Ysrrael Camero (ALN).- El procés está agotado. No existe un horizonte posible. Y es ahora la oportunidad para la recuperación de la deliberación pública y del centro político. Ese es el espacio donde Cataluña puede volver a articularse con España. Y esa es la oportunidad que liderazgos como los de Pedro Sánchez, Ada Colau, Manuel Valls, Íñigo Errejón, Alberto Núñez Feijóo, pueden acrecentar.
El 1º de octubre de 2017 es una fecha marcada por apasionadas polémicas en España. Ese día el secesionismo catalán se dispuso a realizar una consulta para alcanzar la independencia de esta Comunidad Autónoma, mientras que los representantes oficiales del Estado español decidieron hacer lo posible para impedirla.
Imágenes de enfrentamientos entre policías y ciudadanos alrededor de centros de votación inundaron las redes sociales, con una notoriedad pocas veces alcanzada por un evento político catalán. La crispación había pasado de las palabras a los hechos.
Más de año y medio después, el 12 de junio de 2019, quedó para sentencia la Causa Especial 20907/2017, mejor conocida como el juicio del procés, contra los líderes del proceso independentista catalán que impulsaron la consulta de 2017.
El gobierno de Pedro Sánchez tiene una oportunidad para desescalar el proceso catalán. Ha dado señales en esa dirección. La selección de la catalana Meritxell Batet para presidir el Congreso de los Diputados, y especialmente la del filósofo Manuel Cruz para presidir el Senado emiten unos mensajes que pueden cambiar el clima de confrontación y judicialización que caracterizaba al gobierno del Partido Popular.
Algunos de los acusados se encuentran fuera de España, como es el caso de Carles Puigdemont, quien era president de la Generalitat durante los hechos. Otros fueron elegidos diputados al Congreso, como es el caso de Oriol Junqueras. Este no es un juicio normal porque se encuentra enmarcado dentro de un proceso político que debe ser comprendido desde una perspectiva de largo aliento.
La deriva secesionista o independentista del catalanismo ha sido uno de los factores que ha dislocado el sistema democrático español, poniendo en crisis a sus partidos políticos y sometiendo a fuertes tensiones la misma noción de comunidad que implica la existencia del orden constitucional.
El escalamiento y la crispación de las relaciones entre Madrid y Cataluña han destruido, en primer lugar, al catalanismo moderado y sistémico, que lideraba CiU, en segundo lugar, ha debilitado políticamente al PSC, uno de los pilares que sostenía al PSOE, y en tercer lugar, ha estimulado una reacción españolista contra el catalanismo que ha fragmentado a la derecha, al ser capitalizado por un Ciutadans derechizado y por un Vox deslenguado. Ha sido una dinámica de perder-perder que perjudica a todas las partes, empezando por los ciudadanos, y ha perjudicado la deliberación pública española.
El gobierno de Pedro Sánchez tiene una oportunidad para desescalar el proceso catalán. Ha dado señales en esa dirección. La selección de la catalana Meritxell Batet, profesora de Derecho Constitucional, para presidir el Congreso de los Diputados, y especialmente la del filósofo Manuel Cruz para presidir el Senado emiten unos mensajes que pueden cambiar el clima de confrontación y judicialización que caracterizaba al gobierno del Partido Popular, dado que tienen una capacidad de interlocución con la sociedad catalana, con su opinión pública, con sus fuerzas vivas, y con su sociedad civil, que tanta falta le ha hecho a los decisores en Madrid desde 2011.
La mayoría absoluta del Partido Socialista en el Senado, como espacio desde el que podrían impulsarse reformas territoriales que reducirían las tensiones entre Madrid y Cataluña, también es una oportunidad. El rol de Manuel Cruz será muy importante en este espacio institucional, tanto por su formación como por sus capacidades y por su origen puede ser un interlocutor importante frente a la opinión pública catalana y frente a la misma sociedad catalana que se percibe ausente en medio de una dinámica polarizada empobrecedora.
Los resultados en la Alcaldía de Barcelona son otra oportunidad. El hecho de que la reelección de Ada Colau se alcance con el apoyo del PSC y de Cs es también una oportunidad para construir una nueva relación más cercana entre Barcelona y Moncloa.
Por último, el giro del electorado independentista hacia la izquierda, que le ha dado primacía a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) por encima del mundo convergente puede ayudar a sacar el debate del tema territorial y colocarlo en un escenario donde el gobierno de Sánchez puede construir transversalmente una agenda progresista social que, aunque no saque a ERC del redil de la secesión, puede sacar a sus electores de la deriva del procés.
El cierre de la etapa oral del juicio del procés, que queda sólo para sentencia, podría ser también la clausura necesaria de una política de judicialización del tema catalán que no ha ayudado a resolver las disputas, sino que ha contribuido a ampliar el abismo entre las partes. Restituir la deliberación y el diálogo político, alrededor del marco constitucional dentro del que el mismo catalanismo se ha movido desde 1978, es una operación necesaria para reconstruir el centro político en España, sacando el debate del tema territorial y colocándolo en los problemas reales y concretos de los ciudadanos.
La Transición y Cataluña
Pero esto tiene una historia. Cuando se inició la transición a la democracia en España uno de los temas que más preocupaba a Adolfo Suárez y a los responsables de impulsar la reforma política era la existencia de los nacionalismos periféricos, en Galicia, en el País Vasco y en Cataluña.
Esa preocupación se relacionaba tanto con la posibilidad de que se iniciaran procesos de ruptura de España como de que los sectores más conservadores del franquismo, y del ejército, bloquearan violentamente la democratización como una reacción españolista contra la sola posibilidad de una secesión.
Los resultados en la Alcaldía de Barcelona son otra oportunidad. El hecho de que la reelección de Ada Colau se alcance con el apoyo del PSC y de Cs es también una oportunidad para construir una nueva relación más cercana entre Barcelona y Moncloa.
Muchas de las decisiones durante la Transición están atadas a miedos, percepciones y expectativas respecto a las posibilidades de actuación de los distintos actores que participan en el proceso, o que pueden bloquearlo. Traer a Josep Tarradellas a España en octubre de 1977 para negociar un estatuto aceptable para Cataluña fue una de esas decisiones. La redacción de la Constitución de 1978 está repleta de los compromisos derivados de este tipo de decisiones, lo que es normal, sobre todo en los procesos exitosos.
El segundo artículo de la Constitución española reconoce dos elementos que conviven en tensión, por un lado la unidad de la Nación española, a la que considera indisoluble, y por el otro el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. En el artículo previo también se reconoce otro elemento trascendental, y es que la soberanía reside en el pueblo español, no en una parte, sino en el todo.
A pesar de que el alcance limitado del término “nacionalidades” establecido en la Constitución ha sido aclarado en repetidas ocasiones, expresa una historia de construcción de sentidos de pertenencia y de identidades difíciles de simplificar en una declaración o en una sentencia.
Es así que la identidad española coexiste con sentidos de pertenencias distintos. El nacionalismo español, de carácter central y dominante, convive en tensión con un conjunto de nacionalismos periféricos, el gallego, el vasco, el catalán, o el canario, que se han montado sobre un discurso que vincula pasado, presente y futuro.
¿Cuáles serán los pactos políticos que configuren el nuevo mapa de poder en España?
Para lograr administrar institucionalmente estas tensiones con los nacionalismos periféricos se constituyó el Estado de las Autonomías, a través del cual cada comunidad ejercería sus competencias autonómicas a través de un Estatuto en el marco del orden constitucional. Dejando atrás la noción de una España unitaria, centralizada y homogénea que había caracterizado al franquismo, se desarrolló una pluralidad de instituciones descentralizadas que tenía algunas semejanzas con expresiones federales, sin ser exactamente iguales.
España europea, Cataluña española
En la medida en que la democracia española se consolidaba, se incorporaba al proyecto unitario europeo y la sociedad se hacía más sana, más próspera y más libre el esquema de las autonomías parecía funcionar de manera estable.
Se podía identificar el eje central del sistema democrático español en Madrid, y los partidos principales giraban alrededor de la ciudad capital. Incluso en la gran mayoría de las comunidades autónomas vinculadas con los nacionalismos periféricos la presencia de los partidos españoles era importante. En Galicia lo era el Partido Popular, a despecho del BNG. En el País Vasco tanto socialistas como populares demostraron tener un apoyo importante en el electorado, a pesar de la fuerza del conservador Partido Nacionalista Vasco (PNV) y de la violencia criminal de ETA.
Restituir la deliberación y el diálogo político, alrededor del marco constitucional dentro del que el mismo catalanismo se ha movido desde 1978, es una operación necesaria para reconstruir el centro político en España, sacando el debate del tema territorial y colocándolo en los problemas reales y concretos de los ciudadanos.
Pero Cataluña tenía algo distinto. El pivote alrededor del cual giraba el sistema partidario catalán no pasaba por Madrid, sino por Barcelona. La coalición conservadora catalanista, Convergencia i Unió, con Jordi Pujol a la cabeza, ejerció un dilatado dominio de Cataluña. El Partido de los Socialistas Catalanes (PSC) era mucho más que una sucursal del PSOE en Cataluña, ya que sintetizaba dos almas: la del catalanismo progresista y de izquierdas, junto con la propia de la tradición socialista hispana.
El compromiso del catalanismo con la democracia española no se ponía en duda. No había violencia en Cataluña contra España, y los partidos catalanes pactaron tanto con Felipe González y el PSOE, como con José María Aznar y el PP, para formar gobierno.
El prólogo de una deriva: el Estatut
Efectivamente, la idea de ampliar progresivamente las atribuciones y las competencias autonómicas, incluyendo el acceso a los recursos, frente al Estado central, se encontraba, como tema recurrente, en las posiciones catalanistas al momento de negociar con Madrid. Pero era una tensión manejable.
En diciembre de 2003 se firma el Pacto del Tinell entre el PSC, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) e Iniciativa per Calalunya-Verds (ICV-EU), para conformar un gobierno catalanista y de izquierdas presidido por Pasquall Maragall, que desplazara a Jordi Pujol del Govern. Este fue el famoso Tripartit.
Una de las promesas fundamentales del Govern tripartit era la redacción conjunta de un nuevo Estatut para Cataluña. José Luis Rodríguez Zapatero, siendo presidente del gobierno de España se había comprometido públicamente a respetar la voluntad del Parlament catalán para redactar las nuevas pautas de la relación entre Madrid y Barcelona, dentro del marco constitucional. Con el más amplio consenso de la historia catalana se aprobó el 30 de septiembre de 2005 el nuevo Estatut, contando sólo con la oposición de los 15 diputados del PSC.
En Madrid, en el Congreso de los Diputados, fue recibido el Estatut, iniciándose un conjunto de conversaciones para reformar lo que había sido aprobado en Barcelona. El 30 de marzo de 2006 fue aprobado el nuevo Estatuto, que sería refrendado por referéndum en Cataluña el 18 de junio.
Hasta allí llegó la buena estrella del catalanismo. El Partido Popular interpuso una demanda en su contra el 31 de julio de 2006. El 28 de junio de 2010 el Tribunal Constitucional resolvió contra la constitucionalidad de gran parte del documento. La vía de esa reforma quedó truncada para muchos sectores catalanistas. El tripartito se derrumbó y los conservadores catalanistas de CiU volvieron al Govern luego de las elecciones del 28 de noviembre de 2010.
Del catalanismo al independentismo
El conservador Artur Mas, proveniente de las filas de CiU, fue el aprendiz de mago que impulsó la deriva del catalanismo hacia el independentismo, destruyendo en el camino al sistema partidario catalán e incrementando las tensiones en la democracia española.
Llegó a presidir el Govern el 27 de diciembre de 2010, en el momento en que la crisis mundial estaba golpeando de lleno a la sociedad española. A lo largo de sus seis años de gobierno desarrolló una política de fuertes recortes en el gasto público catalán, reduciendo la inversión pública en medio de medidas de austeridad, pero desviando a Madrid la responsabilidad de dicha merma. La idea retórica del expolio fiscal, “Madrid nos roba”, fue parte integral del discurso que radicalizó al catalanismo.
La política de Artur Mas convirtió una fractura en la relación entre Madrid y Barcelona en una brecha, luego trabajó en su conversión en un abismo. El gobierno de Mariano Rajoy cayó en la dinámica de crispación y en la escalada, mientras el PSC era molido por la misma tensión que acabó con Convergencia i Unió, la que se define entre el catalanismo moderado que encaja dentro de una España plural y la que deriva en una ruptura independentista sin mucha claridad, ni procesal ni de horizonte.
Artur Mas cayó en manos de un movimiento como la CUP, que condicionó su apoyo a la sustitución del president. La dimisión de Mas y la llegada de Carles Puigdement fue la clausura del catalanismo moderado y conservador, sistémico. La salida de Durán i Lleida es un símbolo de la dinámica autodestructiva en que se sumergió el mundo convergente.
En la medida en que la huida hacia delante llevaba al catalanismo a una radicalización independentista emergió la respuesta espejo. A la grandilocuencia del nacionalismo periférico se respondió desde idéntica retórica del nacionalismo españolista, Ciudadanos dejó de ser el partido liberal del sentido común para virar a la derecha, mientras que Vox crecía desde la periferia. Todo el sistema democrático empezó a crujir en la medida en que el tema territorial sustituyó a la gente en la agenda pública.
Pero el procés está agotado. No existe un horizonte posible. Y es ahora la oportunidad para la recuperación de la deliberación pública y del centro político. Ese es el espacio donde Cataluña puede volver a articularse con España. Y esa es la oportunidad que liderazgos como los de Pedro Sánchez, Ada Colau, Manuel Valls, Íñigo Errejón, Alberto Núñez Feijóo, pueden acrecentar.
