Daniel Gómez (ALN).- La normativa impuesta por el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz el 30 de marzo molestó a los representantes de la sociedad civil en Venezuela, que ya venían alertando de la represión contra las ONGs en el país. Y es que la nueva norma obliga a las asociaciones sin fines de lucro a entregar datos confidenciales sobre las donaciones que reciben, así como sobre los beneficiarios. Beneficiarios en el sentido amplio de la palabra. Esto último inquieta.
“Venezuela necesita urgentemente una solución pacífica y democrática a la crisis política, humanitaria y de derechos humanos que enfrenta. Tal solución no será posible sin una sociedad civil independiente y activa para promoverla”.
Lo asegura un comunicado que firman Human Rights Watch y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), junto a otras 84 ONGs de Venezuela Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, Perú y Suiza.
Estas instituciones critican la falta de independencia de la sociedad civil venezolana.
En concreto, se refieren a la normativa impuesta por el Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz el 30 de marzo. Ese día publicó en Gaceta Oficial que todas las ONGs y asociaciones sin fines de lucro deben entregar datos confidenciales sobre las donaciones que reciben y también sobre los beneficiarios.
Las instituciones sostienen que la lista de “beneficiarios es demasiado amplia”.
“La medida establece un requisito alarmante que exige que se revelen las identidades de las víctimas y comunidades vulnerables servidas por las ONGs de derechos humanos y asistencia humanitaria. Esta acción es un claro esfuerzo para monitorear y limitar el trabajo de las organizaciones independientes de la sociedad civil que, bajo la legislación venezolana actual, ya están obligadas a registrarse con el Estado”, apuntó.
“Como organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos en las Américas, estamos profundamente preocupadas por esta noticia, e instamos a las autoridades venezolanas a que cumplan con sus obligaciones jurídicas internacionales y cesen inmediatamente la represión y el acoso contra la sociedad civil independiente de Venezuela”, agregó.
La crisis de las ONGs a finales de 2020
La normativa del 30 de marzo es sólo una de las acciones del gobierno de Nicolás Maduro que inquietan a la sociedad civil.
En octubre del año pasado, el gobierno emitió una resolución que exige a todas las ONGs internacionales que quieren trabajar dentro de Venezuela que registren con el Estado “las actividades a realizar en territorio de la República Bolivariana en Venezuela”. También las intenciones de su actividad.
A esta resolución la acompañó un anuncio de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban) el 20 de noviembre. Este exigía a las instituciones financieras venezolanas la vigilancia de todas las operaciones, tanto comerciales como financieras, realizadas por ONGs.
“La normativa emitida el 30 de marzo es una continuación de estos esfuerzos para restringir, intimidar y potencialmente criminalizar a las organizaciones de la sociedad civil independiente en Venezuela”, agregó.
Un proyecto de la Asamblea Nacional que preocupa
La sociedad civil también está alarmada por la Ley de Cooperación Internacional, la cual fue recientemente aprobada en la primera ronda de discusión por la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración.
“Aunque todavía no se ha hecho público el texto de esta legislación, las organizaciones firmantes estamos preocupadas por la posibilidad de que esta ley imponga aún más restricciones a la capacidad de las ONGs en el país de acceder al financiamiento internacional para sus actividades, como hizo un proyecto similar de Ley de Cooperación Internacional propuesto en 2015”, apuntan en el documento.
Las ONGs amenazadas en Venezuela
El comunicado también recuerda algunos casos recientes en los que trabajadores humanitarios han sufrido represión.
El 12 de enero, cinco defensores de la ONG venezolana Azul Positivo, que trabaja para suministrar asistencia a personas con enfermedades de transmisión sexual, fueron detenidos arbitrariamente y retenidos por casi un mes. Les achacaron cargos de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Cargos de los que nunca hubo pruebas y, pese a las advertencias de Naciones Unidas, todavía no han sido retirados.
En este sentido, la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, informó el 22 de febrero en Ginebra que su oficina había “documentado al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición”.
Otro informe que ha tenido en cuenta la oficina de Bachelet es el del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), que en el primer trimestre de 2021 registró 215 casos de persecución y criminalización por parte de las instituciones estatales.
Todo esto ha hecho que estas 86 asociaciones se unan y pidan al gobierno y a la comunidad internacional un cambio.
“La amenaza de estas restricciones y requisitos de registro es grave dado el acoso, la intimidación y las detenciones arbitrarias que miembros de la sociedad civil y las ONGs en Venezuela han enfrentado en los últimos meses”, apuntó el comunicado.
“Instamos a la comunidad internacional y a las instancias relevantes de las Naciones Unidas a que apoyen activamente a las organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, trabajadores humanitarios, y otros activistas en Venezuela, para asegurar que su persecución constante no se enfrente a la indiferencia”, sentenció.
Las 86 organizaciones firmantes
- Acceso a la Justicia, Venezuela
- Acción Solidaria, Venezuela
- Alerta Venezuela, Venezuela
- Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (Funpaz), Venezuela
- Asociación Civil Más Ciudadanos, Venezuela
- A Todo Pulmón, Venezuela
- Aula Abierta, Venezuela
- Aquí Cabemos Todos, Venezuela
- Centro de Estudios Sociales y Culturales (Censo-C), Venezuela
- Civilis Derechos Humanos, Venezuela
- Comité de Defensa de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores, Pensionados, Jubilados y Discapacitados, Venezuela
- Coordinadora de Lucha Vecinal Lara, Venezuela
- Defiende Venezuela, Venezuela
- DPR-Lara, Venezuela
- Epikeia Derechos Humanos, Venezuela
- Espacio Público, Venezuela
- Fundación Iribarren Lucha, Venezuela
- Fundación Lucelia, Venezuela
- Fundación para el Debido Proceso (Fundepro), Venezuela
- Movimiento Ciudadano Dale Letra, Venezuela
- Observatorio Electoral Venezolano (OEV), Venezuela
- Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, Venezuela
- Observatorio Hannah Arendt, Venezuela
- Observatorio Venezolano de Prisiones, Venezuela
- Organización Stop VIH, Venezuela
- Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Venezuela
- Promoción, Educación y Defensa en Derechos Humanos (Promedehum), Venezuela
- Proyecto de Extensión, Visibilización y Educación en DDHH de la FACE, Venezuela
- Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (Redac), Venezuela
- Una Ventana a la Libertad, Venezuela
- Unión Cívica Nacionalista, Venezuela
- Urgent Action for Democracy and Development, Venezuela
- Venezuela Diversa AC, Venezuela
- Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep), Perú
- Asociación Por la Vida y la Dignidad Humana (Aporvidha), Perú
- Asociación Pro Derechos Humanos, Perú
- Asociación Servicio Educativo para el Desarrollo y la Solidaridad (Sedys) de Trujillo, Perú
- Asociación Servicios Educativos Rurales (SER), Perú
- Centro Loyola Ayacucho, Perú
- Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), Perú
- Comisión de Derechos Humanos (Comisedh), Perú
- Comisión de Derechos Humanos de Alto Huallaga (Codhah), Perú
- Comisión de Derechos Humanos de Ica, Perú
- Comisión de Derechos Humanos de Moyobamba, Perú
- Comisión de Derechos Humanos de Pucallpa, Perú
- Comisión de Justicia Social de Chimbote, Perú
- Comisión de Solidaridad Desarrollo y Justicia (Cosdej), Perú
- CooperAcción, Perú
- Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Perú
- Derechos Humanos y Medio Ambiente (Dhuma), Perú
- Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz, Perú
- Instituto de Defensa Legal, Perú
- Instituto Runa de Desarrollo y Estudios sobre Género, Perú
- Instituto Sur Andino de Derechos Humanos (Isadh) de Puno, Perú
- Lesbianas Independientes Feministas Socialistas (LIFS), Perú
- Movimiento Manuela Ramos, Perú
- Movimiento Jatarishun, Perú
- Paz y Esperanza, Perú
- Comisión Colombiana de Juristas, Colombia
- Fundación Brisas del Norte, Colombia
- Venezolanos en Barranquilla, Colombia
- Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, México
- Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, México
- Revista Digital Inalienable, Ecuador
- Venezolanos en Guayaquil, Ecuador
- Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal), Argentina
- Oficina Jurídica para la Mujer, Bolivia
- Conectas Dereitos Humanos, Brasil
- Asociación Pro-Búsqueda,El Salvador
- Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, Honduras
- Activados Panamá, Panamá
- International Service for Human Rights (ISHR), Suecia
- Canada Venezuela Democracy Forum, Canadá
- Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Internacional
- Comisión Internacional de Juristas, Internacional
- Human Rights Watch, Internacional
- Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, Internacional
- Red Jesuita con Migrantes LAC, Internacional
- Robert F. Kennedy Human Rights, Internacional
- Women’s Link Worldwide, Internacional
- América Diversa, EEUU
- Coalición por Venezuela, EEUU
- Derechos Humanos con DR, Corp., EEUU
- Fe en Venezuela, EEUU
- Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), EEUU
- Venezuelans and Immigrants Aid,
