(EFE).- La guerra entre disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN por el control territorial en el departamento colombiano de Arauca, limítrofe con Venezuela, se ha recrudecido en este comienzo de año con una ola de violencia que deja al menos 24 personas muertas.
Los asesinatos en los primeros días de 2022 tuvieron lugar en diferentes zonas de los municipios de Tame, Fortul, Saravena y Arauquita, en el oeste de Arauca, que históricamente ha sido fortín del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y donde tras la firma de la paz con las FARC empezó a disputarles el territorio una disidencia de ese grupo.
«Nosotros ayer a eso de las cinco de la tarde ya teníamos el reporte oficial de 17 personas asesinadas. Sin embargo, en horas de la noche siguieron apareciendo y a esta hora tenemos 24 personas ya oficialmente reportadas como asesinadas», dijo este lunes a W Radio el personero de Tame, Juan Carlos Villate.
El funcionario es de las pocas autoridades que da cifras sobre los asesinatos que, según habitantes de Arauca, han sido perpetrados como parte de una guerra desatada en los últimos días por el cobro de extorsiones de unos a otros.
Según Villate, se han recibido además denuncias sobre la desaparición de unas 50 personas mientras que más de 3.000 habitantes de los cuatro municipios están «confinadas, escondidas en sus fincas, en sus viviendas» porque los grupos armados ilegales no les permiten salir a otros lugares en busca de protección.
DISPUTA ENTRE GUERRILLAS
Arauca es un departamento petrolero y agropecuario donde hace décadas se hizo fuerte el Frente de Guerra Oriental del ELN, el más poderoso de esa guerrilla, fuerza ahora desafiada por el Frente 10 de las disidencias, que ocupó espacios dejados por las antiguas FARC y que se financia principalmente con extorsiones, secuestros y tráfico de drogas.
«El centro del conflicto es el territorio, tanto las FARC como el ELN llevan mucho tiempo ahí. Ambos llevan cuatro décadas en ese territorio, lo conocen, y desafortunadamente las FARC han vuelto a tener una dinámica en el territorio», dijo a Efe Luis Eduardo Celis, analista del conflicto armado y asesor de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
Según Celis, «las disidencias de las FARC se han venido reacomodando, creciendo en los últimos dos años, incursionando en territorios de presencia del ELN, extorsionando, secuestrando, promoviendo la coca».
El Gobierno colombiano denuncia constantemente que los miembros de ambos grupos ilegales se refugian del otro lado del río Arauca, que marca la frontera con el estado venezolano de Apure.
«Arauca tristemente es un departamento que por tener una frontera porosa y al otro lado por permitirles el asentamiento a grupos armados ilegales, se están generando confrontaciones. Hay enfrentamientos entre disidencias (de las FARC) y actores del ELN», dijo hoy el presidente colombiano, Iván Duque, en una entrevista con la emisora La FM.
ADVERTENCIAS DE RIESGO
La Defensoría del Pueblo, que hace unos dos años advirtió mediante su Sistema de Alertas Tempranas del riesgo que corren «aproximadamente 69.000 personas de población civil, de los 174.135 que residen en las áreas urbanas y rurales de los municipios de Saravena, Arauquita, Tame y Fortul», dijo hoy que sus representantes siguen acompañando a las comunidades víctimas de esta ola de violencia.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assís, dijo que esa institución tiene hasta el momento informes de 16 personas asesinadas, cuyos cuerpos permanecen en las morgues de Saravena (10) y Tame (6).
«Esta grave situación de orden público ha generado también el desplazamiento forzado de seis familias en el municipio de Saravena y otras seis en Tame», agregó el funcionario.
Camargo recordó que en la alerta temprana de julio de 2019, «además de homicidios advertimos del riesgo de amenazas y retenciones ilegales, reclutamiento de niños y adolescentes y desplazamiento forzado» en esos cuatro municipios araucanos.
Organismos internacionales y defensores de derechos humanos han expresado también en las redes sociales su preocupación por la violencia en Arauca, un departamento al que nunca llegó la paz producto del acuerdo de 2016 del Gobierno con las FARC.
«Estamos muy preocupados por los enfrentamientos entre el ELN y la disidencia del Frente 10 de las FARC en Arauca y Apure. Hemos recibido denuncias de 24 muertes, así como desplazamientos forzados y secuestros. Urgen medidas para proteger a la población y asistir a las víctimas», dijo Juan Pappier, investigador sénior de la División de las Américas de Human Rights Watch.
La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH. pidió «asegurar el respeto al DIH y a los DDHH, en particular a la protección de la población civil», y en el mismo sentido se manifestó la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA).
«Rechazamos enérgicamente enfrentamientos entre grupos armados ilegales en Arauquita, Fortul, Saravena y Tame. Instamos a estos grupos a respetar el DIH, poner en práctica los mínimos humanitarios y dejar la población civil por fuera del conflicto armado», manifestó esa misión.
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