Zenaida Amador (ALN).- Este jueves, mientras Venezuela seguía aturdida por el impacto de dos megapagones de alcance nacional, el contralor general de la República, Elvis Amoroso, inhabilitó a Juan Guaidó para ejercer cargos públicos por 15 años. La decisión, además de generar rechazo, fue vista como risible dado el nivel de descrédito institucional que impera en Venezuela. Pero, ¿a qué está apelando Maduro para cercar a Guaidó?, y ¿por qué está intentando su neutralización política por encima de otras opciones para actuar en su contra?
Seguirle los pasos a lo que pasa en Venezuela es difícil por la vorágine de acontecimientos que se suceden día tras día. Entender la realidad del país es aún más complejo, especialmente desde que el chavismo decidió desmontar la institucionalidad democrática para crear una estructura paralela que le dé algún viso de legalidad a sus intentos por sostenerse en el poder. Por eso se necesitan varias consideraciones previas para poder entender el alcance real de la decisión del contralor general de la República de inhabilitar políticamente al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
Lo primero es recordar que en julio de 2018 Nicolás Maduro decidió conformar un cuerpo legislativo con el cual neutralizar a la Asamblea Nacional (AN), sobre la cual perdió control político y que es de mayoría opositora.
Para quienes me han preguntado paso por escrito algunas ideas sobre la supuesta inhabilitación del Presidente (E) Juan Guaidó:
- Elvis Amoroso no fue designado Contralor General de la República por la Asamblea Nacional, como dispone el artículo 279 de la Constitución. Por lo tanto, usurpa la Contraloría General de la República.
- Todos los actos de Elvis Amoroso son nulos y su autoridad es ineficaz. Así lo establece el artículo 138 de la Constitución.
- Y finalmente, el artículo 42 de la Constitución señala que los derechos políticos solo pueden ser suspendidos por sentencia judicial firme.
Conclusión: Elvis Amoroso es un usurpador y Juan Guaidó sigue gozando plenamente de todos sus derechos políticos.
Diputado Juan Miguel Matheus
Así, Maduro activó una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) saltándose lo establecido en la propia Constitución y convocó a un proceso electoral para seleccionar a sus integrantes, acto írrito que fue condenado dentro y fuera del país de forma categórica.
Aunque el fin último es aprobar una nueva Constitución, que deslastre a Maduro de las limitaciones legales que le impone la Carta Magna vigente actualmente, la ANC también ha servido de Poder Legislativo alterno para darle “validez” a las decisiones del Poder Ejecutivo.
Dentro de estas actuaciones ilegítimas, en octubre de 2018 la ANC designó a Elvis Amoroso como contralor general de la República, un nombramiento que es potestad de la AN. Por esta razón las acciones de Amoroso como contralor también están en entredicho, porque su propio nombramiento es una violación de la ley.
En enero de este año venció el período constitucional de gobierno de Nicolás Maduro, quien se reeligió presidente en mayo de 2018 a través de unos comicios cuestionados por la comunidad internacional debido a los múltiples vicios asociados al proceso. A pesar de ello, el pasado 10 de enero Maduro asumió para un segundo mandato que es considerado ilegítimo por decenas de países, por lo que sus acciones carecen de legalidad. Sin embargo, Maduro sigue reteniendo el control por la fuerza.
En la actualidad la AN es la única institución legítima que queda en Venezuela, opinión que es compartida por más de 50 países en el mundo. De allí que, dada la usurpación de la Presidencia y usando el margen que permite el artículo 233 de la Constitución, Juan Guaidó como presidente de la AN asumió de forma interina las funciones ejecutivas de la República para dar paso a un proceso de transición y convocar a elecciones libres con el fin de escoger a un nuevo Gobierno que retorne al país al sendero democrático.
¿Por qué Maduro hace esto?
El régimen de Nicolás Maduro ha decidido apelar a todos los mecanismos a su alcance para resistir su salida del poder y bloquear la vía constitucional que permitiría una salida pacífica al conflicto que vive el país. Entre esos mecanismos se cuentan el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General de la República y la Contraloría General de la República, los cuales, vale recordar, operan como brazos del Poder Ejecutivo.
Esto se debe a que en el caso del Tribunal buena parte de los jueces fueron nombrados de forma irregular por los salientes miembros de la AN una vez que se conocieron los resultados de la elección de diciembre de 2015, donde la oposición ganó la mayoría de los curules del Poder Legislativo. En los otros dos casos, sus titulares fueron nombrados por la ANC evadiendo pasar por la AN, como estipula la ley.
Por estas vías Maduro ha intentado cercar a Guaidó declarando inconstitucional su Presidencia interina, investigando su presunta participación en una red terrorista y magnicida, y por supuestas irregularidades en su declaración patrimonial. De este último señalamiento se sostiene Amoroso para dictar su inhabilitación política, que es la opción elegida políticamente por Maduro en la coyuntura actual.
¿Es legal este señalamiento?
Según Amoroso, Guaidó “ocultó o falseó” datos de su declaración de patrimonio y recibió dinero sin justificar, lo que le sirve de base para inhabilitarlo políticamente. La primera falla de origen se encuentra en la persona que dicta la inhabilitación, tomando en cuenta que ocupa ilegalmente el cargo de contralor.
De allí que el abogado José Ignacio Hernández, designado por Guaidó como procurador especial de la República, sostenga que “la supuesta” inhabilitación es inexistente, “ya que ni quien dice ser contralor ha sido designado como tal, ni la Contraloría puede inhabilitar”.
Para Guaidó la conclusión en simple: “No existe una inhabilitación. El Parlamento legítimo es el único que puede designar a un contralor”.
¡Nos sobran razones para protestar!
Hoy todos sabemos el nombre de alguien preso, exiliado, perseguido o asesinado por la dictadura que no puede estar en las calles con nosotros.
¡Toca asumir sus banderas y seguir esta lucha!
¡Nos vemos en las calles!#MarreroEstáSecuestrado pic.twitter.com/DTOyc1qlZN
— Juan Guaidó (@jguaido) 29 de marzo de 2019
¿Por qué neutralizar a Guaidó?
Guaidó se ha convertido en el líder de las fuerzas opositoras, donde se incluye el universo de partidos políticos, los gremios profesionales, sindicatos, la academia y la ciudadanía en general. De acuerdo con datos recientes de la firma Datanálisis, que hace estudios de opinión, 61% de los venezolanos respalda a Juan Guaidó.
Aunque Nicolás Maduro carece de respaldo popular (80% de los venezolanos lo rechaza), dentro de su campo de opciones para destrabar el juego político actual se cuenta forzar un proceso electoral, pero sin abandonar la Presidencia, sin perder el control de las instituciones e involucrándose como candidato. “Que el míster payaso (refiriéndose a Guaidó) convoque a elecciones (…) si es que las tiene puestas (las bolas -los cojones-) para revolcarlo bien revolcado con votos, como es debido”.
La medida de la Contraloría busca neutralizar a Guaidó políticamente, especialmente ante este eventual escenario electoral condicionado por el chavismo. Esta opción que ha tratado de ser impulsada por varios factores políticos no es parte de la hoja de ruta de la oposición, según la cual sólo será posible convocar a elecciones una vez que cese la usurpación de la Presidencia, se dé un proceso de transición y se puedan efectuar elecciones libres.
Para José Ignacio Hernández la medida de Amoroso es “otra prueba más de la corrupción política del sistema electoral venezolano”, ya que el régimen de Maduro selecciona a quienes pueden optar a cargos públicos y no existe integridad electoral. “No puede haber comicios libres y creíbles mientras la tiranía controle por la fuerza el poder”, puntualizó.
¿Qué se puede esperar?
Si bien Guaidó desestimó la medida y Estados Unidos la calificó de “ridícula” y “absurda”, se trata de una acción que sube el volumen de la presión de Maduro contra Guaidó para contener lo que él implica en términos de movilización interna y externa contra su régimen.
Ya fue arrestado Roberto Marrero, diputado de la Asamblea Nacional y jefe de Despacho de Guaidó, a quien se le señala de presunta promoción del terrorismo e intento de magnicidio. Según Maduro, tanto Guaidó como Leopoldo López, líder de Voluntad Popular, están involucrados en esta red terrorista, lo que ha dado lugar a allanamientos y persecución a su círculo de allegados.
En más de una ocasión los voceros del chavismo han hecho alarde de que Guaidó terminará preso y todas las instituciones (ANC, TSJ, Fiscalía y Contraloría, entre otras) vienen trabajando para que la acción se concrete una vez que sea conveniente en términos políticos para Maduro.
Guaidó reta a Maduro y le dice que no se atreve a secuestrarlo
¿Serán más radicales las siguientes acciones?
No hay que olvidar que Guaidó llamó a subir el tono de la protesta popular en contra de Maduro y que incluso ha asomado que en algún momento ocurrirá “la toma de Caracas” e, incluso, que él pronto irá a Miraflores, que es el Palacio de Gobierno, a buscar su oficina para trabajar. Ante lo cual Maduro llamó a sus fuerzas de choque (colectivos civiles armados, paramilitares, etc.) a estar atentos para salir a defender la revolución y garantizar su permanencia en el poder.
La mirada internacional ha sido la garantía de resguardo de la integridad de Guaidó hasta ahora, pero en la medida en que se aproxima el punto de ebullición de la crisis interna no es descartable ninguna acción por parte del régimen de Maduro para neutralizar su liderazgo y desmovilizar a la población.
