(EFE).- El candidato presidencial de la principal coalición opositora de Venezuela -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, Edmundo González Urrutia, denunció este miércoles la inhabilitación política, por parte de la Contraloría General, de una decena de alcaldes de dos regiones del país.
A través de la red social X, el aspirante a las elecciones del próximo 28 de julio aseguró que este grupo de funcionarios, de los estados Trujillo (oeste) y Nueva Esparta (noreste), fueron inhabilitados como represalia por apoyar su candidatura, con la que se enfrentará al actual jefe de Estado, Nicolás Maduro, quien busca su segunda reelección.
«Nuestro respaldo a los 10 alcaldes de Trujillo y Nueva Esparta injustamente inhabilitados por apoyar nuestra candidatura. La creciente persecución confirma que Venezuela ha decidido cambiar y lo expresará con determinación este 28 de julio», escribió González Urrutia en X, sin precisar los nombres.
Nuestro respaldo a los 10 alcaldes de Trujillo y Nueva Esparta injustamente inhabilitados por apoyar nuestra candidatura. La creciente persecución confirma que Venezuela ha decidido cambiar y lo expresará con determinación este 28 de julio. Seguiremos luchando juntos por un país…
— Edmundo González (@EdmundoGU) June 19, 2024
Asimismo, afirmó que él y el sector de la oposición que representa seguirán «luchando juntos por un país donde nadie sea perseguido por pensar diferente» al Gobierno.
Según refleja este miércoles la página web de la Contraloría, los alcaldes opositores Iraima Vásquez y José María Fermín, del municipio Tubores y Villalba, respectivamente; en Nueva Esparta, y Heriberto Materán, de la localidad de Motatán, en Trujillo, fueron inhabilitados por 15 años para ocupar cargos públicos.
La página de la institución indica que las inhabilitaciones se hicieron según dos resoluciones con fecha del 24 de mayo de 2024, aunque, de momento, no ha habido pronunciamiento público de la Contraloría.
El pasado abril, la institución inhabilitó a cinco opositores, entre ellos un alcalde, para ejercer «cualquier cargo» público por 15 años, así como a otro antichavista por un período de 12 meses.
