(EFE).- El Gobierno español decidió este martes recurrir en el Tribunal Constitucional (TC) la iniciativa legislativa popular (ILP) que pide declarar la independencia de Cataluña, y que fue admitida a trámite por el Parlamento de esa región autónoma el 20 de febrero.
El Ejecutivo, que presidente el socialista Pedro Sánchez, pide también la suspensión de la tramitación parlamentaria.
Según precisó el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en rueda de prensa, el recurso del Gobierno paraliza «de manera inmediata» la tramitación de la ILP.
Esto es así debido a que es el Gobierno el que presenta el recurso de inconstitucionalidad, lo que no ocurre cuando lo presenta un grupo parlamentario.
Bolaños señaló que el recurso «es absolutamente coherente» con la política del gobierno de Sánchez, pues «protege la Constitución, las instituciones de Cataluña y protege el diálogo, los acuerdos y que seamos capaces de entendernos».
Reiteró que ni el Gobierno ni el Partido Socialista «apuestan en ningún caso por el aislamiento de Cataluña de España y de Europa», sino que quieren que forme parte «y sea parte esencial y fundamental de España y de la UE».
«No creemos en ninguna política aislacionista de Cataluña, lo que queremos es que sea el motor tanto de España como de Europa», incidió.
Y este recurso, añadió, va en esa dirección, al rechazar cualquier iniciativa «que sea divisiva, fracture la sociedad y genere tensión», como cree que ocurriría con la tramitación de esta ILP.
Bolaños también dijo que la defensa de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y de los órganos de autogobierno catalanes «son la mejor garantía para la convivencia en Cataluña «y para la convivencia de catalanes con el resto de españoles».
La Mesa del Parlamento catalán, su órgano rector, admitió a trámite esta ILP, promovida por la entidad Solidaritat Catalana per la Independencia (SI), con los votos a favor de los partidos soberanistas Junts y la CUP, la abstención de los independentista de ERC y el voto en contra de los socialistas del PSC.
Recientemente, el Congreso español aprobó una ley de amnistía promovida por los socialistas para los implicados en el proceso soberanista ilegal catalán, principalmente para los condenados, procesados e investigados en relación con el referéndum y la declaración unilateral de independencia de octubre de 2017.
Nada más votarse la amnistía, aún pendiente de tramitación en el Senado, tanto Junts como ERC se apresuraron en recordar que el «conflicto político» sigue, sin que renuncien a la «autodeterminación».
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