Daniel Gómez (ALN).- Más de 400 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia desde 2016. Es el país de Latinoamérica en el que más crímenes de este tipo se cometen. Y aunque el presidente, Iván Duque, condena estos homicidios, desde Human Rights Watch echan en falta acciones concretas del gobierno para proteger a los trabajadores.
“En los últimos años, Colombia ha tenido el mayor número de defensores de derechos humanos asesinados en América Latina. Mientras tanto, la respuesta del gobierno ha estado más enfocada en elaborar discursos y anuncios que en adoptar medidas que tengan impacto en los territorios. El gobierno del presidente Iván Duque condena frecuentemente estos homicidios, pero la mayoría de los programas gubernamentales para prevenir estos asesinatos apenas funcionan o tienen graves deficiencias”.
Son palabras del director de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco. El experto es claro dirigiéndose a Duque. Critica que ha sido “lento y deficiente” a la hora de responder a los grupos armados que asesinan a los defensores de derechos humanos.
Desde 2016, más de 400 personas han muerto en Colombia a manos de estas mafias, de acuerdo con Naciones Unidas.
Para abordar la problemática Human Rights Watch entrevistó a más de 130 personas ubicadas en 20 de los 32 departamentos de Colombia. Entre ellos destacan autoridades judiciales, fiscales, funcionarios públicos, funcionarios de derechos humanos, miembros de organizaciones humanitarias, policías y defensores de derechos humanos. También consultó información y estadísticas proporcionadas por múltiples organismos oficiales.
El resultado es un informe de 136 páginas que documenta “la incapacidad de las autoridades para ejercer un control efectivo y establecer una presencia estatal civil significativa en muchas zonas anteriormente ocupadas por las FARC”.
Si bien el gobierno ha desplegado militares en muchas de las zonas señaladas, “no ha logrado fortalecer el sistema de justicia, mejorar la protección de la población ni asegurar un acceso adecuado a oportunidades económicas y educativas y a servicios públicos”.
HRW también analiza la dinámica de los asesinatos. Dinámicas que dependen de la región en la que se producen. En el Norte del Cauca, las disidencias de las FARC han asesinado a defensores de derechos humanos de las comunidades indígenas que se oponen a la presencia de los grupos armados y al tráfico de drogas en sus territorios.
En Tumaco, los grupos armados asesinan porque los trabajadores supuestamente colaboran con el Ejército o les desobedecen.
Qué puede hacer Duque
HRW insiste en que, aunque Colombia tiene numerosas políticas, mecanismos y leyes para prevenir abusos contra defensores de derechos humanos, “su implementación a menudo ha sido pobre”.
Desde la ONG critican que la Unidad Nacional de Protección, una entidad del Ministerio del Interior, “sólo ofrece esquemas de protección individual en respuesta a las amenazas que se denuncian ante la Fiscalía, y muchas de las personas asesinadas no habían recibido amenazas o no habían podido denunciarlas”. Esto en parte es así porque “su presupuesto es muy limitado y la unidad ha rechazado la gran mayoría de las solicitudes de protección colectiva que ha recibido”.
HRW también critica que el gobierno no ha implementado el plan de protección integral que estableció el Ministerio del Interior en 2018, y tampoco ha convocado con la frecuencia que debería a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, “una entidad que se ocupa de diseñar políticas para desmantelar a los grupos criminales responsables de los asesinatos de defensores de derechos humanos”.
Otro obstáculo para la seguridad en Colombia “es el número limitado de jueces, fiscales e investigadores en las áreas donde ocurren la mayoría de los asesinatos”. HRW echa en falta el “cuerpo especial” de jueces que prometió Duque en mayo de 2019.
“A menos que el gobierno tome medidas eficaces, es probable que muchos más defensores de derechos humanos sean asesinados en Colombia y, en consecuencia, que cientos de comunidades vulnerables queden aún más indefensas”, concluyó Vivanco.
HRW también analiza la dinámica de los asesinatos. Dinámicas que dependen de la región en la que se producen. En el Norte del Cauca, las disidencias de las FARC han asesinado a defensores de derechos humanos de las comunidades indígenas que se oponen a la presencia de los grupos armados y al tráfico de drogas en sus territorios.
En Tumaco, los grupos armados asesinan porque los trabajadores supuestamente colaboran con el Ejército o les desobedecen.
Qué puede hacer Duque
HRW insiste en que, aunque Colombia tiene numerosas políticas, mecanismos y leyes para prevenir abusos contra defensores de derechos humanos, “su implementación a menudo ha sido pobre”.
Desde la ONG critican que la Unidad Nacional de Protección, una entidad del Ministerio del Interior, “sólo ofrece esquemas de protección individual en respuesta a las amenazas que se denuncian ante la Fiscalía, y muchas de las personas asesinadas no habían recibido amenazas o no habían podido denunciarlas”. Esto en parte es así porque “su presupuesto es muy limitado y la unidad ha rechazado la gran mayoría de las solicitudes de protección colectiva que ha recibido”.
HRW también critica que el gobierno no ha implementado el plan de protección integral que estableció el Ministerio del Interior en 2018, y tampoco ha convocado con la frecuencia que debería a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, “una entidad que se ocupa de diseñar políticas para desmantelar a los grupos criminales responsables de los asesinatos de defensores de derechos humanos”.
Otro obstáculo para la seguridad en Colombia “es el número limitado de jueces, fiscales e investigadores en las áreas donde ocurren la mayoría de los asesinatos”. HRW echa en falta el “cuerpo especial” de jueces que prometió Duque en mayo de 2019.
“A menos que el gobierno tome medidas eficaces, es probable que muchos más defensores de derechos humanos sean asesinados en Colombia y, en consecuencia, que cientos de comunidades vulnerables queden aún más indefensas”, concluyó Vivanco.
