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Human Rights Watch, WOLA y otras 84 ONGs humanitarias le exigen al gobierno de Maduro más libertades para la sociedad civil en Venezuela

martes 20 de abril de 2021, 16:00h

Daniel Gómez (ALN).- La normativa impuesta por el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz el 30 de marzo molestó a los representantes de la sociedad civil en Venezuela, que ya venían alertando de la represión contra las ONGs en el país. Y es que la nueva norma obliga a las asociaciones sin fines de lucro a entregar datos confidenciales sobre las donaciones que reciben, así como sobre los beneficiarios. Beneficiarios en el sentido amplio de la palabra. Esto último inquieta.

Azul Positivo es una de las ONGs en Venezuela que advierten de una persecución / Foto: Azul Positivo
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Azul Positivo es una de las ONGs en Venezuela que advierten de una persecución / Foto: Azul Positivo

Venezuela necesita urgentemente una solución pacífica y democrática a la crisis política, humanitaria y de derechos humanos que enfrenta. Tal solución no será posible sin una sociedad civil independiente y activa para promoverla”.

Lo asegura un comunicado que firman Human Rights Watch y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), junto a otras 84 ONGs de Venezuela Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, Perú y Suiza.

Estas instituciones critican la falta de independencia de la sociedad civil venezolana.

En concreto, se refieren a la normativa impuesta por el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz el 30 de marzo. Ese día publicó en Gaceta Oficial que todas las ONGs y asociaciones sin fines de lucro deben entregar datos confidenciales sobre las donaciones que reciben y también sobre los beneficiarios.

Las instituciones sostienen que la lista de “beneficiarios es demasiado amplia”.

“La medida establece un requisito alarmante que exige que se revelen las identidades de las víctimas y comunidades vulnerables servidas por las ONGs de derechos humanos y asistencia humanitaria. Esta acción es un claro esfuerzo para monitorear y limitar el trabajo de las organizaciones independientes de la sociedad civil que, bajo la legislación venezolana actual, ya están obligadas a registrarse con el Estado”, apuntó.

“Como organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos en las Américas, estamos profundamente preocupadas por esta noticia, e instamos a las autoridades venezolanas a que cumplan con sus obligaciones jurídicas internacionales y cesen inmediatamente la represión y el acoso contra la sociedad civil independiente de Venezuela”, agregó.

La crisis de las ONGs a finales de 2020

La normativa del 30 de marzo es sólo una de las acciones del gobierno de Nicolás Maduro que inquietan a la sociedad civil.

En octubre del año pasado, el gobierno emitió una resolución que exige a todas las ONGs internacionales que quieren trabajar dentro de Venezuela que registren con el Estado “las actividades a realizar en territorio de la República Bolivariana en Venezuela”. También las intenciones de su actividad.

A esta resolución la acompañó un anuncio de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban) el 20 de noviembre. Este exigía a las instituciones financieras venezolanas la vigilancia de todas las operaciones, tanto comerciales como financieras, realizadas por ONGs.

“La normativa emitida el 30 de marzo es una continuación de estos esfuerzos para restringir, intimidar y potencialmente criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil independiente en Venezuela”, agregó.

Un proyecto de la Asamblea Nacional que preocupa

La sociedad civil también está alarmada por la Ley de Cooperación Internacional, la cual fue recientemente aprobada en la primera ronda de discusión por la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración.

“Aunque todavía no se ha hecho público el texto de esta legislación, las organizaciones firmantes estamos preocupadas por la posibilidad de que esta ley imponga aún más restricciones a la capacidad de las ONGs en el país de acceder al financiamiento internacional para sus actividades, como hizo un proyecto similar de Ley de Cooperación Internacional propuesto en 2015”, apuntan en el documento.

Las ONGs amenazadas en Venezuela

El comunicado también recuerda algunos casos recientes en los que trabajadores humanitarios han sufrido represión.

El 12 de enero, cinco defensores de la ONG venezolana Azul Positivo, que trabaja para suministrar asistencia a personas con enfermedades de transmisión sexual, fueron detenidos arbitrariamente y retenidos por casi un mes. Les achacaron cargos de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Cargos de los que nunca hubo pruebas y, pese a las advertencias de Naciones Unidas, todavía no han sido retirados.

En este sentido, la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, informó el 22 de febrero en Ginebra que su oficina había “documentado al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición”.

Otro informe que ha tenido en cuenta la oficina de Bachelet es el del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), que en el primer trimestre de 2021 registró 215 casos de persecución y criminalización por parte de las instituciones estatales.

Todo esto ha hecho que estas 86 asociaciones se unan y pidan al gobierno y a la comunidad internacional un cambio.

“La amenaza de estas restricciones y requisitos de registro es grave dado el acoso, la intimidación y las detenciones arbitrarias que miembros de la sociedad civil y las ONGs en Venezuela han enfrentado en los últimos meses”, apuntó el comunicado.

“Instamos a la comunidad internacional y a las instancias relevantes de las Naciones Unidas a que apoyen activamente a las organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, trabajadores humanitarios, y otros activistas en Venezuela, para asegurar que su persecución constante no se enfrente a la indiferencia”, sentenció.

Las 86 organizaciones firmantes

  1. Acceso a la Justicia, Venezuela
  2. Acción Solidaria, Venezuela
  3. Alerta Venezuela, Venezuela
  4. Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (Funpaz), Venezuela
  5. Asociación Civil Más Ciudadanos, Venezuela
  6. A Todo Pulmón, Venezuela
  7. Aula Abierta, Venezuela
  8. Aquí Cabemos Todos, Venezuela
  9. Centro de Estudios Sociales y Culturales (Censo-C), Venezuela
  10. Civilis Derechos Humanos, Venezuela
  11. Comité de Defensa de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores, Pensionados, Jubilados y Discapacitados, Venezuela
  12. Coordinadora de Lucha Vecinal Lara, Venezuela
  13. Defiende Venezuela, Venezuela
  14. DPR-Lara, Venezuela
  15. Epikeia Derechos Humanos, Venezuela
  16. Espacio Público, Venezuela
  17. Fundación Iribarren Lucha, Venezuela
  18. Fundación Lucelia, Venezuela
  19. Fundación para el Debido Proceso (Fundepro), Venezuela
  20. Movimiento Ciudadano Dale Letra, Venezuela
  21. Observatorio Electoral Venezolano (OEV), Venezuela
  22. Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, Venezuela
  23. Observatorio Hannah Arendt, Venezuela
  24. Observatorio Venezolano de Prisiones, Venezuela
  25. Organización Stop VIH, Venezuela
  26. Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Venezuela
  27. Promoción, Educación y Defensa en Derechos Humanos (Promedehum), Venezuela
  28. Proyecto de Extensión, Visibilización y Educación en DDHH de la FACE, Venezuela
  29. Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (Redac), Venezuela
  30. Una Ventana a la Libertad, Venezuela
  31. Unión Cívica Nacionalista, Venezuela
  32. Urgent Action for Democracy and Development, Venezuela
  33. Venezuela Diversa AC, Venezuela
  34. Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep), Perú
  35. Asociación Por la Vida y la Dignidad Humana (Aporvidha), Perú
  36. Asociación Pro Derechos Humanos, Perú
  37. Asociación Servicio Educativo para el Desarrollo y la Solidaridad (Sedys) de Trujillo, Perú
  38. Asociación Servicios Educativos Rurales (SER), Perú
  39. Centro Loyola Ayacucho, Perú
  40. Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), Perú
  41. Comisión de Derechos Humanos (Comisedh), Perú
  42. Comisión de Derechos Humanos de Alto Huallaga (Codhah), Perú
  43. Comisión de Derechos Humanos de Ica, Perú
  44. Comisión de Derechos Humanos de Moyobamba, Perú
  45. Comisión de Derechos Humanos de Pucallpa, Perú
  46. Comisión de Justicia Social de Chimbote, Perú
  47. Comisión de Solidaridad Desarrollo y Justicia (Cosdej), Perú
  48. CooperAcción, Perú
  49. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Perú
  50. Derechos Humanos y Medio Ambiente (Dhuma), Perú
  51. Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz, Perú
  52. Instituto de Defensa Legal, Perú
  53. Instituto Runa de Desarrollo y Estudios sobre Género, Perú
  54. Instituto Sur Andino de Derechos Humanos (Isadh) de Puno, Perú
  55. Lesbianas Independientes Feministas Socialistas (LIFS), Perú
  56. Movimiento Manuela Ramos, Perú
  57. Movimiento Jatarishun, Perú
  58. Paz y Esperanza, Perú
  59. Comisión Colombiana de Juristas, Colombia
  60. Fundación Brisas del Norte, Colombia
  61. Venezolanos en Barranquilla, Colombia
  62. Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, México
  63. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, México
  64. Revista Digital Inalienable, Ecuador
  65. Venezolanos en Guayaquil, Ecuador
  66. Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal), Argentina
  67. Oficina Jurídica para la Mujer, Bolivia
  68. Conectas Dereitos Humanos, Brasil
  69. Asociación Pro-Búsqueda,El Salvador
  70. Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, Honduras
  71. Activados Panamá, Panamá
  72. International Service for Human Rights (ISHR), Suecia
  73. Canada Venezuela Democracy Forum, Canadá
  74. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Internacional
  75. Comisión Internacional de Juristas, Internacional
  76. Human Rights Watch, Internacional
  77. Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Internacional
  78. Red Jesuita con Migrantes LAC, Internacional
  79. Robert F. Kennedy Human Rights, Internacional
  80. Women’s Link Worldwide, Internacional
  81. América Diversa, EEUU
  82. Coalición por Venezuela, EEUU
  83. Derechos Humanos con DR, Corp., EEUU
  84. Fe en Venezuela, EEUU
  85. Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), EEUU
  86. Venezuelans and Immigrants Aid,

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