Zenaida Amador (ALN).- Nicolás Maduro ha manifestado abiertamente que seguirá gobernando en Venezuela. Se muestra inmutable ante el desconocimiento internacional a su segundo mandato, ante el rechazo popular y ante las acciones que adelanta la oposición para impulsar un cambio de Gobierno. Pero le pegan con fuerza las medidas que individualmente aplican los países, que pueden fraccionar a sus grupos de poder y dejarlo sin oxígeno financiero.
Los pronunciamientos generales que han hecho alrededor de 40 naciones en rechazo al nuevo período de gobierno de Nicolás Maduro nutren la discusión política y son usados por el chavismo para atrincherarse bajo las consignas de defensa de la patria y de lucha contra el imperialismo. Pero hay otro plano, menos visible en la agenda pública, que genera real preocupación a quienes ejercen el poder en Venezuela.
Se trata de las acciones concretas que los países están adoptando, que le restan capacidad de movimiento a sus funcionarios y que los cercan por los actos de corrupción y las violaciones a los derechos humanos que han cometido, más las crecientes limitaciones para que sigan disponiendo y movilizando activos y flujos financieros de la nación como lo han hecho hasta ahora sin acción contralora alguna.
La ilegitimidad del gobierno de Maduro tiene un alto precio internacional en este sentido, lo que puede maniatarlo financieramente y hacer mella en la cohesión de las cúpulas chavistas que le dan soporte para propiciar la búsqueda de acuerdos particulares que faciliten la transición política.
El cerco
El Grupo de Lima, en su comunicado del 4 de enero, dejó claro que impedirán a los altos funcionarios del régimen venezolano la entrada al territorio de sus países; elaborarán listas de personas naturales y jurídicas con las que entidades financieras y bancarias de sus naciones no deberán operar o deberán tener una especial debida diligencia, prevenir su acceso al sistema financiero y, de ser necesario, congelar sus fondos y otros activos o recursos económicos; y, además, evaluarán con criterio restrictivo el otorgamiento de préstamos al régimen de Nicolás Maduro en los organismos financieros internacionales y regionales de los que son parte.
“No les permitiremos que actúen sin consecuencias ni que disfruten en los Estados Unidos de las ganancias ilícitas que obtuvieron, e instamos a otros países a que sigan nuestro ejemplo”
El 10 de enero el Consejo Permanente de la OEA acordó “no reconocer la legitimidad del período del régimen de Nicolás Maduro” y urgió a todos los Estados Miembros a adoptar, de conformidad con el derecho internacional y su legislación nacional, las medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras que consideren apropiadas para contribuir a la pronta restauración del orden democrático en Venezuela. La OEA ha convocado una reunión para tratar la crisis venezolana el 24 de enero.
El mismo 10 de enero varios países del Grupo de Lima giraron instrucciones para impedir la entrada a su territorio a Maduro y sus altos funcionarios y relacionados, y alertaron a las autoridades del área económica para seguir de cerca los movimientos financieros de tales personas en sus naciones.
Perú, en particular, confirmó que “las instituciones bancarias peruanas no mantienen relaciones de corresponsalía bancaria con instituciones financieras venezolanas”.
Estados Unidos, entre otras medidas, ratificó que continuará imponiendo revocaciones de visas y otras restricciones para los actuales y antiguos funcionarios del Gobierno venezolano y sus familiares considerados responsables o cómplices de abusos a los derechos humanos, actos de corrupción pública y socavamiento de la gobernabilidad democrática. “No les permitiremos que actúen sin consecuencias ni que disfruten en los Estados Unidos de las ganancias ilícitas que obtuvieron, e instamos a otros países a que sigan nuestro ejemplo”.
Luego de esto, la Asamblea Nacional venezolana, que es la única institución legítima con amplio reconocimiento internacional, aprobó un Acuerdo de solicitud de protección de activos del Estado venezolano a Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos, Bulgaria, Rusia, China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y la Unión Europea. La petición es para que esas naciones prohíban cualquier manejo de activos líquidos del Estado venezolano en las cuentas acreditadas en sus territorios con el fin de garantizar la protección de esos activos por no contar el Estado venezolano con representación legal ante los entes regulatorios.
Igualmente, se le solicitará a la banca privada acreditada en esos países la prohibición del manejo de fondos, cuentas y activos del Estado venezolano en sus entidades financieras en virtud de proteger el patrimonio del Estado venezolano ante la usurpación del Poder Ejecutivo por parte de Maduro.
Lo que queda
El Gobierno venezolano, tras las sanciones impuestas desde hace más de un año por EEUU y la Unión Europea, enfrenta dificultades para cerrar operaciones y movilizar fondos debido a la casi total ausencia de corresponsalías bancarias internacionales. Rusia, China y Turquía destacan como los aliados que le han servido de refugio, no en vano este último ha sido el receptor del oro que Maduro extrae del Arco Minero.
Las relaciones entre Venezuela y Turquía están bañadas en oro
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Con Rusia ha logrado una reestructuración de la deuda, según dijo Sergei Storchak, viceministro de Finanzas de ese país, y recibió una propuesta de ayuda a fin de preparar un plan para lidiar con los problemas económicos. Además, cuenta con su apoyo político y militar.
Esta semana Maduro, asfixiado por la falta de ingresos, anunció que abrirá las empresas del Estado al capital privado y extranjero con inversionistas rusos, chinos, turcos y palestinos. Difícilmente puede contar con una abundancia de ofertas porque los eventuales acuerdos estarían fuera del marco constitucional y en entredicho para la comunidad internacional.
Destaca el caso de Citgo, que es el principal activo externo de Venezuela. Esta filial de PDVSA opera en Estados Unidos, país que claramente condenó “la ilegítima usurpación de poder de Maduro” y reiteró su “apoyo a la Asamblea Nacional de Venezuela, la única rama legítima del gobierno debidamente elegida por el pueblo venezolano”.
We congratulate, recognize & support the courage of #Venezuela’s National Assembly to formally declare #Maduro a “usurper” of democracy & to transfer executive responsibilities to the National Assembly, per articles 233, 333, & 350 of the Venezuelan Constitution.
— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 16 de enero de 2019
Rubio insta al Tesoro de EEUU a congelar las cuentas del Estado venezolanohttps://t.co/KAwxER0saV
— Marco Rubio (@marcorubio) 18 de enero de 2019
Si finalmente la Casa Blanca reconoce al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como el presidente legítimo del país, habría múltiples consecuencias de alcance difícil de cuantificar, pero una de ellas sería la pérdida de control de Citgo.
Maduro se queda sin margen de maniobra y la comunidad internacional aprieta el cerco.
