(EFE).- El Gobierno de Venezuela informó este domingo de la prórroga, por otro lapso de dos años, de un decreto que prohíbe despidos tanto en el sector público como en el privado, con el fin de «proteger el derecho al trabajo como proceso fundamental que permite la promoción de la prosperidad» y «el bienestar».
Según lo establecido en el decreto, la «inamovilidad laboral» se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026, plazo durante el que los trabajadores «no podrán ser despedidos, desmejorados o trasladados sin justa causa calificada previamente» por un inspector del trabajo.
En caso de que esto suceda, el afectado «podrá denunciar el hecho dentro de los 30 días continuos siguientes ante el inspector o inspectora» y «solicitar el reenganche y el pago de salarios caídos, así como los demás beneficios dejados de percibir, o la restitución de la situación jurídica infringida», de acuerdo a lo señalado en el texto.
«Quedan exceptuados de este derecho los trabajadores (…) que ejerzan cargos de dirección y los (…) de temporada y ocasionales», indica la medida.
El documento fue compartido en la red social X por el ministro de Trabajo, Eduardo Piñate, quien dijo que el «presidente obrero», en referencia al mandatario, Nicolás Maduro, amplió el plazo para defender «la estabilidad de la clase obrera».
En Venezuela, el salario mínimo -referencia para el resto de remuneraciones en el sector público- equivale hoy a 2,5 dólares al mes, cuando una persona, según estimaciones independientes, necesita, al menos, unos 100 dólares mensuales para gastos básicos en alimentación.
El Gobierno, que señala a las sanciones como las responsables de la desmejora del poder adquisitivo, paga a los empleados públicos, además de su sueldo, el llamado ‘bono de guerra económica’, de 90 dólares, que sumado al de alimentación, de 40 dólares -ambos sin incidencia en beneficios laborales-, y al salario mínimo, son 132,5 dólares, pagados en bolívares a la tasa de cambio oficial.
