión no dejó de descender.
Así que, finalmente, a los bolivianos les llegó la hora de pagar la factura por los años de las vacas gordas. El detalle aquí es que la crisis le ha explotado en la cara a Arce, mientras su anterior jefe intenta (una vez más) usarla a su favor.
Porque, por lo visto, Evo Morales regresa a la misma estratagema que le aplicó al ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, 21 años atrás, cuando encabezó la Guerra del Gas. Aquel intento frustrado por abrir todavía más a la inversión de las grandes compañías internacionales ese sector estratégico, en busca de una abundante fuente de divisas para Bolivia, pero que se trastocó en una grave crisis política y social, con tintes nacionalistas, que le costó la presidencia a Sánchez de Lozada, pero le abrió el camino Morales. Por cierto, un aspecto muy criticado de aquella apertura fue la promesa de exportar gas a través de Chile, y no como ahora, que se importa por medio de ese vecino.
Hoy en el Altiplano boliviano la serpiente se vuelve a morder la cola.
