Daniel Gómez (ALN).- El Programa Nacional de Derechos Humanos es la hoja de ruta que en Brasil garantiza la protección de derechos y libertades. Este siempre se ha definido convocando a todas las instituciones del país. Hasta ahora, que el gobierno de Jair Bolsonaro quiere modificarlo consultando exclusivamente a personal de su administración. Por eso Human Rights Watch lanza la alerta.
“El gobierno de Bolsonaro, que ha impulsado una agenda anti-derechos, ha anunciado que planea cambiar el Programa Nacional de Derechos Humanos en absoluto secreto y sin la participación de quien no esté de acuerdo con sus políticas. Dado el deplorable historial de derechos humanos de la administración, existe un riesgo real de que el resultado de este proceso secreto sea desastroso para la protección de los derechos humanos en Brasil”.
Lo dice María Laura Canineu, directora en Brasil de Human Rights Watch (HWR), preocupada por la falta de transparencia con la que el Ejecutivo de Jair Bolsonaro está llevando la reforma, así como las medidas que pueda introducir.
Y es que HRW señala a Bolsonaro porque:
– “Ha abierto la puerta para negar la educación inclusiva a los niños con discapacidad y establecer escuelas segregadas para ellos”.
– “Ha fomentado más violencia policial a través de declaraciones públicas y propuestas legislativas”.
– “Ha sancionado a los servidores públicos por recomendar el mantenimiento de los servicios de salud sexual y reproductiva durante la pandemia”.
– “Y ha buscado procesamientos de personas que criticaron su respuesta al covid-19”.
Todos estos son antecedentes preocupantes a la hora de reformar el Programa Nacional de Derechos Humanos. Esta es la hoja de ruta que garantiza la protección de derechos y libertades en Brasil. Se creó a mediados de los 80, cuando terminó la dictadura militar.
De 14.000 personas a 14
Hasta ahora el programa ha sido modificado tres veces, y siempre tras una amplia consulta. La última reforma se produjo en 2009. El entonces presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, estableció un grupo de trabajo integrado por representantes del gobierno, la sociedad civil, comisiones de derechos humanos del Congreso, fiscales, jueces y defensores públicos.
En total, más de 14.000 personas participaron en unas negociaciones que concluyeron dos años después con el Programa Nacional de Derechos Humanos de 2010.
Uno de los puntos clave de aquella reforma fue la creación de la Comisión de la Verdad para investigar los abusos a los derechos humanos durante la dictadura militar (1964-1985). Comisión a la que se opuso Bolsonaro.
“El presidente Bolsonaro, entonces miembro del Congreso y un abierto apologista del régimen militar, se opuso a la Comisión de la Verdad”, apuntó HRW.
En cualquier caso, la principal preocupación del organismo es que el gobierno está iniciando la reforma únicamente con 14 miembros del Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos. Esta es una diferencia significativa con los 14.000 de la vez anterior. Y aunque estos 14 puedan invitar a representantes de organismos públicos o privados a las reuniones, ninguno de los invitados tendrá derecho a voto.
Por cosas así, Canineu advirtió: “Dadas sus posibles implicaciones para los derechos de las personas en todo Brasil, así como para los grupos marginados, cualquier revisión sustantiva de las políticas de derechos humanos del país debe realizarse abiertamente, con una amplia participación de la sociedad, incluidos los expertos y grupos que puedan verse particularmente afectados”.
En este sentido, la jefa de HRW en Brasil recordó que el “derecho internacional exige que los gobiernos proporcionen al público acceso a la información”. También que “los gobiernos están obligados a consultar con las comunidades afectadas” siempre que un proceso de este tipo les influya.
“En términos más generales, la transparencia es un elemento de importancia crítica para la responsabilidad pública y la gobernanza democrática”, sentenció.
