(EFE).-El canciller venezolano, Jorge Arreaza, se reunió este lunes con el jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en el país, Arnaud de Baecque, a quien agradeció su trabajo riguroso con las poblaciones más vulnerables. Tras la reunión, donde se firmó un convenio para la reunificación de menores de edad en el exterior con sus familiares o representantes en Venezuela, el ministro de Relaciones Exteriores agradeció al CICR por «estar siempre dispuestos a ayudar con mucho rigor y profesionalidad en las áreas más sensibles y poblaciones vulnerables», según publicó la Cancillería en su cuenta de Twitter.
«Es un trabajo titánico, con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja estamos seguros que podremos avanzar y reunificar a esas familias que por una razón u otra han quedado desamparados», agregó el ministro.
A su juicio, el trabajo de la organización «viene a generar felicidad y sonrisas» a los menores y sus familiares, y consideró que su labor en Venezuela es «rigurosa y prudente».
El CICR es una organización independiente y neutral que brinda protección y asistencia humanitaria a las víctimas de conflictos armados y otras situaciones de violencia, y promueve el respeto del derecho internacional humanitario.
Por su parte, De Baecque aseguró que era «un gusto» reunirse con el ministro «para confirmar la calidad de la relación que el CICR puede tener con el Gobierno venezolano para apoyar en los esfuerzos, en este caso de los niños que están fuera de Venezuela», según informó la Cancillería en Twitter.
«Gracias a la presencia del CICR en varios países, se puede identificar, reconocer, reconectar a los niños y adolescentes con sus familiares», concluyó.
Finalmente, el jefe de la delegación subrayó que el CICR está «a la orden para apoyar, en el marco de los convenios de Ginebra», al Gobierno de Venezuela y a los menores «que sufren de una situación humanitaria particularmente difícil».
Durante el conflicto armado que comenzó en marzo pasado entre las Fuerzas Armadas venezolanas y un grupo disidente de las FARC en el estado Apure (fronterizo con Colombia), ocho militares fueron secuestrados y el Ejecutivo trabajó con el CICR para generar las «condiciones necesarias» que ayudaran a su liberación, según explicó entonces el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.
