(EFE).- Los ataques a la independencia judicial, la libertad de prensa y la sociedad civil conforman un inquietante panorama que evidencia «el más grave retroceso en décadas» en materia de derechos humanos en América Latina, señala la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) en su Informe Mundial 2022, publicado este jueves.
Este agravamiento se da en medio de la pandemia de la covid-19, que ha supuesto para la región un desafío en todos los órdenes, pero también ha significado para ciertos Gobiernos la oportunidad de implementar medidas arbitrarias, señala la organización pro derechos humanos en un apartado de su reporte anual titulado «América Latina: Alarmante retroceso de libertades básicas».
«La pandemia de la covid-19 ha sido una excusa maravillosa para que líderes autoritarios adopten medidas restrictivas que igual querían adoptar», declaró la directora interina de HRW para las Américas, Tamara Taraciuk, en entrevista telefónica con Efe.
Represión a manifestantes
Sobre Cuba, HRW expresa su preocupación por los «abusos sistemáticos contra críticos y artistas, incluyendo detenciones arbitrarias, maltrato de detenidos y procesos penales abusivos» tras las multitudinarias manifestaciones del pasado 11 de julio.
«La respuesta del régimen cubano ha sido una represión brutal. Hemos documentado casos sistemáticos de detención arbitraria, más de mil personas fueron detenidas durante las protestas de julio. Hemos documentado denuncias de maltrato en contra de los detenidos y además procesos penales sin ningún tipo de garantías de debido proceso», aseveró Taraciuk.
Sin garantías electorales
En el caso de Nicaragua, HRW denuncia que las elecciones presidenciales celebradas el pasado 7 de noviembre «se llevaron a cabo sin las más mínimas garantías democráticas», después de que las autoridades detuvieran previamente a siete candidatos rivales del presidente y entonces aspirante a la reelección, Daniel Ortega, manteniendo a muchos de ellos «incomunicados en condiciones abusivas durante semanas o meses».
A propósito de la situación en el país centroamericano, Taraciuk aseveró que «en Nicaragua hay una dictadura descarada», como quedó de manifiesto el año pasado con «la barbaridad que ocurrió previamente a las elecciones presidenciales, que fueron una farsa absoluta».
Esta misma falta de garantías se replicó dos semanas después en Venezuela, donde el 21 de noviembre se llevaron a cabo unos comicios regionales en los que se impusieron los candidatos chavistas en un proceso electoral caracterizado por irregularidades que fueron denunciadas por el equipo de observadores de la Unión Europea.
La misión de la UE concluyó que algunos opositores políticos fueron inhabilitados de forma arbitraria para postularse a cargos públicos, hubo un acceso desigual a los medios de comunicación, así como falta de independencia judicial y respeto al Estado de derecho, lo cual afectó a la transparencia e imparcialidad de las elecciones.
Contra el orden estatal y los medios
A su vez, HRW observa que los Gobiernos de El Salvador y México están llevando a cabo arremetidas antidemocráticas constantes contra los demás poderes del Estado y contra los medios de comunicación.
En El Salvador, la Administración de Nayib Bukele reemplazó a los jueces de la Corte Suprema. Los nuevos miembros del máximo órgano judicial decidieron que el mandatario podía postularse a una reelección consecutiva, a pesar de que la Constitución lo prohíbe.
Asimismo, el Gobierno propuso una ley de «agentes extranjeros» que puede limitar severamente la labor de periodistas independientes y las organizaciones no gubernamentales (ONG) que reciben fondos desde el exterior.
«Estamos preocupados por las dictaduras puras y duras como Nicaragua, Cuba y Venezuela, pero también por estos intentos de líderes que son elegidos democráticamente y, una vez en el poder, lo que hacen es debilitar el Estado de Derecho», dijo Taraciuk a Efe.
En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador promulgó en noviembre pasado un acuerdo que le da prioridad a obras que el Gobierno ha establecido como puntales en su Administración.
Esta medida, según el informe de HRW, hará que se expidan permisos para esas obras «automáticamente, sin cumplir con los estudios requeridos», quedando así «exentas de las reglas de transparencia» y haciendo más difícil la labor fiscalizadora de la prensa.
Tozudez antisistema
El informe de HRW también hace mención al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de quien dice que «ha amenazado al Gobierno democrático en Brasil al intentar socavar la confianza en el sistema electoral, la libertad de expresión y la independencia judicial».
El gobernante brasileño ha tratado de minar la credibilidad del sistema electoral, al señalar que la votación electrónica se presta para «fraudes», sin aportar prueba alguna de ello.
Pero el principal señalamiento crítico hacia Bolsonaro tiene que ver con su errático manejo de la crisis de la pandemia, porque, a juicio de HRW, Bolsonaro «siguió ignorando» las recomendaciones sanitarias contra la pandemia de coronavirus y «promoviendo medicamentos ineficaces» contra la covid-19.
Tamara Taraciuk dejó muy en claro que para HRW «es indispensable seguir apoyando en Brasil el trabajo de los jueces que se han animado a ponerle un freno a los excesos de Bolsonaro».
Abusos policiales e impunidad
Las protestas ocurridas en Colombia entre abril y julio del pasado dejaron 84 muertos, de los cuales 25 fueron por la acción policial, son también objeto de denuncia en el informe de Human Rights Watch, que llama la atención sobre el hecho de que el Gobierno «aún no ha adoptado medidas significativas para reformar su fuerza policial».
Para HRW, los «oficiales de policía dispersaron repetida y arbitrariamente las manifestaciones pacíficas y usaron una fuerza excesiva, a menudo brutal, incluyendo munición real y violencia de género».
«Colombia es el único país de América Latina donde la Policía está bajo la autoridad del Ministerio de Defensa, y esto muchas veces hace difícil distinguir cuáles son las responsabilidades militares y policiales», dejó sentado Taraciuk.
HRW añade que, a pesar de la firma del acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno y los guerrilleros de las FARC, «la violencia relacionada con el conflicto ha tomado nuevas formas y los abusos de grupos armados -incluidos los asesinatos y masacres y el desplazamiento forzado masivo- se han incrementado en áreas remotas del país en 2021″.
En Haití, según el informe, la connivencia con actores estatales hace que la rampante violencia de los cada vez más grandes grupos de pandillas castigue más a la población.
HRW señala en su reporte sobre América Latina que la inseguridad provocada por unas 95 bandas armadas ha causado el desalojo de sus hogares y desplazamiento de 19.100 personas en la zona metropolitana de Puerto Príncipe en 2021.
Preocupación por mujeres, niños y encarcelados
HRW ve con mucha inquietud que se haya venido dando una «violencia endémica» hacia las mujeres en Argentina, ya que esto constituye una de las vulneraciones de derechos humanos «más duraderas».
La ONG recordó que en 2020 hubo un total de 251 feminicidios, de los cuales en sólo cuatro de ellos ha habido sentencia judicial.
En cuanto al derecho al aborto -legal en este país desde que el Congreso aprobó una ley en diciembre de 2020- su ejercicio continúa siendo un «desafío» y se presentan «obstáculos» en el acceso a la terminación del embarazo, advierte HRW.
En tanto, en Ecuador, «siguen siendo graves preocupaciones las pobres condiciones carcelarias y la violencia, el uso indiscriminado de la fuerza por parte de los organismos de seguridad, las restricciones al acceso a la salud reproductiva de mujeres y niñas, y la limitada protección de los derechos de niños y refugiados».
La ONG defensora de los derechos humanos pone el foco en la situación de las prisiones en este país, caracterizada por unas «pobres condiciones, violencia, salud inadecuada y problemas de larga duración».
Y además de advertir que más de 600 reclusos contrajeron la covid-19 y algunos fallecieron, Human Rights Watch manifiesta una especial preocupación por la explosiva situación en las cárceles de Ecuador, que en 2021 vivieron los episodios más violentos de su historia, con sucesivas reyertas que dejaron 80 muertos en febrero, 119 en septiembre y otros 68 en noviembre.
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