(EFE).- Un sacerdote del estado Táchira fue imputado por el delito de abuso sexual contra una adolescente de 13 años de edad, informó este lunes el fiscal general, Tarek William Saab.
«Imputado por el Ministerio Público (MP) el sacerdote de la parroquia Ermita, San Cristóbal, Nepomuceno Hernández por el delito de abuso sexual a menor«, escribió el funcionario en su cuenta de Twitter, donde compartió una fotografía del sujeto.
#imputado por el @MinpublicoVEN el sacerdote de la parroquia Ermita San Cristóbal NEPOMUCENO HERNÁNDEZ por el delito de abuso sexual a menor: dicho sujeto bajo los efectos del alcohol invitó a dar de comer a la adolescente de 13 años C.Y.J.V para luego agredirla sexualmente pic.twitter.com/POo1EK6Etl
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) August 15, 2022
Saab detalló que el sacerdote, bajo los efectos del alcohol, «invitó a dar de comer a la adolescente de 13 años (…) para luego agredirla sexualmente».
Ministerio Público promueve campaña contra la pedofilia
El pasado jueves, el fiscal anunció que el MP promueve la campaña «Pedofilia es crimen» con la que busca combatir este delito y «proteger (a los) niños, niñas y adolescentes de los llamados depredadores sexuales, que pueden poner en riesgo su integridad y su seguridad».
«El objetivo es concientizar a la población sobre la necesidad e importancia de proteger a los niños, niñas y adolescentes contra este flagelo llamado pedofilia, que es una cuestión transcultural, una cuestión, yo diría, ajena a la idiosincrasia, a la identidad venezolana», dijo el funcionario en una alocución transmitida por el canal estatal VTV.
A principios de julio, la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) dijo que sacerdotes y otros miembros de la Iglesia católica han cometido abusos sexuales contra menores de edad y «personas vulnerables», cuyo número de casos decidió mantener «en confidencialidad».
El primer vicepresidente de la institución, monseñor Mario Moronta, quien expresó que la CEV «ha pedido perdón y ha acompañado» a las víctimas, criticó en ese momento que no se investiguen a otros entes «no solamente religiosos sino también profesionales, donde el número de abusos sexuales es mayor».
