Pedro Benítez (ALN).- A propósito de los 34 años de los terribles sucesos que conmocionaron el área metropolitana de Caracas, el tristemente célebre “Caracazo”, hay un dato bastante revelador al comparar aquel país en crisis y con el actual: los pobres venezolanos de ese entonces no emigraban fuera de las fronteras nacionales. Venezuela venía de cuatro o cinco décadas de intensa migración interna, del campo a la ciudad, pero entre los sectores económicamente menos favorecidos o con rentas bajas era inconcebible migrar a algún país vecino, a menos que se tuvieran lazos familiares. Por el contrario, para 1989 lo común era recibir la migración de Colombia, Ecuador, Perú o República Dominicana; como un poco antes se habían recibido contingentes de la clase media profesional chilena, argentina o uruguaya; así como habían llegado en las décadas que siguieron al fin de la Guerra Mundial familias trabajadoras provenientes de España, Portugal e Italia. Países a los que hoy, tres décadas después, emigran los venezolanos.
Aunque el actual proceso de emigración, totalmente inédito en nuestra historia nacional, ha sido muy rápido, se pueden identificar claramente dos etapas que siguen un patrón similar a lo ocurrido en la Cuba castrista en un espacio de tiempo más largo; primero se fue una parte importante de la clase media profesional, diáspora que fue alentada deliberadamente por el gobierno del ex presidente Hugo Chávez como parte de su propósito por debilitar al sector social que más se le resistía a su proyecto político. Un momento significativo lo constituyó el despido de 20 mil trabajadores de PDVSA en ocasión del paro petrolero de 2002. El Gobierno demostró estar dispuesto a dejar perder un valioso capital humano en aras de su estrategia de poder, pensando que lo podría reemplazar con profesionales formados en Cuba que estarían comprometidos con el proceso político en marcha. Ese fue uno de los objetivos del Frente Francisco de Miranda, creado en La Habana en junio del año 2003.
Aquellos venezolanos contribuyeron al desarrollo de la industria petrolera en otros países, principalmente en Colombia. Detrás de ellos, huyendo de la criminalidad que se incrementó en el país, así como la campaña de expropiaciones contra empresas agrícolas e industriales, se fue también un grupo significativo de medianos empresarios con sus familias y sus capitales, junto con otro sector de la clase media profesional. Según estimaciones de Acnur y de la Oficina Internacional de Migraciones de Naciones Unidas, para 2015 había casi 700 mil venezolanos establecidos en el exterior (eso no incluía lo que habían emigrado con pasaportes europeos), la mayoría de los cuales lo habían hecho desde 1999. De ellos, un 90% tenían título universitario y el 40% estudios de maestría. En términos de la población total no era significativo, pero sí lo era desde el punto de cualitativo. El proceso de descapitalización humana de Venezuela había empezado con consecuencias que se aprecian en la situación actual del país.
El turno de los pobres
De 2015 en adelante, cuando el desmoronamiento del modelo económico del denominado oficialmente “socialismo del siglo XXI” se aceleró, les tocó el turno a los más pobres. Según Acnur y el Banco Mundial más de dos tercios de todas las personas refugiadas y desplazadas en el mundo entero hoy proceden de sólo cinco países. Uno de ellos es Venezuela. Se cifra en más de 6 millones los venezolanos en condición de refugiados y migrantes en todo el mundo, y en más de 950 mil los que han solicitado asilo en diversos países. El 80% de toda esa emigración venezolana se ha trasladado a otros países latinoamericanos. En su inmensa mayoría son los que no se pueden dar el lujo de pagar por un pasaporte venezolano (200 dólares), obtener la visa de otro país y comprar un pasaje en avión. Son todos aquellos a los que la “revolución bolivariana” prometió redimir.
Resulta sorprendente constatar que en 2015 de todos los venezolanos establecidos en el exterior 48 mil residían en Colombia y 90 mil en el resto de Suramérica. Hoy son 4.9 millones personas. Nunca antes había ocurrido un proceso migratorio de tales dimensiones en tan poco tiempo en el continente americano. Antes de empezar la pandemia 37 mil venezolanos cruzaban todos los días hacia Colombia el puente Simón Bolívar, principal paso fronterizo entre las dos naciones, como primera escala para dirigirse otros países de la región. La enorme mayoría de los cuales, por no decir todos, lo hicieron en condiciones materiales muy precarias. Es decir, Venezuela lleva varios años “exportando” su crisis social a otros países.
Como tarde o temprano iba a ocurrir, ese flujo humano ha buscado dirigirse hacia Estados Unidos, centro del “capitalismo depredador e inhumano” pero, destino preferido de todos los desheredados de Latinoamérica. Y tal como ha ocurrido con otros migrantes de la región, los venezolanos han sido víctimas de la oscilante política migratoria de la república del norte donde el tema es una de las armas arrojadizas predilectas de los dos grandes partidos en Washington.
La promesa de Biden
La promesa del candidato presidencial Joe Biden en 2020 de suprimir los aspectos más cuestionados de la política migratoria de Donald Trump provocaron una estampida de inmigrantes en situación legalmente irregular a lo largo del Río Grande, en el cruce del estado de Texas con México. 180 mil personas procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador, que huían de los efectos devastadores de dos huracanes que dejaron a miles de familias sin hogar y sin trabajo en noviembre de ese año, más el desplome económico provocado por la pandemia, se agolparon en la frontera esperanzados que el nuevo gobierno norteamericano la abriría para recibirlos.
Sin embargo, más allá de la retórica, la respuesta de la administración Biden ha sido, en la práctica, la misma de Trump: por supuesto, no el famoso muro en la frontera con México de la que el magnate inmobiliario y ex presidente sólo completó 480 en una frontera de 3.142 kilómetros (que el gobierno mexicano por supuesto que no pagó) sino de hacer de México EL muro.
En junio de 2019 el presidente mexicano, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, aceptó para México el papel de tercer país seguro en la migración hacia Estados Unidos. Es decir, lidiar (como hace Turquía para Europa) con la corriente humana que quiere ingresar al territorio de su vecino. Eso implicó que miles de efectivos de la policía y la Guardia Nacional mexicanas se movilizaron para cerrarle el paso a las caravanas de inmigrantes centroamericanos que se dirigían hacia el norte, pero no en la frontera con Estados Unidos… sino con la de Guatemala. Durante varios meses a los venezolanos se les permitía pasar, en un tránsito lleno de muchos riesgos, porque el gobierno estadounidense los consideraba perseguidos políticos.
Cambio de política
Eso cambió el pasado mes de noviembre. Faltando tres semanas para elecciones del Congreso el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció que devolvería a México a todos los venezolanos que fueran interceptados al atravesar la frontera sur, incluyendo, por supuesto, a los estaban cruzando el Tapón del Darién y que no tenía idea de ese drástico cambio. Para ello se optó por aplicar el polémico el Título 42, una normativa de salud pública impuesta al inicio de la pandemia por Trump que los demócratas tanto criticaron.
Así, la frontera entre Guatemala y México se ha transformado en el nuevo obstáculo de los inmigrantes venezolanos en su viaje por tierra hacia el norte, tal como lo ha sido de los centroamericanos, cubanos y haitianos. A su vez, Guatemala está replicando lo mismo en su frontera con Honduras; el resultado es que, tal como lo están reportando los medios centroamericanos, decenas de miles de hombres, familias, madres solteras con recién nacidos y niños pequeños, todos venezolanos, se están quedando varados, sin dinero, sin trabajo, ni asistencia de las autoridades venezolanos desde Ciudad de Panamá, pasando por San José, Managua y Tegucigalpa. Cada día es más común verlos vender dulces y a los más desesperados pedir dinero en las calles.
Además de ser víctimas del gobierno de su propio país, ahora lo están siendo de los funcionarios policiales corruptos o de las mafias del narco de los territorios que atraviesan.
Guatemala, patrullero fronterizo de EEUU
El gobierno de Guatemala está cumpliendo el papel de patrullero fronterizo de Estados Unidos al frenar la migración hacia su territorio. Según el periódico digital El Faro, las autoridades de ese país reportaron que el año pasado 15.593 venezolanos fueron rechazados en la frontera con Honduras. El siguiente grupo con más rechazos fue el de los migrantes ecuatorianos, los 2.039. Los funcionarios guatemaltecos están ofreciendo asistencia para el retorno voluntario a su país de personas de nacionalidad venezolana pero, al parecer, muy por debajo de los que permanecen en ese país.
Cuando se les pregunta afirman provenir directamente de Venezuela, no obstante, es probable que muchos hayan emigrado primero a otro país latinoamericano antes de emprender ese viaje al sueño americano. En cualquier caso, con precios de los alimentos y demás bienes en dólares a niveles de países desarrollados pero con salarios de 30 o 40 dólares al mes, la economía venezolana es una máquina imparable de expulsar a su población, por lo que, mientras las razones de fondo no cambien tampoco lo hará este drama humano.
Sin embargo, hay que tomar en cuenta, que si bien es cierto que cuando los gobiernos no resuelven los problemas lo hace la gente, en ocasiones con sus pies, la válvula de escape de la interminable crisis venezolana se ha cerrado.
