(EFE).- El Tribunal Superior de Londres empezó este miércoles a analizar si son lícitos los nombramientos del opositor Juan Guaidó a su junta «ad hoc» del Banco Central de Venezuela (BCV), ya que ello determinará si tiene autoridad para acceder al oro depositado en el Banco de Inglaterra.
La jueza Sara Cockerill de la división comercial del Superior escuchó los argumentos de la junta del BCV designada por el presidente venezolano, Nicolás Maduro -representada por el abogado Richard Lissack- y los de la paralela de Guaidó, cuyo equipo legal encabeza Andrew Fulton.
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Al término de un juicio de cuatro días, la magistrada dictaminará, en una fecha por determinar, cuál de las dos juntas está legitimada para gestionar las reservas del metal precioso en jurisdicción inglesa, valoradas en unos 1.600 millones de euros.
El Gobierno venezolano reclamó parte de esos lingotes en 2020, pero el banco central inglés rechazó entregarlos hasta que se aclare quien tiene potestad.
EN CUESTIÓN LA INDEPENDENCIA DEL SUPREMO VENEZOLANO
En un proceso previo de este litigio, el Tribunal Supremo británico ya estableció que el Gobierno del Reino Unido reconoce solo a Guaidó como presidente interino de Venezuela y confirmó que sus decisiones y nombramientos deben considerarse actos «ejecutivos» y «soberanos».
Sin embargo, pidió al Superior que determine si la Justicia inglesa debe aceptar o ignorar los fallos del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) que invalidaron los nombramientos del líder opositor a su junta «ad hoc».
Si la jueza Cockerill juzga, en base a los alegatos de las partes, que las sentencias anulatorias del TSJ deben ser acatadas en Inglaterra, sería la junta de Maduro la que accedería al oro. De lo contrario, sería la de Guaidó.
Los abogados del bando de Maduro argumentaron hoy que, aunque el Gobierno del Reino Unido reconozca al opositor como líder de Venezuela, la Justicia británica debe respetar la independencia del poder judicial venezolano y no cuestionar sus decisiones.
El equipo de la junta de Guaidó sostuvo en cambio que el TSJ es un órgano sometido al Gobierno de Maduro, y lo acusa además de haberse pronunciado en contra del opositor y su junta del BCV sin siquiera citarles a una vista judicial.
Compareció hoy como testigo del bando de Maduro el magistrado de la Sala Constitucional del TSJ entre 2005 y 2015 Francisco Carrasquero, quien dijo que «no le consta» que la institución esté a las órdenes de Maduro.
El antiguo juez ofreció un testimonio escrito, que no fue hecho público, y luego fue interrogado por Fulton y puntualmente por la jueza.
Carrasquero aseguró que él mismo «jamás» ha sido presionado «ni por políticos ni por el Gobierno», aunque no descartó que quizás algunos jueces en Venezuela reciban presiones, «como ocurre en los sistemas judiciales de todas partes».
Tampoco le «consta», dijo, que haya magistrados en el TSJ con afiliación política, ya que eso «está prohibido por la Constitución» venezolana.
Preguntado por Fulton, Carrasquero negó que él mismo llegara al cargo en el Supremo gracias a Hugo Chávez, presidente de Venezuela entre 1999 y 2013, y mantuvo que todos sus puestos los ganó «por concurso».
QUÉ MÁS PASARÁ
En las próximas sesiones se prevé que declaren varios testigos más, entre ellos el exjuez Enrique Parody Gallardo, por la parte de Maduro, y el procurador general de Guaidó, Enrique José Sánchez Falcón, y su antecesor, José Ignacio Hernández.
Este litigio sobre el acceso al oro se inició el 14 de mayo de 2020, cuando el presidente de la junta del BCV nombrada por Maduro, Calixto Ortega, acusó al BoE de infringir contrato al no cumplir su orden de transferir 930 millones de euros de las reservas a un fondo de la ONU para que fueran usados en la lucha contra la covid en Venezuela.
Además de la gestión de las reservas del BoE, el eventual dictamen de la Justicia británica servirá para dirimir un pleito planteado por Deutsche Bank en mayo de 2020, sobre cuál de las partes puede reclamar 120 millones de dólares derivados de la terminación de un contrato de permuta de oro.
