Zenaida Amador (ALN).- Citgo es el principal activo externo de Venezuela y ha sido epicentro de las acciones de Juan Guaidó, como presidente interino, para darle protección ante la debacle económica del país, el impago de deuda y otros desmanes cometidos a lo largo de dos décadas de chavismo. Aunque el gobierno de Estados Unidos ha sido uno de sus principales aliados en la lucha contra Nicolás Maduro, en el esfuerzo por resguardar Citgo parece dejar solo a Guaidó.
Esta semana se inició con la decisión del Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos, en Filadelfia, que rechazó una acción intentada por Petróleos de Venezuela (PDVSA) con la que se intentaba impedir que Crystallex cobre con activos de Citgo la compensación de la expropiación de la que fue objeto en Venezuela hace 10 años, en el gobierno de Hugo Chávez.
Guaidó ha intentado contener las acciones de los acreedores internacionales contra los activos de la nación, haciendo gestiones diversas a instancias políticas y judiciales a través de un equipo de representantes, por lo que designó juntas administradoras ad hoc de PDVSA y Citgo.
Crystallex acudió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) a raíz de que Venezuela le canceló un contrato para operar en el proyecto de oro Las Cristinas. El fallo del Ciadi le concedió a la minera canadiense una compensación por más de 1.200 millones de dólares, que Venezuela no ha cumplido.
En agosto de 2018 una corte de Delaware determinó que PDVSA actuó como un alter ego del gobierno venezolano y Citgo es una filial de la estatal petrolera. Por lo tanto, los activos de Citgo Holding (empresa valorada en cerca de 8.000 millones de dólares) podían ser confiscados para cumplir con las acreencias. El fallo de inmediato fue apelado por las autoridades venezolanas.
A lo largo de estos meses muchas cosas han ocurrido, como el cese del gobierno constitucional de Nicolás Maduro y su permanencia en el poder por vías írritas, la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela con el respaldo de más de 50 países, incluyendo Estados Unidos, y una severa agudización de la crisis económica de Venezuela que hace cuesta arriba el pago de deudas.
Guaidó ha intentado contener las acciones de los acreedores internacionales contra los activos de la nación, haciendo gestiones diversas a instancias políticas y judiciales a través de un equipo de representantes, por lo que designó juntas administradoras ad hoc de PDVSA y Citgo.
Pero esta nueva decisión judicial atenta contra su estrategia, porque no sólo da pie a que Crystallex cobre las deudas, sino que abre la puerta para que otros acreedores puedan buscar acciones de Citgo para hacer lo mismo.
¿Y el bono Guaidó?
La reciente decisión del Tribunal de Apelaciones que favorece a Crystallex ocurre a días de que Guaidó hizo posible una emisión de pagarés garantizados de Citgo, con vencimiento en 2024, en una oferta privada, para levantar los recursos con los cuales refinanciar y canjear parte de la deuda de la empresa que fue emitida en 2015.
La operación, que implica una emisión por 1.370 millones de dólares con cupón 9,5%, también incluye un préstamo a plazo garantizado de 500 millones de dólares a cuatro años. Las versiones del mercado apuntan a que hubo muy buena recepción para los pagarés, con órdenes de compra sobre los 5.000 millones de dólares.
En tal sentido, el equipo de Guaidó informó que con la operación se podrá lograr el refinanciamiento de 70% de la deuda de Citgo contraída en el pasado, además de que se logró el respaldo del mercado aun en la coyuntura actual, especialmente por el riesgo-país asociado a Venezuela.
La dura batalla de Guaidó por sacarle a Trump una orden que proteja a la mayor empresa de Venezuela en EEUU
Aunque Guaidó obtuvo una respuesta positiva del mercado ahora recibe un revés judicial y quizá también político, dada la actitud de la Administración de Donald Trump ante la evolución de los hechos.
¿Qué queda?
Más allá del caso Crystallex hay una docena de solicitudes separadas en tribunales de Estados Unidos para el reconocimiento de laudos arbitrales por activos expropiados en la última década, según Argus.
La reciente decisión del Tribunal de Apelaciones que favorece a Crystallex ocurre a días de que Guaidó hizo posible una emisión de pagarés garantizados de Citgo, con vencimiento en 2024, en una oferta privada, para levantar los recursos con los cuales refinanciar y canjear parte de la deuda de la empresa que fue emitida en 2015.
Si bien la acumulación de deudas impagas -incluyendo las generadas por la política de expropiaciones de Chávez- es una responsabilidad directa del chavismo, son muchos los que están centrando las críticas del momento sobre Juan Guaidó y su equipo.
El hecho de que Trump no haya dictado una orden ejecutiva que proteja los activos de Venezuela en Estados Unidos de los acreedores es visto como una falla en la aproximación de Guaidó con Washington. Desde hace meses son muchos los señalamientos que se hacen al respecto, razón por la cual el propio Guaidó explicó que esa medida la “debe decidir soberanamente Estados Unidos. Nosotros buscamos transitar esa vía por la fragilidad institucional de Venezuela”, pero lograrlo “no ha sido inmediato ni tan sencillo”.
Sin una orden ejecutiva de protección a Guaidó sólo le resta seguir avanzando por el espinoso camino judicial. De hecho, la Junta Administradora Ad Hoc de PDVSA ya dijo este lunes que en conjunto con sus asesores jurídicos tomará todas las medidas legales necesarias “para impugnar esta decisión”.
El margen que se pueda lograr con acciones judiciales es estrecho, en especial porque las instancias de apelación se agotan. Quedaría la Corte Suprema de Justicia de EEUU, pero los expertos ven bajas probabilidades de éxito a este nivel.
Venezuela puede sufrir una hambruna si este año no hay acuerdo político
Francisco Rodríguez, economista jefe de la firma Torino Economics, ya había dicho al diario ALnavío que entre las pocas opciones que quedan se cuenta llevar el caso de Citgo al Consejo de Seguridad de la ONU, “porque es antiético embargar activos de un país que esté sufriendo una crisis de gobernabilidad, y además crisis social, y crisis económica, como es el caso de Venezuela. Guaidó puede llevar el caso de Citgo al Grupo de Lima y que este lo lleve a la ONU. Maduro tendrá que apoyar esa iniciativa o de lo contrario argumentar por qué se opone. Es posible ponerse de acuerdo y proteger Citgo. O no es posible y perderla. O ponerse de acuerdo para evitar la hambruna. ¿Podemos evitar la hambruna?”.
El elemento político vuelve a ser determinante en la resolución de la crisis venezolana en todos sus ámbitos y el tiempo juega en contra.
