(EFE).- Al plan de deportaciones masivas del presidente estadounidense, Donald Trump, se suma ahora una nueva modalidad con una mayor colaboración del sistema penitenciario estatal para localizar y detener a inmigrantes que se encuentran en libertad condicional, incluso por delitos menores.
Abogados de inmigración en Utah han denunciado el aumento de esta práctica del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en ese estado desde diciembre pasado, cuando oficiales estatales de supervisión de libertad condicional comenzaron a arrestar directamente a inmigrantes en el momento en que se presentaban a sus citas programadas, incluso por delitos menores.
«La práctica es deshonesta», declaró el abogado Adam Crayk al periódico Salt Lake Tribune, al denunciar que los oficiales «piden a los inmigrantes que se reporten, y luego ICE los detiene».
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Por su parte, los abogados Chris Keen y Orlando Luna afirmaron que esta situación ha minado la confianza tanto de los inmigrantes como de sus defensores legales en el sistema judicial.
Sin consejo legal adecuado
Frente a este panorama, los juristas se muestran reticentes a aconsejar a sus clientes que asistan a sus citas de supervisión, aunque insisten en que deben cumplir con la ley. «Es una decisión que ahora dejamos en manos del propio inmigrante», puntualizó Crayk.
En respuesta, Glen Mills, portavoz del Departamento Correccional de Utah, aseguró en un comunicado que esa entidad ha compartido «durante al menos 10 años» los nombres de las personas bajo supervisión con ICE y negó que haya cambios recientes en esa política.
«No estamos implementando nada nuevo y no tenemos planes de cambiar eso», subrayó Mills.
Por su parte, ICE defendió las detenciones en un comunicado, señalando que los inmigrantes en libertad condicional «son criminales convictos» y, aunque hayan cumplido sus condenas a nivel estatal, siguen siendo considerados «deportables» por la ley federal. Además, afirmó que estas acciones contribuyen a «reducir la reincidencia delictiva».
A nivel nacional, la cooperación interestatal en la supervisión de personas en libertad condicional está regulada por el Acuerdo Interestatal de Supervisión de Adultos Convictos (ICAOS), vigente en los 50 estados y en Puerto Rico. Sin embargo, abogados indicaron que las prácticas varían significativamente de un estado a otro y que, en algunos casos, las leyes han sido modificadas recientemente.
Por ejemplo, en Idaho, hasta este año, solo la Comisión de Perdones y Libertad Condicional podía decidir si un inmigrante era transferido a ICE. Actualmente, esa facultad ha pasado a los supervisores de libertad condicional, según denunciaron los abogados.
En Oklahoma, en febrero pasado se puso en marcha la ‘Operación Guardián’, con la que se busca transferir a las cárceles migratorias a unos 525 reclusos sin estatus migratorio legal, la mayoría bajo libertad condicional.
Según el Departamento de Seguridad Pública de Oklahoma, el mantenimiento de estos individuos en prisión cuesta unos 36.000 dólares diarios.
En contraste, estados como Colorado y California mantienen leyes que limitan la colaboración directa entre autoridades penitenciarias y ICE. En Colorado, solo la Junta Estatal de Libertad Condicional puede autorizar transferencias a ICE, y solo si existe una petición formal de esa agencia.
En California, las leyes exigen que se notifique a ICE solo en los casos en que se presume una posible deportación, lo que aún permite la liberación anual de hasta 40.000 inmigrantes, según cifras oficiales.
En Nueva York, no obstante, aunque el estado no coopera oficialmente con ICE, el Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria (DOCCS) sí lo hace. El Proyecto de Defensa de Inmigrantes (IDP) denunció que esto facilita la deportación de inmigrantes detenidos en cárceles estatales.
Una posible opción sería ofrecer citas privadas de supervisión para inmigrantes en libertad condicional, aunque ello supondría un costo adicional para ellos y podría generar barreras idiomáticas, según explicó Luna.
